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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Solo nos amenazan con el desalojo”, afirmó Rosa Mélida Alvarado, quien reside desde hace cuarenta años, en la comunidad 1o de noviembre, caserío El Mozote, jurisdicción San Luis La Herradura, La Paz.
“Yo vine aquí cuando estaba el conflicto armado, allá por los años ochenta, vivía en San José de la Montaña, Zacatecoluca, departamento de La Paz, pero salimos huyendo, ahora vivo con mi esposo y mi hija, quien ya se acompañó. Vivimos aquí 190 familias y de estas solo 31 familias, tienen legalizado su terreno, las demás familias no. Antes, la alcaldía nos entregaba una ficha catastral rural (información de predios rurales), ahí decía cuántas medidas tenía el terreno y ahora ni eso nos quieren dar y no podemos ni siquiera solicitar eso, solo tenemos la amenaza del desalojo, porque ellos tienen el poder siempre están en la remedición de sus tierras, afirmando que terrenos de las comunidad son de ellos y esto es tierra del Estado”, indicó Alvarado.
Las comunidades de San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz, que conforman alrededor de 650 familias, han venido enfrentando una serie de amenazas de desalojos, provenientes -en su mayoría- de desarrolladores de turismo que mantienen una oferta de hoteles y restaurantes, además, les cierran la salida al mar, con la que contaban desde hace más de treinta años en la zona.
Debe señalarse que el déficit habitacional en El Salvador ha sido deficiente, en el año 2012, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lo registró con un 52 %, mientras el INCAE, en el año 2016, actualizó el porcentaje que alcanzó el 91 %, una realidad impactante, explicó Omar Flores, director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD, al reiterar las condiciones de vivienda en el país.
“Muchas de estas familias no pueden acceder a viviendas adecuadas, entonces se han desarrollado asentamientos humanos en distintas partes del país, así como toda la zona costera. Y que han estado allí por mucho tiempo, aunado a que el Estado no ha generado políticas claras, para poder tener un lugar digno para vivir”, señaló.
Las comunidades El Conchalito, Los Tubos, Brisas de Jaltepeque y Victoria 2000, se encuentran en tierras del Estado, además de ser sitio Ramsar o humedal, lugares que son protegidos por la Convención Ramsar, un marco jurídico de protección designado por la UNESCO, que debe tener un registro, regulación y custodia desde la institucionalidad que sería el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
“En principio esta zona es un bien nacional por ser sitio Ramsar, pero los desarrolladores, realizan acciones como talar el manglar, luego vienen los famosos rellenos, echándoles tierra al área y salir más al estero. Mientras, en el plano jurídico registran por remediciones el terreno ante los notarios, para que luego en las escrituras, aparezcan las ampliaciones de sus propiedades. Así también, van depredando el medio ambiente y violentan a las comunidades -en el sentido- que estas comunidades han estado asentadas aquí desde hace más de cuatro décadas, y no cuentan con escrituras, entonces ¿qué está priorizando el Estado en su conjunto?, ¿es una institucionalidad a favor de las iniciativas económicas y no del derecho a la vivienda adecuada de la población? Porque las poblaciones han dejado más de cinco décadas de sus vidas, mientras los desarrollos económicos legalizan sus propiedades de forma expedita, ocupando esa rendija legal a su favor, sin importar que sus ampliaciones pasan sobre las comunidades y contaminan el ambiente”, sostuvo.
La Comunidad Victoria 2000 debe su nombre a su lucha incansable por la tenencia de la tierra, en el municipio de San Pedro Masahuat. José Quevedo Alférez relató que esta comunidad inició con la expropiación de tierras excedentes de la familia Closa, que fue entregada a la Cooperativa Indígena La Paz, en 1986, que luego de no poder pagar un préstamo con el BANAFI, hubo una negociación que los dejaba con cuatro manzanas de terreno, para toda la comunidad.
“La comunidad ya tenía sitiados sus pedacitos en cada lugar y no se movió. Posterior el BANAFI desapareció y le pasa los activos al FOSAFI, que desapareció también y no hubo registro de la cooperativa, lo único en donde aparecía era en el CNR, y las personas tienen una posesión ininterrumpida desde hace tiempos, algunos ya murieron y han dejado a sus hijos, entonces, la familia sigue poseyendo la propiedad. Ha sido una lucha tremenda, porque siempre hay personas influyentes que se quieren tomar las tierras, como cuando Jorge Elías Bahaia trató de desalojar esta comunidad, afirmando que eran sus tierras. Fuimos desalojados en el 2000, y como nadie tenía a dónde ir, pues nos pusimos a la orilla de la carretera, todo el asentamiento estuvo allí, pero se interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia y vinieron a investigar y escudriñaron todos los papeles y se dieron cuenta que no había escritura a favor de ningún fulano en particular, la tierra era del Estado”, reseñó Quevedo.
Para este líder comunitario no hay tropiezos en la interpretación de la Constitución de la República, que responsabiliza al Estado a garantizar la propiedad y la posesión.
“Hay dos clases de propietarios, una porque la compró, y otra porque la posee desde hace mucho tiempo, y la ha cuidado por generaciones y en ese sentido, nosotros hemos permanecido en estas tierras, que son del Estado y como tal, son nuestras porque es nuestra patria y somos el Estado salvadoreño”, afirmó.
Las viviendas adecuadas o de interés social, son proyecciones lejanas o contradictorias en las líneas de trabajo del Ministerio de Vivienda, señaló William Murcia, coordinador de Atención a Víctimas de FESPAD, al referirse a las familias que viven en la zona costera, que pese a décadas de permanencia, no han existido la correlación o condiciones para que el gobierno enfoque la institucionalidad en la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra.
Diferencias notables ya que los desarrolladores de comercio y turismo obtienen la legalización de la tierra, y los asentamientos humanos aún no lo han logrado.
“Estas familias habitan la zona porque su medio de vida está acá, la solución para ellos, no es un traslado, o donde sus medios de vida se vuelvan más complicados. En teoría nos parece una idea y acción excelente la existencia del Ministerio de Vivienda, pero falta aclarar si existe una política, una ley.
Así como, cuáles son las bases que desarrollarán, porque no podemos partir que al contar con Ministerio de Vivienda, se va resolver la problemática de los asentamientos irregulares en el país. Si continúa vigente una ley que promueve el desalojo que ha permitido que las comunidades, como en las que estamos estén bajo la amenaza del desalojo y no haya alternativas de carácter integral del Estado”, reseñó.
“Nos atropellan en nuestros derechos estos proyectos turísticos, que ni nos permiten ya el acceso a la playa, porque somos las comunidades, nos tilda de todo, cuando hemos vivido aquí por años”, alega la lideresa, Norma Elizabeth Pérez, de la comunidad Brisas de Jaltepeque, integrante de Movi Tierra, que acompaña FESPAD.
“Tenemos una situación grave, somos constantemente amenazadas con el desalojo y vulnerables porque nuestras comunidades no son visibles, porque en las noticias solo sacan bonitos paisajes y el turismo, pero nuestras comunidades hay muchas familias en situación de vulnerabilidad.
No tenemos seguridad jurídica, ni vivienda adecuada, y no podemos acceder a muchos proyectos porque no tenemos propiedad. Mucho menos un desarrollo comunitario, ni apoyo del Gobierno, ni municipalidades, entonces, estamos invisibilizados, con el agravante que a esas personas no les interesa en lo absoluto”, puntualizó.
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