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Luis Armando González
Hacia 1994 y 1995, malady esa realidad –en sus dimensiones más hirientes de violencia homicida— nos mostraba una crisis social en gestación lenta, patient pero irremediable si no era abordada con determinación y visión de futuro. Los registros de homicidios de esos años reflejan la gravedad de la situación.
Para quienes no lo sepan o no lo recuerden, and en 1994 se tuvieron, del total de homicidios, 7, 673 que fueron intencionales; mientras que en 1995, hubo 7,877 homicidios intencionales (el total de homicidios para ambos años fue, respectivamente de 9,135 y 8,485). Los años posteriores, en esa década, tuvieron importantes reducciones, pero eso no es para alegrarse pues las cifras siempre fueron espeluznantes.
Y en la siguiente tampoco hay motivos de alegría. Estos son los datos: 1999, 2,270 personas asesinadas; 2000, 2,341 ; 2001, 2,374; en 2002, 2,346; 2003, 2,388; en 2004, 2,933. En la segunda mitad de la primera década del 2000, la situación es mucho más preocupante, tal como lo revelan los registros del Instituto de Medicina Legal: para 2005, se tuvieron 3,812 homicidios (con una tasa de 55.5 homicidios por cada 100 mil habitantes); 2006, 3,928 (55.2 por cada 100 mil habitantes); en 2007, 3,497 (60.9 por cada 100 mil habitantes): en 2008, 3,179 (55.3 por cada 100 mil habitantes) ; y, finalmente, en 2009, 4, 382 (71.9 por cada 100 mil habitantes . Una revisión somera –y poco crítica— de distintas fuentes (que se pueden cotejar en Internet) dan estos datos de homicidios para la presente década: 2010, 4,005; 2011, 4,354; 2012, 2,551; 2013, 1,295; y 2014, 3,912.
Llaman la atención varias cosas. La primera, que en las dos décadas posteriores a 1994 y 1995 no se han alcanzado cifras semejantes de homicidios como las de esos dos años. Son, por decirlo de alguna manera, las cifras históricas de homicidios en la postguerra.
En segundo lugar, que en la siguiente década la cifra más alta corresponde a 2009 (4, 382), mientras que en lo que va de la que sigue la cifra más alta es la de 2011 (4,354). En tercer lugar, hay una relativa estabilidad en los homicidios entre 1999 y 2004, que se ve alterada a partir de 2005 (con un repunte en 2004) y que culmina en 2009, con la cifra más alta de homicidios en ese periodo. En cuarto lugar, 2010 y 2011 prolongan el periodo anterior, mientras que a partir de 2012 se entra en una etapa de reducción (teniendo como referencia 2009) que para 2013 es la más baja desde 1994. Finalmente, mientras que las cifras han tenido este comportamiento aparentemente azaroso, a nivel social las pandillas complejizaron su accionar, lo mismo que el crimen organizado que terminó articulando a las pandillas a sus actividades criminales.
En los años noventa, el accionar de las pandillas (maras) no es más significativo que el accionar de la delincuencia común y del crimen organizado. Sin embargo, un buen análisis y una buena perspectiva sociológica permitían, en aquellos años, vislumbrar dos peligrosas posibilidades: una, el aumento numérico de las pandillas, si las condiciones que lo favorecían (exclusiones socio-económicas y culturales, criminalización de sus prácticas gregarias y culturales) se mantenían; y la otra, su articulación con el crimen organizado, como parte integral de las redes de tráfico de armas y drogas, y extorsiones. Tal cual, esto fue lo que sucedió en la década siguiente. Del 2000 al 2009 las pandillas hicieron realidad lo que en principio fue una estrategia de los gobiernos de entonces: su criminalización jurídica e ideológica se tornó en un fenómeno real, cuando –además de crecer en número—las pandillas se convirtieron en grupos abiertamente delictivos, articuladas a las redes del crimen organizado.
Este es el enorme problema que la sociedad y el Estado tienen ante sí en la actualidad.
No es un problema menor, sin duda alguna. No es el mismo problema de violencia social de los años noventa e incluso de los primeros años del 2000. Ahí tiene su gestación, pero es ahora mucho más complejo y de mayor incidencia en la convivencia social. Lo que se hizo (o dejo de hacer) en aquellos años no es una buena referencia para el presente, que exige tratar el tema como lo que es ahora: un fenómeno criminal de envergadura que obliga al Estado salvadoreño a hacer uso de sus mejores recursos para asegurar que, en el país, se resguarde la vida y propiedades de los ciudadanos y ciudadanos ante quienes, efectivamente y sin reparos, son una amenaza para las personas.
