Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Este día, diversas organizaciones que nos aglutinamos en la Caminata Ecológica, estamos de camino a Casa Presidencial, para exigir justicia ambiental. Son diversas demandas dentro de la crisis ambiental que vive El Salvador”, dijo Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), que integran la Caminata Ecológica.
“Estamos hablando del tema agua, cambio climático, gestión de riesgos, la seguridad y soberanía alimentaria, la no reversión de la ley que prohíbe la minería, la no criminalización de las personas defensoras y visibilizar la crisis ambiental que estamos viviendo”, agregó González.
Con una ceremonia para los cuatro elementos, los Pueblos Indígenas dieron inicio a las actividades previas a la Caminata Ecológica, señalando la importancia de resguardar la “Madre Tierra”, que da alimentos y agua a la humanidad. Señalan que no se puede pensar en dar agua a la población, cuando se talan los árboles indiscriminadamente.
La Caminata Ecológica se constituye en una plataforma de diversas organizaciones de ambientalistas, sociales, de derechos humanos, Pueblos Indígenas e iglesias históricas, que acompañan a las comunidades en sus demandas de medio ambiente y justicia a lo largo del territorio nacional. Y en su 23 edición se denominó “La Casa Común Clama Justicia Ambiental”.
González agregó que era necesario tomar “medidas urgentes de corto plazo, y generar políticas públicas encaminadas a salvaguardar al ambiente de inmediato. No obstante, reconoció que ya existe una cantidad de legislación y políticas públicas ambientales, pero, que no se aplican, lo que eleva la situación de crisis ambiental.
“La Ley de Medio Ambiente, la Ley de Riego y Avenamiento, la Ley Forestal, la Ley de Áreas Protegidas, que son un marco legal, pero que no se está cumpliendo frente a proyectos urbanísticos, a nuevas represas, que son mega proyectos que afectan los ecosistemas y territorios, brincándose los procesos de permisos ambientales en beneficios de sectores económicamente fuertes y no la vida de la población”, argumentó González.
En cuanto a la inminente derogación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, que lleva 6 años de vigencia, consideró González, lo preocupante eran las acciones del gobierno del presidente Nayib Bukele frente al tema, como integrar un foro intergubernamental de países que tienen actividad minera metálica o crear y dotar de presupuesto a la Dirección Nacional de Hidrocarburos y Minas, en el único país que tiene vetada esta actividad industrial. “Llevamos una serie de demandas a Casa Presidencial, para retomar estos temas de país. Temas a los que damos seguimiento desde el año pasado, hemos pedido reuniones de seguimiento para saber la respuesta a nuestras peticiones, pero no se han dado, entonces, lo que vemos es un desinterés por la temática ambiental, porque la prioridad de este gobierno es lo económico, la seguridad, la inversión extranjera y otros temas de la agenda gubernamental”, reiteró.
Las iglesias históricas, parroquias y centros educativos católicos que fueron parte de la Caminata Ecológica, reiteraron en su manifiesto que son 23 años de caminar por la defensa de la vida del ser humano y el ambiente, bajo el lema “La Casa Común Clama Justicia Ambiental”.
Asimismo, añadieron que en el marco del 50 aniversario del decreto de las Naciones Unidas, que designó como Día Mundial del Medio Ambiente, cada 5 junio, su compromiso social era denunciar, acompañar a las comunidades frente a las injusticias sociales y ambientales. Y caminar junto a la ciudadanía cuando presentan sus demandas por la justicia ambiental. “A las autoridades no olviden que somos el pueblo de Dios, quien es el dueño, señor y creador de la tierra, por lo tanto, hasta cuándo habrá justicia para nuestra madre tierra”, señalaron.
“Queremos un marco legal justo en materia ambiental”, expresó Ariela González, abogada de FESPAD, que integran la Caminata Ecológica, afirmando que la competencia de legislar es de la Asamblea Legislativa, pero el órgano Ejecutivo, en la actualidad, juega un “papel dominante” en los procesos de creación de ley. “Entonces pedimos, que tanto el Ejecutivo como Legislativo, creen normativas en materia ambiental que sea consultada con la población, que no sea una normativa aprobada de manera inmediata y sin estudios técnicos o sin escuchar a los sectores afectados por las diversas conflictividades que atraviesa actualmente”, afirmó.
“Por eso demandamos del Ejecutivo el estricto cumplimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, y que no se juegue más con este tema, en los territorios afectados por la grave crisis ambiental que dejaron los proyectos mineros en nuestro país”, reiteró González.
En otras demandas, la Caminata Ecológica pidió que la Ley General de Recursos Hídricos realice un cambio de justicia para las Juntas Rurales de Agua, que han sido las responsables de suplir el derecho humano al agua en las comunidades vulnerables . Y, piden, la creación de una ley que prohíba de manera oficiosa y transparente los agrotóxicos y alimentos transgénicos, todo en el marco de crear una ambiente más sano de la población salvadoreña que constitucionalmente está reconocido.
La Caminata Ecológica demandó también acciones puntuales frente al Cambio Climático. Zulma Larín, representante de RACDES, señaló que era necesario implementar la Estrategia Nacional de Cambio Climático con enfoque de Género, porque existe una deuda en la gestión de desastres en el país.
“Se debe aprobar la Ley Marco de Cambio Climático, que está en la Asamblea Legislativa, propuesta que fue presentada por el movimiento social y ambiental en el año 2016. Por eso pedimos también, una Ley de Adaptación al Cambio Climático con un enfoque Ecofeminista, para ser inclusivos”, indicó Larín.