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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
“ La institución tiene una autoridad vertical”, dijo Noé Antonio Pineda, jefe del Departamento de Archivo del Ministerio de la Defensa, al referirse a la operatividad militar, así como al tratamiento de la información militar que resguarda el Ministerio de la Defensa.
José Rolando Morales Belloso y Noé Antonio Pineda, del Estado Mayor, a cargo de las áreas de personal y archivo, rindieron testimonio ante el juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán, quien solicitó información relacionada a la masacre de El Mozote y sitios aledaños, ocurrida en diciembre de 1981.
Ambos militares reiteraron al juez que la información enviada al juzgado cumplió con los requerimientos solicitados sobre el Batallón Atlacatl y que eran con las que contaba el archivo general del Estado Mayor.
“Hay archivos de todas las unidades militares, hay criterios de clasificación de la información y la trabajan dos técnicos en archivo que dan mantenimiento y resguardo de los documentos para su conservación. Así como un sistema de depuración de documentos, pero siempre protegiendo los archivos históricos que se mantienen para consulta e historia”, explicó.
Sobre las “hojas de servicio” del personal retirado y de alta (activo), explicó que quienes han causado baja se resguardan en el archivo general. Y para los activos sus expedientes se encuentran en cada unidad militar al que pertenece y que un secretario se encarga de actualizar sus distinciones, preparación profesional o correcciones por su conducta, en su carrera militar.
José Rolando Morales Belloso, jefe del Conjunto 1 del Estado Mayor en el Área de Personal de la Fuerza Armada, reiteró que la búsqueda y certificación de la información enviada y dispuesta en 22 documentos que contienen hoja de servicio de miembros del Batallón Atlacatl.
Ante la pregunta del juez por la ausencia de datos en el rubro de “campañas militares” en los expedientes enviados desde el archivo general, Morales Belloso respondió que eran “inexistentes” y, por tanto, no estaban en la certificación.
Al segundo cuestionamiento del juez sobre la depuración de archivos, Morales Belloso contestó que es un proceso regulado que inicia con la conformación de una comisión técnica para evaluar la información que se desechará y sirve como medida de regulación para evitar la eliminación de expedientes que pueden contar con valor histórico para su preservación.
“Yo nunca he recibido ninguna orden sobre los expedientes (Batallón Atlacatl). Y si la recibiera jamás la cumpliría”, aseguró Morales.
David Morales, abogado de Cristosal y querellante junto a la Fiscalía General de la República, resumió la jornada testimonial como ilustrativa y determinante para establecer el papel de los altos mandos de la Fuerza Armada y su operatividad.
“Confirmamos que es una institución vertical, donde el presidente da órdenes y el Estado Mayor obedece y lo han ratificado de su propia doctrina militar en general y que fue la característica más clara de los ejércitos de América Latina en los años de la insurgencia. Se debe seguir investigando sobre esos planes de guerra, sobre las operaciones de gran envergadura que se realizaron. Y ahí vamos a encontrar las acciones que tiene una autorización, un seguimiento y una coordinación del alto mando militar”, argumentó.
Asimismo, Morales consideró que aunque los militares reiteraran que no existe mayor información del Batallón Atlacatl y específicamente del período del conflicto interno del país, lo fortalecen los testimonios de las víctimas y sobrevivientes.
“Aunque nieguen la existencia de los datos militares se pudo establecer la operatividad interna del cuerpo militar. Por el momento, nos pueden servir los datos para que hagan otras investigaciones, a través de la Fiscalía General de la República. Y punto importante, está vinculado a la Ley de la Defensa Nacional y el reglamento”, acotó.
Sobre el involucramiento del Estado Mayor en las masacres de El Mozote y lugares aledaños Morales agregó: “recordemos, era un grupo dentro de la Fuerza Armada con mucho poder político que gobernó al país, eran un poder total. No eran un simple grupo de militares… eran un grupo de profesionales bien organizados bajo una exhaustiva normativa disciplinaria y que nos dibuja la época en la que perpetraron probablemente al margen del derecho esos crímenes de lesa humanidad”.
Wilfredo Medrano, de Tutela Legal “María Julia Hernández” y defensor de los sobrevivientes y familiares de la Masacre El Mozote, evaluó la jornada como un avance para reorientar las investigaciones y nuevas instancias donde buscar información relacionada a la masacre.
“Sus declaraciones han sido de carácter ilustrativo y que nos permiten establecer que existen archivos y no solo el Batallón Atlacatl, también está el Bracamonte, el Belloso y el Atonal. Queda evidenciado y no cabe duda que los oficiales que han venido a rendir testimonio nos demuestran la organización del ente militar y el juez podrá seguir en el proceso de acumular información”, consideró.
Sobre los testimonios de las víctimas y las declaraciones de los oficiales, Medrano reflexionó que solo vienen a confirmar la intervención militar que tenían como misión torturar, asesinar y destruir los poblados.
“El testimonio de una víctima que tuvimos el jueves (15 febrero) confirma que fue torturado por el Batallón Atlacatl, identificando al Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios, en su llegada a Arambala, Morazán, donde les dijo que estaban a salvo porque más adelante sería tierra arrasada y se refería a la marcha a El Mozote y sitios aledaños. Esto nos da la pauta para seguir solicitando información, definitivamente existen archivos militares que podrían ubicar la salida de helicópteros o aviones en estas operaciones y que responsabilizan a la Fuerza Aérea”, puntualizó.
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