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(Colectivo Tetzáhuitl)
La reelección presidencial, más allá de evitarle la cárcel a Bukele…
En otro artículo de hace unos días sosteníamos que la búsqueda de la reelección inmediata y continua por parte de Bukele en el 2024 tiene el claro propósito de garantizar su impunidad y evitar con ello ir a la cárcel.
Si Bukele deja la Presidencia a partir del 1 de Junio del 2024, como debería de ser porque así lo establece con meridiana claridad la Constitución, y pierde con ello el control de los demás órganos del Estado al ya no contar con la “chequera” de CAPRES, lo más seguro es que comience a enfrentar una serie de procesos y demandas penales por los delitos cometidos durante su primer ejercicio como Presidente de la República.
Si Bukele no se reelige y pierde la protección que se deriva del fuero constitucional, propio de un Presidente, podría acabar también siendo juzgado penalmente por más de alguna Corte Federal de Estados Unidos, tal como ocurrió con su homólogo hondureño, Juan Orlando Hernández (JOH).
Bukele fuera de la Presidencia ya no le es útil a la oligarquía salvadoreña y tampoco a los Estados Unidos para seguir ejecutando sus planes de expansión y dominación imperial.
Esa es la lógica con la que han funcionado hasta ahora tanto los grupos oligárquicos del país como las administraciones estadounidenses, sean demócratas o republicanas.
A los hechos nos remitimos.
El dictador y genocida Maximiliano Hernández Martínez dejó de ser funcional a la oligarquía, por lo que no sólo debió renunciar a la Presidencia de la República en 1944, trece años después del golpe de Estado que lo llevó al poder, sino que tuvo que irse del país porque Estados Unidos le quitó su respaldo.
La presión ciudadana y la ejercida por algunos sectores de la oposición aceleraron su salida del poder.
En este caso, el factor clave que explica su renuncia fue la necesidad que tenía la oligarquía cafetalera de llevar a cabo una recomposición del bloque en el poder.
Acabó asesinado por su motorista en Honduras y enterrado en un panteón en El Salvador sin mayor gloria.
Lo mismo ocurrió con el golpe de Estado de 1979 donde el General Carlos Humberto Romero fue depuesto por un grupo de militares jóvenes, capitanes y coroneles, con el apoyo de la oligarquía y del gobierno de Estados Unidos.
Los gobiernos militares represivos y violadores de Derechos Humanos ya no estaban resultando funcionales al proyecto oligárquico ni a Estados Unidos.
Había que evitar que la izquierda se hiciera con el poder y para ello era necesario botar al General Romero e iniciar un conjunto de reformas políticas y económicas que le restaran banderas de lucha a la oposición, sobre todo, a las organizaciones populares y guerrilleras.
La Juntas de Gobierno Cívico-Militares (1979-1982) y la Presidencia de Napoleón Duarte (1984-1989) solo sirvieron para que la derecha oligárquica reforzará el control del Estado e instaurara un régimen civil represivo basado en el militarismo.
Una vez firmados los Acuerdos de Paz y desmontada la guerra, la Oligarquía refuerza el control que históricamente ha tenido del Estado y consolida su hegemonía económica, a través de la repartición de los bienes y activos públicos.
La repartición que implican las privatizaciones y el impulso de una serie de reformas económicas de corte neoliberal que se llevan a cabo durante los 4 gobiernos de ARENA, fueron interrumpidas momentáneamente en los gobiernos del FMLN.
En los 10 años de gobiernos del FMLN, el Ejecutivo dejó de ser utilizado para que la Oligarquía siguiera acaparando los negocios públicos.
Aunque esta pérdida de una parte del poder del Estado afectó a los grupos empresariales oligárquicos no fue suficiente para desmontar el sistema de privilegios que habían creado.
Con Bukele en la Presidencia a partir del 2019, la Oligarquía vuelve a ampliar su ciclo de acumulación de capital y aumenta también su presencia dominante en la economía.
En Honduras ocurrió un fenómeno de similares característica en Enero del 2022.
Juan Orlando Hernández, lacayo del imperialismo y de la Oligarquía hondureña, terminó su mandato y debió entregar el Ejecutivo a la candidata de izquierda, Xiomara Castro.
Durante los diez años de su gobierno, JOH utilizó la silla presidencial para acumular riquezas, fortalecer a los Oligarcas de ese país y organizar, junto a su hermano “Toni” Hernández, uno de los más importantes cárteles hondureños de la droga, con fuertes conexiones con el cártel de Sinaloa, dirigido en ese momento por el “Chapo” Guzmán.
