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A 88 años de la masacre indígena que se concentró principalmente en el occidente del país, por orden del dictador Maximiliano Hernández Martínez, las comunidades indígenas siguen resistiendo y avanzando en la organización para garantizar el respeto a sus derechos.
La diputada del FMLN, Flor Castaneda, descendiente indígena de la zona de occidente, específicamente del municipio de Nahuizalco, en Sonsonate, manifestó que la masacre del 22 de enero de 1932, dejó una herida grande entre las comunidades indígenas del país, las cuales a la fecha no logran superar, pero cada día se trabaja en la organización de las comunidades ancestrales para garantizar una vida digna a estas familias.
Han pasado más de ocho décadas de la cruel masacre en la cual se ordenó la muerte de todo hombre indígena mayor de 12 años, en todo el territorio nacional, pero concentrándose la mayor cantidad de víctimas en los municipios de occidente. La reacción violenta del Estado en contra de los indígenas se dio ante la exigencia de las comunidades de sus derechos, el reclamo por el despojo de sus tierras, y la represión sistemática en contra de los más pobres.
La insurrección indígena terminó en una represión por parte del gobierno liderado por Maximiliano Martínez, quien en diciembre de 1931 había llegado al poder luego del golpe de Estado contra el Presidente Arturo Araujo.
La diputada Castaneda destaca que los gobiernos locales de izquierda, y desde el gobierno central – en los últimos 10 años – , así como la representación parlamentaria del FMLN se trabaja en políticas encaminadas a dignificar a los pueblos indígenas.
“La zona de occidente se vio muy afectada con esta masacre de nuestros pueblos indígenas. La causa de ese levantamiento se dio porque el gobierno de aquel entonces le quitó las tierras a nuestra gente y les despojó de muchos derechos”, puntualizó.
La parlamentaria destacó que entre los principales avances a favor del sector en los últimos años, fue la aprobación en 2012 y ratificación en 2014 por parte de la Asamblea Legislativa, del artículo 63 de la Constitución de la República, en la cual el Estado reconoce la existencia de pueblos originarios, iniciativa del grupo parlamentario del FMLN. Así como la aprobación de la “Política pública de los pueblos indígenas en El Salvador”, durante la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén.
Lengua y vestimenta indígena se perdió
La lengua ancestral y vestimenta típica que utilizaba la comunidad indígena se perdió luego de la masacre del 32, así como toda expresión cultural de los pueblos originarios, ante el temor de que el Estado les acusara de “ser comunistas” por el simple hecho de contar su identidad.
88 años después del genocidio muchas comunidades mantienen sus tradiciones ocultas y resguardan sus tradiciones en círculos pequeños, pero mantienen la organización comunal, lo cual para la diputada Castaneda es básico, y uno de los elementos que les ha permitido resistir ante la marginación y exclusión sometida desde los años 30s.
A pesar de esta marginación, exclusión e invisibilización con la llegada del FMLN al Ejecutivo en 2009 se comenzó a reivindicar sus derechos, pero la legisladora recuerda que desde los gobiernos locales se impulsan políticas en favor del sector, un ejemplo de ello, mencionó el trabajo del Concejo Municipal de Nahuizalco, desde donde se impulsan políticas municipales para rescatar el náhuat, y la identidad de las comunidades.
La diputada mencionó que en la última década se garantizaron políticas sociales como acceso a la salud, educación, y fortalecimiento del trabajo en las comunidades indígenas, apoyo a los artesanos, y promoción de tradiciones culturales.
El reto ahora es lograr preservar estos logros, y avanzar en conjunto para consolidar esfuerzos en beneficio de las comunidades, entre estos se trabaja en el tema identidad, como: respetar sus tradiciones en la siembra, utilización de medicinas ancestrales, entre otros elementos identitarios.
Legislación sigue en estudio
“Ahora como diputados estamos luchando porque se apruebe la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas, iniciativa del grupo parlamentario y que por ahora poco ha avanzado en su estudio en la Asamblea Legislativa, ante la resistencia de los partidos de derecha que se siguen oponiendo”, dijo la diputada Castaneda.
“Queremos que las comunidades nos digan sus necesidades y eso plantearlo en la ley, queremos una ley que responda a sus necesidades”, indicó, respecto a las consultas que se están programando desde el Congreso, a través de la Comisión de Derechos Humanos, a fin de contar con la más variada cantidad de opiniones y aportes.
La legisladora enfatizó que la ley se espera aprobar en el presente período.
“Queremos dar respuesta a sus demandas, ya que sus derechos por años han venido pisoteándose”, concluyó.
