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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
“La captura de los compañeros sí es política y tienen un lazo con la minería metálica, porque se da durante la defensa que estábamos liderando nuevamente contra la explotación minera, ya que la minería vendría a contaminar nuestros ríos y eso lo hemos denunciado”, afirmó Vidalina Morales, presidenta de ADES-Santa Marta.
Morales dijo que en 2020 el gobierno se sumó a un foro intergubernamental de países quienes le apuestan al extractivismo minero, irrespetando la ley que prohíbe la Minería, aprobado por unanimidad en 2017, la cual fue el resultado de 20 años de lucha para la comunidad y organizaciones sociales.
Otro indicio fue la creación de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, pues hay una partida del presupuesto general para este año de $4.5 millones a esta dirección; además de la presencia de personeros en la comunidad Santa Marta que se cree son peruanos.
La comunidad Santa Marta espera que esta Asamblea Legislativa no revierta la ley donde se prohíbe la minería metálica, porque los diputados no han sido electos por el presidente, sino por la ciudadanía, ellos se deben a la sociedad y no a un gobierno.
“Cuando capturan a los compañeros nosotros teníamos esa percepción de que estaba volviendo ese fantasma de la minería en el departamento de Cabañas, podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua; nos preguntamos porque por qué la Fiscalía General de la República (FGR) arma un caso y al final capturan a los compañeros”, sostuvo.
A criterio de Morales es un señalamiento demasiado vago de la FGR contra los líderes comunitarios pues su deber es investigar, como organización social tienen 30 años de existencia y han cumplido con todos los requerimientos legales para estar activa.
Asimismo, señaló que desde el lunes pasado se canceló la fianza impuesta por la jueza, de $3 mil por cada líder comunitario y hasta este momento no hay información y tampoco han salido de la cárcel.
La jueza determinó que al pagar la fianza los cinco líderes de Santa Marta fueran al Hospital Rosales debido a su estado de salud, porque cuando se les hizo el chequeo todos tienen enfermedades en la piel, adquirida en los reclusorios.
Este tema ha trascendido fronteras, cuatro relatorías de la ONU pidieron al gobierno informe del estado de salud de los líderes comunitarios, ya han solicitado dos informes, pero el Estado pidió una prórroga.
“La situación sigue siendo tensa para las familias y la comunidad, la petición que hicimos el jueves al director de Centros Penales, Osiris Luna es para que liberen a nuestros compañeros, porque desconocemos si ya salieron de la cárcel y están en el hospital”, externó.
El 30 de agosto venció el plazo para que los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES salieran de prisión y fueran al Hospital Rosales, tal como lo ordeno el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque.
En la comunidad Santa Marta, departamento de Cabañas, hay aproximadamente 500 manzanas que son comunitarias y permite a las personas poder vivir y cultivar en estas tierras.
