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@guevara_tuiter
Licda. Norma Guevara de Ramirios
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Las destituciones de funcionarios electos por la Asamblea Legislativa, pilule de hecho, cialis sale y como efecto de sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no tienen precedente. Vienen sucediendo desde que la actual Sala emitiera en julio de 2010 una resolución en la que se estableció una forma de competir en elecciones legislativas al margen de un partido político, algo contrario al Artículo 85 de la Constitución. Primero fueron declarados como no electos dos tercios de Magistrados de la propia Corte Suprema de Justicia, de la cual la Sala de lo Constitucional es sólo una parte, luego el Fiscal General de la República, los Magistrados de la Corte de Cuentas de la República en 3 ocasiones y ahora el Presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Las primeras reacciones a la usurpación de atribuciones propias de la Asamblea Legislativa fueron aplaudidas por algunos sectores que aunque estén lejos de ser mayoría tienen capacidad de divulgación de sus opiniones en una mayor proporción que otros. También nombramientos del Presidente de la República fueron cuestionados y para efectos prácticos “destituidos” por la referida sala.
En esos procesos además de usurpar funciones de la Asamblea Legislativa se han introducido requisitos que no estaban establecidos en la Constitución y los fallos van alcanzando entonces un alcance mayor de inhabilitaciones de derechos políticos. El blanco de las inhabilidades que se extienden en los fallos, es la pertenencia a un partido político, lo cual contradice uno de los derechos constitucionales a formar partidos políticos o afiliarse a los ya constituidos. La destitución del Presidente Salomón Padilla, de los Magistrados de la Corte de Cuentas y del Presidente del TSE; Eugenio Chicas Martínez, le han permitido a la Sala casi “proscribir” la afiliación política y ahora con el último fallo, ser pariente de un afiliado y se extiende la persecución hasta quienes hayan estado cerca por cualquier razón de un afiliado a partido político. Sólo el Partido Arena ha expresado que comparten plenamente el fallo, en palabras del diputado Julio Cesar Fabián dijeron: “Nosotros compartimos en su plenitud esta resolución”.
La consecuencia de estas inhabilitaciones de los derechos políticos abarca a cientos de miles de salvadoreños y salvadoreñas que inadvertidamente están dedicados a la más variada actividad de sobrevivencia, mientras cinco Magistrados de la CSJ atentan contra ellos y sus descendientes.
Ni la Constitución, ni la Ley de Procedimientos Constitucionales, ni tratados como la Carta Interamericana de Derechos Humanos le dan a cinco magistrados potestad para hacer lo que hacen; es la tolerancia y deseo de armonía entre órganos el camino por el cual se inauguró este tipo de fallos, con una frustrada esperanza de autocrítica o como ellos dicen en una de sus sentencias “autocontrol”.
La suma de acontecimientos motiva buscar en que otros países ocurre este tipo de cosas; con distancia grande lo vemos en Colombia, con la diferencia que allá existen unas normas laxas de las cuales el Procurador Alejandro Ordoñez se vale para resoluciones con la misma consecuencia. Destituyó e inhabilitó a la Senadora Piedad Córdova hace años y más recientemente, en diciembre del año pasado, al Alcalde de Bogotá Gustavo Petro. Al menos en el caso del Alcalde de la capital colombiana, que por su dimensión resulta ser el cargo de elección popular más importante de ese país, después del Presidente de la República, una instancia superior, el Consejo de Estado (máxima instancia contencioso administrativa) resolvió los amparos interpuestos por el alcalde Petro, con lo cual se habilita el proceso de restitución en su cargo.
“Justicia y multitud detienen la tiranía” expresó el alcalde en su twitter al ser restituido. Pudimos tenerlo en nuestro país, en su calidad de Alcalde, en la investidura del Presidente Salvador Sánchez Cerén. En efecto fue el pueblo de toda Colombia la que se expresó en las calles para rechazar la acción del Procurador y apoyar al economista y ex guerrillero que ganó el derecho de gobernar Bogotá entre 2012 y 2016; se atrevió a desprivatizar el sistema de recolección de basura de una ciudad con siete millones de habitantes y un presupuesto que es prácticamente el doble del presupuesto de nuestro país.
En el proceso de destituciones judiciales de hecho, la historia juzgará, pero en las inhabilitaciones de derechos humanos entre ellos los derechos políticos de la ciudadanía salvadoreña de hoy y del futuro, tenemos el deber ineludible de apelar. Es inadmisible simplemente dejar perder lo que con tanto sacrificio hemos conquistado como pueblo. Con esta reflexión invito a la comunidad jurídica y política a que busquemos juntos la restitución de derechos políticos y el fortalecimiento institucional de nuestro país.
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