Estados Unidos sabía de la existencia del cártel de los Hernández y de sus conexiones con el “Chapo”, pero se hacía de la vista gorda, al menos en público.
Se sabe que el cártel de Sinaloa fue uno los financistas de su campaña presidencial, que hizo llegar dinero sucio para su reelección a través de la hermana del Presidente.
La DEA sabía además que había usado el cargo de Presidente de la República para proteger sus operaciones en territorio hondureño y debilitar a los cárteles rivales que operaban desde hace años en Honduras y que estaban en la mira estadounidense.
Pese a ello, Estados Unidos no solo no hizo nada para desestabilizar su gobierno sino que lo protegió, lo apadrinó y lo mantuvo en el poder, en la medida que le resultaba útil para garantizar el enriquecimiento de los grupos económicos aliados, sobre todo de las empresas norteamericanas dedicadas a la extracción y explotación minera, además de bloquear el avance de la naciente izquierda hondureña.
Una vez fuera del gobierno y sin haber podido elegir al candidato del Partido Nacional, Estados Unidos no solo le quita su apoyo sino que solicita su extradición por el delito de narcotráfico y lavado de dinero.
Esta solicitud no demoró mucho tiempo.
Una vez JOH entrega el mando presidencial a Xiomara Castro, la candidata de la izquierda, la Fiscalía de Nueva York solicita su extradición para ser juzgado por una Corte Federal de Estados Unidos, como ya lo había hecho meses atrás con su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado por una Corte de Manhattan a cadena perpetua por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
La Corte Suprema de Justicia Hondureña en solo un par de semanas autorizó la extradición del mandatario y fue enviado a Estados Unidos a bordo de un avión de la DEA.
Esa es la lógica como funciona el gobierno de Estados Unidos: Cuando un Presidente o Jefe de Estado ya no le es útil a sus intereses es capaz de quitarle su apoyo, derrocarlo o hundirlo en la cárcel, de modo de tener libre el camino para promover un recambio en el bloque de poder en países donde ejerce su dominio.
Bukele conoce muy bien esta dinámica y sabe que, ya sea una administración demócrata o republicana, cuando un instrumento de dominación en la región ya no le es funcional a sus intereses es capaz de moverle el piso y provocar su salida del poder.
Bukele como Presidente sigue siendo aliado de Estados Unidos, a pesar de algunas diferencias que pueda tener con la actual administración demócrata.
Sin embargo, fuera de la Presidencia, Bukele sabe muy bien que dejaría de ser un aliado estratégico para los planes de expansión del capital sionista norteamericano y para asegurar su dominio en la región.
Al observar con atención la suerte que ha corrido JOH en Honduras, Bukele ha debido poner sus “barbas en remojo” y se las ha ingeniado para asegurar un segundo mandato presidencial que le conceda la inmunidad que necesita para no ser juzgado y apresado, ni dentro del país ni fuera de él, tal como ocurrió con su vecino hondureño.
El plan de reelección pactado con Estados Unidos incluye además la anulación del FMLN y la extinción de cualquier oposición de izquierda con opción de poder.
Ahí es donde entra la alianza de Bukele y Merino para enterrar al FMLN luego de las elecciones del 2024.
La reelección de Bukele y la participación del FMLN en las presidenciales acabará con lo poco que queda del partido…
Sin un segundo mandato, Bukele y varios de sus funcionarios y familiares, como hemos sostenido antes, serían juzgados por los delitos cometidos en el gobierno: corrupción; saqueo de las finanzas públicas; malversación de dinero público; lavado de dinero y activos; protección al narcotráfico; excesos autoritarios, como la ocupación militar del Palacio Legislativo; graves violaciones a los Derechos Humanos, como las ocurridas en el régimen de excepción; violaciones al Estado de Derecho, autorización y empleo de agentes del Estado para llevar a cabo ejecuciones sumarias; sicariato de la policía y el ejército; persecución política y acusaciones penales infundadas contra la oposición y las organizaciones populares; persecución de la prensa no oficialista; fraude constitucional, como el expresado en la búsqueda de la reelección inmediata, entre otros.
Este es sin duda el interés primordial en seguir al frente del Ejecutivo después del 1 de junio del 2024: protegerse frente a una eventual acusación penal.
