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Por Marlowe Hood
Estocolmo/AFP
Los pueblos originarios que luchan por conservar o recuperar los bosques en los que han vivido durante generaciones contarán finalmente con el apoyo de una organización global con la creación de un fondo para que se reconozcan sus derechos a la tierra.
Este martes fue lanzado en Estocolmo el Fondo Internacional para la Tenencia de Tierras y Bosques (Tenure Facility), que es la primera institución mundial dedicada a los derechos de propiedad de las comunidades indígenas.
Financiada por Suecia, Noruega y la Fundación Ford estadounidense, la organización ya ha otorgado subvenciones y asesoramiento a proyectos piloto en Perú, Malí e Indonesia, ayudando a comunidades locales a impulsar leyes que protejan sus tierras y recursos.
Uno de sus proyectos actuales involucra a las comunidades en el departamento de Madre de Dios, una zona de bosques tropicales en Perú, y a los habitantes del territorio Maje Embera Drua en Panamá.
Las disputas sobre los derechos de propiedad de la tierra en bosques tropicales que albergan recursos como maderas codiciadas, piedras preciosas y yacimientos de petróleo pueden escalar rápidamente y convertirse en cruentos conflictos en los cuales la población indígena tiene todas las de perder.
Cerca de 200 defensores del medioambiente, la mitad de ellos originarios de tribus indígenas, fueron asesinados en 2016, según datos de la oenegé Global Witness.
La restauración de medidas para que las poblaciones originarias controlen los bosques frente a la apropiación de gobiernos corruptos o industrias extractoras también se ha revelado como una forma efectiva de luchar contra el calentamiento global, según un sondeo publicado en 2014 por el Instituto Mundial sobre Recursos, un centro de estudios con sede en Estados Unidos.
Por ejemplo en Brasil, la deforestación de las tierras pertenecientes a comunidades indígenas entre 2000 y 2012 fue de menos de un 1%, frente a un 7% en otros territorios.
‘Conflictos existenciales’
La vegetación tropical absorbe el CO2 emitido en la combustión de fuentes de energías fósiles. Al destruir estas áreas no sólo se reduce la superficie disponible para mitigar estos efectos sino que además se emite más CO2 a la atmósfera.
«Nosotros vemos el cambio climático y las desigualdades como dos de las amenazas existenciales que enfrenta el planeta», dijo el presidente de la Ford Foundation, Darren Walker.
«Crear mecanismos que permitan a la población indígena y a las comunidades locales ganar más derechos de tenencia de sus tierras o bosques es una forma de abordar ambos problemas», dijo a la AFP en una conferencia antes del lanzamiento.
Walker ha prometido 5 millones de dólares y espera, en base a otras subvenciones que están en trámite, que la iniciativa logre reunir 100 millones de dólares en un año.
El proyecto tiene como objetivo impulsar durante la próxima década la concesión de títulos de propiedad a pueblos originarios en unas 40 millones de hectáreas, un área que equivale a la mitad del tamaño de España.
Según los cálculos de los impulsores, este tipo de esfuerzos podrían impedir la deforestación de un millón de hectáreas y la emisión de 500 toneladas de CO2, un volumen que equivale a las emisiones en un año de países como el Reino Unido o Brasil.
El fondo «aporta una solución importante para salvar los bosques del mundo», dijo Carin Jamtin, directora general de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, un socio clave del proyecto.
Corrupción y abusos
Más de 2.000 millones de personas viven y regentan la mitad de las tierras del planeta según sistemas tradicionales o costumbres, pero las comunidades indígenas tienen derechos de propiedad legales de sólo un 10% de estas tierras.
Incluso en los lugares donde tienen títulos, la corrupción y los abusos han llevado a conflictos con las autoridades locales, los gobiernos nacionales, las empresas y los trabajadores foráneos.
Las poblaciones indígenas pueden incluso jugar un rol importante en las iniciativas medioambientales para luchar contra el cambio climático y frenar la pérdida de la biodiversidad.
Actualmente un polémico plan apoyado por la ONU bautizado Programa de Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de Bosques (REDD) crea incentivos para mantener intactos los bosques.
Sin embargo, el hecho de que sea financiado por países ricos y empresas para mitigar los efectos de la contaminación genera reticencias.
El proyecto también acumula críticas debido a que a veces estos planes dejan de lado las necesidades y los derechos de los pueblos indígenas, que suelen ser los más afectados por los cambios implementados.
Un estudio de 2013, uno de los pocos que analiza el impacto en las comunidades locales, concluyó que cerca de la mitad de los casi 50 proyectos lanzados en África, América Latina y Asia no tuvieron ningún efecto a la hora de aliviar la pobreza de las poblaciones que viven de los bosques.
Sin embargo, mejoraron la situación con respecto a los derechos de propiedad, concluyeron los expertos.
