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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Desde el 21 de marzo, hasta el 13 de junio en cuarentena domiciliar obligatoria, dominados por restricciones ilegales, lejos de resolver problemas se han agravado. Mas de 40 decretos legislativos convertidos en ley y dos de ellos declarados inconstitucionales, solo agrandaron la soberbia del presidente de la República.
Las cadenas de radio y televisión, son vistas como noches de terror, ninguna palabra de esperanza, ningún plan para enfrentar la crisis, solo culpas repartidas entre los demás, dentro de un modelo comunicacional de auto victimización, que le funcionó cuando era alcalde para establecerse como candidato ganador y, con lo que espera potenciar a su partido de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2021.
Mientras tanto, los problemas crecen; en un recorrido de 20 minutos entre dos municipios del departamento de La Libertad, observé cinco comunidades pidiendo víveres con sus banderas blancas, otro tanto en recorrido de 10 minutos en las calles de la colonia Escalón; al parecer, algo que jamás vimos quienes llegamos a las seis décadas, se convierte hoy en el estandarte que identifica la pobreza de quienes han trabajado siempre para vivir, y ahora las restricciones impuestas por el Gobierno de turno les impide hacerlo.
No debemos olvidar que la pobreza medida por entidades externas registra que entre 2008 y 2018, la pobreza disminuía, excepto en el período 2004-2009 (Gobierno de Antonio Saca) y que en los últimos diez años (antes del 1 de junio de 2019) unas 400,000 personas salieron de la pobreza como efecto de la política social de los gobiernos del FMLN. Con la metodología tradicional de medir la pobreza, esto permitió reducirla a 26.28 %.
En cambio con los efectos de la pandemia, esos organismos internacionales pronostican que más de 100,000 hogares entrarán a situación de pobreza, esto puede ser mayor por el manejo improvisado que hace el Gobierno en la crisis. No basta repetir un millón de veces que para el Gobierno lo primero es la salud y la vida cuando en la práctica, las acciones producen lo contrario; se condena a más de la mitad de la población a dejar de trabajar para obtener ingresos y sobrevivir.
En 2018 inició en el país una nueva manera de medir la pobreza, la llamada pobreza multidimensional, entre los 20 indicadores se encuentra la relativa al “subempleo e inestabilidad en el trabajo” que incide un 56.6 % para producir una condición de pobreza y “la falta de acceso a la seguridad social” que incide un 70 %; sin duda estos indicadores habrán crecido grandemente cuando se impide trabajar a los trabajadores ocasionales, empleadas domésticas, profesionales y al comercio informal.
Los problemas comunes de salud, los problemas crónicos y graves de salud fuera del COVID-19, se agravan, la credibilidad de la información relativa al coronavirus se ha perdido porque la realidad que viven los pacientes en hospitales y los entierros en los cementerios indican que las cifras que brinda el Ministerio de Salud no coinciden, hay médicos que afirman que el subregistro puede representar que los datos se quintupliquen.
De manera que las restricciones generales de movilidad, ya declaradas inconstitucionales, han tenido poca eficacia en el problema de contagio del virus, y han acrecentado los problemas en la economía familiar y de las pequeñas, y medianas empresas. La actitud de trabajo de nuestra gente, acostumbrada a rebuscarse para asegurar su economía familiar se ve contenida por la restricción impuesta por los decretos ejecutivos y particularmente por la inexistencia de transporte público.
A medida estos problemas toman una dimensión mayor, crece el descontento, el Gobierno se aferra a mostrar los dientes de la fuerza militar y policial, eleva la agresividad del discurso, miente descaradamente, como lo hizo en la última cadena afirmando cosas contrarias a lo aprobado por la Asamblea Legislativa.
Se mantienen sus incumplimientos sobre la obligación de informar sobre el uso de los dineros públicos y de presentar los planes de inversión establecido en los decretos sancionados por él para gestionar los más de tres mil millones de dólares. La vida y la salud requieren de medios de vida, agua, alimentos, seguridad, trabajo; esas no son las preocupaciones del Gobierno de turno, démonos cuenta y actuemos.
Es razonable, entonces, las afirmaciones hechas por el padre Rodolfo Cardenal en el sentido de que la institucionalidad debería funcionar, para hacer cumplir sus deberes al presidente. En verdad aceptar el desacato a sentencias, violaciones a la constitución, es como aceptar el perjurio, la burla al pueblo y dejar que se establezca una dictadura, lo que incrementa los ya graves problemas que vive nuestra sociedad.
