Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Por David Alfaro
09/03/2025
El inconstitucional gobierno de Bukele ha montado un Estado paralelo, una red de empresas que operan sin rendir cuentas y que, en la práctica, funcionan como negocios privados disfrazados de instituciones públicas. Mientras el discurso oficial habla de transparencia y eficiencia, la realidad es que estos entes manejan millones de dólares sin que nadie sepa a ciencia cierta a dónde va el dinero.
El Estado, S.A. de C.V.
La lista de empresas vinculadas a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENTE) muestra una estrategia bien calculada: crear sociedades donde los fondos públicos pueden moverse con total discreción. Es un modelo diseñado para evitar cualquier fiscalización real. La Corte de Cuentas, el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía deberían investigar estos movimientos, pero bajo el control del oficialismo, se han vuelto cómplices por omisión.
Nombres como LaGeo, Inversiones Energéticas o Chivo S.A. son sólo algunas de las piezas de este rompecabezas. Empresas que no rinden informes detallados, que manejan grandes sumas de dinero y que, en algunos casos, como el de Chivo S.A., han recibido fondos públicos sin que hasta ahora se sepa con certeza cómo se han gastado.
El Dinero Que Desaparece
El modelo de Bukele no es nuevo. Se ha visto en otros gobiernos que han usado estructuras empresariales estatales para hacer negocios privados con dinero público. Lo que sí es nuevo es la magnitud del engaño. Mientras el gobierno recorta presupuestos en salud y educación, estas empresas siguen operando en la sombra, sin supervisión real.
Lo más grave es que, al estar diseñadas como sociedades anónimas, pueden contraer deuda, firmar contratos y manejar recursos sin pasar por los controles tradicionales del Estado. Esto significa que Bukele y su círculo más cercano pueden mover cientos, ver miles de millones de dólares sin que nadie pueda exigirles explicaciones.
¿Y Quién Se Beneficia?
El problema no es sólo la falta de transparencia, sino que este sistema está hecho para beneficiar a un grupo reducido de personas. Empresas públicas que terminan favoreciendo a contratistas amigos, contratos millonarios que se firman sin licitación y un aparato burocrático que, en lugar de servir a la población, se convierte en un negocio privado de unos pocos.
Es difícil saber cuánto dinero se ha desviado, pero una cosa es segura: cuando finalmente se investigue a fondo, lo que saldrá a la luz será un esquema de corrupción monumental. Por ahora, la red de empresas sigue operando en la oscuridad, amparada en la complicidad de las instituciones que deberían vigilarla.
El Salvador merece un gobierno que administre los recursos públicos con transparencia, no un club de amigos usando el Estado como su empresa privada.
