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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Hay miles de familia en esta situación, y creo que la institucionalidad está desbordada, es decir, no ha tenido la capacidad de dar una respuesta eficaz ante esta situación de las desapariciones de los y las salvadoreñas”, dijo Héctor Carrillo, director de Acceso a la Justicia de FESPAD.
Esta es la presentación de la cuarta demanda de amparo que FESPAD ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que exija a las actuales autoridades una respuesta y justicia a la familia Sánchez, que le ha sido negada, explicó el abogado.
“A 35 años del surgimiento de FESPAD, esta sigue acompañando a las familias salvadoreñas, porque las familias son la base de la sociedad y deben tener protección del Estado, como lo señala la Constitución de la República en su artículo 32”, expresó.
“Y es en este marco que venimos acompañando a la familia Sánchez, para presentar una demanda de amparo en virtud de la desaparición de 2 de sus miembros Cristian y Fernando Sánchez, ocurrido en el año 2015”, acotó Carrillo.
La desaparición de Cristian (19 años) y Fernando (25 años) ocurrieron durante el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén, cuando el ministro de Justicia era Benito Lara y el Fiscal Luis Martínez. Esas instituciones, dijo Carrillo, “ninguna pudo dar respuesta o evitar la desaparición de los hermanos Sánchez”, y mucho menos investigar sobre su paradero.
“La familia no conoce la verdad de lo que ocurrió, es por esto que este día presentamos una demanda de amparo donde le pedimos a la Sala de lo Constitucional que le pida a las actuales autoridades que le den a la familia Sánchez, la justicia que se les ha negado”, dijo.
“Estamos pidiendo a la Sala de lo Constitucional que ordene a la Fiscalía General de la República las investigaciones pertinentes para averiguar el paradero de los hermanos Sánchez y quiénes fueron los responsables de su desaparición. En este mes se cumplen 8 años de su desaparición, porque hasta el momento no hay ninguna diligencia por parte de las autoridades para indagar el caso”, reiteró Carrillo.
Los hermanos Cristian y Fernando Sánchez eran agricultores en pequeño, y desaparecieron luego que salieran de su hogar a realizar una serie de diligencias. “Son personas como la mayoría de víctimas de este flagelo, personas humildes”, manifestó el abogado.
“Actualmente, no hay un banco nacional de ADN (prueba genética) que facilite la identificación de los cuerpos que son encontrados por las autoridades en fosas clandestinas. Tampoco existe ninguna instancia del Estado que esté ejecutando algún programa de atención psicosocial, orientado a las familias de personas desaparecidas”, explicó Carrillo.
“La familia de Cristian y Fernando ha sido abandonada en todo sentido en la búsqueda de sus hijos, en el establecimiento de la verdad lo que ocurrió y en la atención de todos los impactos que el hecho ha tenido en su persona y grupo familiar y ante estas circunstancias, hemos presentado demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional”, reiteró Carrillo.
Asimismo, comentó que la familia de la madre de los hermanos Sánchez inició la búsqueda a 24 horas de su desaparición. Acudieron a las autoridades de la Policía Nacional Civil para interponer su denuncia, pero “rechazaron admitir de inmediato” , y tuvo que esperar unos días más para ser procesada.
“Reciben al final la denuncia de su desaparición pero de allí para acá, no hay información. La familia Sánchez se desintegró, está familia está destrozada, y no han parado de buscarlos y nosotros acompañaremos su búsqueda”, reafirmó Carrillo.
Entre los señalamientos hacia la Fiscalía General de la República (FGR), Carrillo recalcó la incapacidad de las autoridades a la investigación y atención integral de familiares de las víctimas.
“La Fiscalía tiene hasta el año 2022, contaba con 1, 271 fiscales para 97 mil hechos delictivos que ocurrieron para el año 2022, entonces, es una cosa desbordada, más los capturados por el régimen, entonces la Fiscalía no tiene la capacidad instalada. Ni Medicina Legal, que no cuenta actualmente con un banco de ADN (prueba genética) , que contribuya al tema de la identificación (de restos óseos)”, opinó Carrillo.
“Y tampoco hay programas especialmente para atender a familiares de personas desaparecidas y no tenemos un marco legal emitido por la Asamblea Legislativa, sobre este tema. Estas situaciones deben corregirse porque se necesita apoyo y la intervención de otras entidades como el Ministerio de Salud y Dirección de Atención a Víctimas, que deben jugar un papel primordial en atención a las victimas”, puntualizó Carrillo.
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