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José M. Tojeira
Desde que comenzó el régimen especial en el que estamos desde hace más de dos años, han venido repitiéndose toda una serie de abusos. Uno de ellos, que rompe el discurso oficial, es la desobediencia a las cartas de libertad dadas por los jueces. En efecto, cada vez aparecen con más frecuencia en las noticias este tipo irrespeto a los miembros de la judicatura, que son los únicos que pueden dar este tipo de órdenes de poner en libertad a un privado de la misma, condicional o incondicionalmente. Después de 87 días preso a José Santos Alfaro Ayala le han dado carta de libertad. Pero pasados varios días tras la entrega de la carta, en el penal de Izalco no se atendía el mandato judicial.
En el Bajo Lempa se ha detenido a 130 personas bajo el régimen de excepción. Sus defensores insisten en que no son miembros de maras. Varios tienen ya cartas de libertad que no han sido atendidas. Los defensores de los detenidos en la Isla del Espíritu Santo piden que se revisen los casos, porque un fiscal recientemente detenido por falsedad documental fue uno de los que participó en las detenciones. La gran mayoría de detenciones de personas realizadas durante el régimen, que son soltadas tras varios meses en la cárcel, son detenciones ilegales. ¿Funciona el sistema judicial? La lentitud en soltar inocentes y la incapacidad de imponerse de imponerse sobre las autoridades carcelarias, habla muy mal del funcionamiento de los jueces.
Defendiendo el derecho a la libertad, la Convención Americana sobre Derechos Humanos insiste en que nadie puede ser privado de la libertad de un modo arbitrario y que toda persona detenida “tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fuera ilegal”.
La Convención Americana está por encima de la legislación ordinaria de El Salvador, pero da la impresión de que muchos jueces no la conocen o han decidido conscientemente desconocerla. A nadie se le otorga ese derecho en estas detenciones multitudinarias y ni siquiera los familiares, con bastante frecuencia, conocen la situación de sus deudos. La “concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa”, que garantiza esa misma Convención firmada y ratificada por El Salvador no es más que un sueño, dada la imposibilidad de los abogados de reunirse con sus defendidos.
La pandillas han sido básicamente anuladas. Tenemos índices de homicidios, al menos en el último año, semejantes a los de los países desarrollados y mucha gente está contenta con la seguridad existente en las calles. Es el momento de dejar el régimen de seguridad y regresar a una situación de normalidad, y no de excepción como la actual. Proseguir con el régimen de excepción es algo negativo y se convertirá pronto en fuente de tensión muy negativa, dada la continuada violación de derechos de demasiada gente.
Irrespetar las cartas de libertad nos convierte en un país donde tanto los jueces como la seguridad jurídica son demasiado débiles. No es raro en ese sentido que seamos el país con menor inversión extranjera de Centroamérica, al menos el año recién pasado. La situación económica no da para mantener abusos y creer que se puede salir de la situación poniendo en riesgo la seguridad jurídica. Con los recursos normales puede mantenerse ya la seguridad conseguida. El régimen ha dejado ya de tener sentido. Entablar un diálogo con la sociedad civil sobre este y otros temas también de debate sería para el país mucho más productivo que continuar haciendo alardes de fuerza y violando derechos.