Sin embargo, vinculado a este objetivo está además la necesidad que tiene Bukele de anular a la oposición y sepultar definitivamente al FMLN.
La participación del FMLN en las próximas elecciones presidenciales con candidato propio se traducirá en su muerte civil y política.
El candidato que lleve el FMLN será el que enterrará definitivamente a la única opción de izquierda que existe en la actualidad.
Esperaríamos estar equivocados con este probable escenario post electoral, pero todo indica que ese es el camino que ha diseñado el mismo José Luis Merino, quien desde la sombra dirige y controla a la actual Comisión Política del FMLN.
Desde el fallecimiento de Shafick Handal, José Luis Merino toma las riendas del partido y sin ser el Secretario General pasa a controlar las finanzas, las estructuras de organización y educación y las relaciones internacionales del FMLN.
Es decir, bajo su control no solo está el combustible que hace funcionar la maquinaria partidaria, también dirige la organización y educación de los cuadros dirigenciales, el reclutamiento de militantes y los apoyos de gobiernos y partidos de izquierda en el exterior.
Como dijimos, sin ser el Secretario o Coordinador General del FMLN, Merino se ha convertido en unos años en el hombre fuerte del partido.
Los dirigentes que obedecen a Merino, muchos de ellos testaferros en las empresas del Grupo Alba Petróleos, son los que controlan las relaciones del FMLN con gobiernos y partidos de izquierda de todo el mundo, sobre todo con Cuba y Venezuela, éste último proveedor de los recursos financieros derivados de la comercialización del Petróleo.
El proyecto de convertir al FMLN en una maquinaria electoral que asegure el enriquecimiento de sus dirigentes a costa del Estado viene desde que el FMLN gana las elecciones presidenciales por primera vez en el 2009.
Dirigentes como José Luis Merino y algunos otros del Partido Comunista ven desde entonces el control del Ejecutivo como la oportunidad para convertir al FMLN en un Partido-Empresa.
Hace unos meses el expresidente Funes revelaba en un artículo publicado por Diario CoLatino que al inicio de su gobierno había recibido un mensaje de José Luis Merino y el empresario Enrique Rais de que “había llegado el momento de que el FMLN y algunos empresarios aliados al Grupo Alba comenzaran a utilizar las riendas del Estado para enriquecerse con los negocios públicos”, así como en el pasado lo había hecho la oligarquía vinculada a ARENA.
La negativa de Funes a esta solicitud le llevó a Merino a plantearse una estrategia alternativa que le permitiera desde el poder del Estado ampliar los negocios de las empresas del Grupo Alba Petróleos y de empresarios aliados, como Enrique Rais.
El clan familiar liderado por Don Armando Bukele, padre de Nayib, había comenzado a construir una estrategia de escalamiento político para que su grupo familiar pudiera llegar a la Presidencia de la República desde una plataforma de izquierda como el FMLN.
En 2012, cuando Nayib Bukele gana la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, su familia establece algunas alianzas empresariales con José Luis Merino, a través del financiamiento de las empresas del clan familiar por parte de Alba Petróleos.
De esta forma, la familia Bukele y algunos empresarios cercanos al entorno familiar como los Anliker, Pablo Salvador y Federico, quiénes luego fueron funcionarios del gobierno de Bukele, participaron de un esquema de financiamiento y lavado de dinero de las empresas Alba por el cual este grupo empresarial está aún siendo investigado por el Departamento del Tesoro y de Justicia de los Estados Unidos, incluso por el gobierno de Nicolás Maduro.
Se calcula en más de mil millones de dólares la suma de dinero que ha sido lavada por este grupo empresarial vinculado a la comercialización del petróleo venezolano y a otros negocios en las áreas de bienes raíces, producción e importación de alimentos, construcción, energía, finanzas, aviación comercial, entre otros negocios, algunos de los cuales han sido realizados en paraísos fiscales a través de sociedades fantasmas dirigidas por testaferros de José Luis Merino.
Sobre este tema se pueden consultar investigaciones periodísticas de El Faro, Revista Factum, Infobae, CBI Consultants o bien investigaciones de la DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en las que abundan datos, informaciones y referencias a este tipo de operaciones financieras ilegales.
El ascenso político de Nayib Bukele y el surgimiento de una nueva fuerza partidaria (Nuevas Ideas), la que ha ido ganando espacio y terreno desplazando a partidos tradicionales como ARENA y el FMLN, han hecho posible la concreción de los planes políticos y económicos de Merino así como del clan familiar Bukele y de los empresarios aliados al Clan.
La llegada de Nayib Bukele a la Presidencia se ha traducido en el inicio de nuevos procesos de acumulación de capital, similares a los emprendidos a través de la historia por los grupos oligárquicos del país después de la fundación de la República en el siglo XIX.
Nada más parecido a la repartición de tierras que supuso el proceso de extinción de ejidos y tierras comunales de la segunda mitad del siglo XIX que la adquisición de bienes públicos con las privatizaciones promovidas por los gobiernos de ARENA y ahora retomadas por el gobierno de Bukele.
Con Cristiani, Calderón Sol y Francisco Flores, algunos activos hasta ese momento propiedad del Estado, como por ejemplo los beneficios de café, los ingenios azucareros, la estatal empresa de telecomunicaciones (ANTEL), las termo eléctricas, la distribución de energía eléctrica y el sistema de pensiones de los trabajadores pasaron a control de los grupos económicos oligárquicos que se fortalecieron luego de la llegada del partido ARENA al control del Ejecutivo en 1989.
Bukele y Merino, en alianza con la oligarquía tradicional salvadoreña y el capital financiero sionista procedente de Estados Unidos, han construido las bases para la ampliación y consolidación de este modelo de dominación en el país, del cual el clan familiar empresarial de los Bukele y sus asociados intentan formar parte.
En ese esquema de dominación, el FMLN histórico, en tanto fuerza anti oligárquica de izquierda, no solo sale sobrando sino que es un obstáculo para los planes de Bukele, para la oligarquía tradicional, para los Estados Unidos y para José Luis Merino.
El FMLN debe desaparecer de la escena política, al menos como fuerza partidaria con incidencia en el Estado.
Debe ser reducido a su mínima expresión o literalmente sepultado.
Las elecciones presidenciales del 2024 contribuirían a ese propósito y eso lo sabe muy bien José Luis Merino, aliado de Bukele desde el 2012.
El primer golpe a su fortaleza partidaria fueron las elecciones del 2019 en las que el candidato presidencial del FMLN, Hugo Martínez, quedó en un distanciado y bochornoso tercer lugar con apenas 389 mil votos (que representaban el 13% de las votaciones) frente a más de 1 millón 434 mil votos de Bukele ( es decir, un poco más del 53% de la votación final).
Luego vino la debacle electoral del 2021 donde el FMLN descendió de 23 Diputados que había ganado en el 2018 a solo 4 Diputados (en estás elecciones perdió 19 escaños) y redujo considerablemente su poder territorial ganando apenas 30 alcaldías de 262 municipios en todo el país.
Nunca antes en la historia y trayectoria electoral del FMLN sus resultados habían sido tan catastróficos.
Tenemos suficientes elementos de juicio para creer que este es un plan de destrucción del FMLN del que participa Merino por conveniencia propia.
El FMLN como partido político sin ninguna significancia electoral y territorial le conviene a la Oligarquía, a Bukele y a los Estados Unidos.
No es casual que a pesar de las fuertes evidencias de lavado de dinero por parte de las empresas del Grupo Alba Petróleos, que el Departamento de Justicia y la inteligencia financiera (FINCEN) del Departamento del Tesoro de EEUU tienen en su poder, el juicio contra Alba y Merino no haya prosperado en ese país y haya sido archivado en El Salvador.
José Luis Merino ya no es más el líder de una izquierda histórica comprometida con los cambios que el país necesita y que pasan por la derrota del imperialismo y de la Oligarquía.
Merino es un empresario neoliberal que aspira a convertirse en oligarca al igual que Bukele, aunque para ello haya que enterrar al FMLN.
En estos momentos no hay nada en el ambiente político electoral que nos haga pensar que el desempeño del FMLN no irá a la baja y que no será peor que el de las dos últimas elecciones.
Por más expresiones triunfalistas de sus dirigentes que hablan de una supuesta recuperación territorial y de un aumento del endoso ciudadano, el FMLN tenderá a desaparecer como fuerza política determinante y opción de poder.
Su reducida presencia en el Estado, convertirá al FMLN en un partido sin ninguna incidencia política.
Por eso, como sosteníamos en nuestro titular más arriba: Las elecciones presidenciales del 2024 son un réquiem para el FMLN. Y no cabe duda de que la alianza Bukele-Merino, con apoyo de Estados Unidos, será la responsable del enterramiento del FMLN después de más de 40 años de existencia y de lucha partidaria.
