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Carlos Mauricio Hernández
Una de las grandes lecciones que la ciudadanía debe sacar de la coyuntura desprendida de las medidas excepcionales anunciadas y que se han comenzadas a aplicar en estos días, click es que el esfuerzo por enfrentar la violencia social se ha hecho como Estado en su conjunto. Cuando el presidente de la República se ha reunido con la presidenta de la Asamblea Legislativa y el magistrado presidente del Órgano Judicial para tratar sobre las medidas a tomar contra las maras o pandillas, refleja que se ha llegado a la necesidad de abandonar el mesianismo político que se ha inculcado desde los medios de comunicación y desde las mismas campañas electorales, el cual hace creer que la responsabilidad de resolver las distintas problemáticas sociales recae exclusivamente en el que dirige el Ejecutivo. No es así, ni debe ser así. Al menos si se quiere ser coherente con lo estipulado en la Constitución Política.
Al fin, parece que se quiere insistir en que la responsabilidad de que se pueda vivir con tranquilidad en la sociedad no es solo de la policía o de quienes dirigen el gabinete de Seguridad Pública, sino también de los jueces, diputados, alcaldes, de otras personas que ejercen cargos públicos y empresas privadas e incluso hay cierto grado de responsabilidad en el ámbito personal aunque menor en comparación con las anteriores.
Así pues, queda claro ahora más que nunca la necesidad de un trabajo coordinado entre las distintas esferas del Estado para hacer realidad uno de los grandes anhelos de la mayor parte de la ciudadanía: disminuir los crímenes, las extorsiones y el control territorial ilegal y violento que ejercen las maras o pandillas en muchos lugares. Por la situación en que se ha caído, por el salvajismo con el que se mueven muchos de estos grupos violentos, es importante que el Estado haga sentir su fuerza, como lo hace –o debería hacerlo– cualquier Estado moderno.
No puede ser aceptable que se quiera obligar a éste para ceder en sus acciones punitivas con chantajes que tienen a su base la banalización de la vida al poner en la mesa de negociación la cantidad diaria de homicidios para exigir “treguas”. Ya se conocen muchas de las consecuencias desafortunadas de esta manera de proceder. Apelar al principio abstracto de la negociación sin tener presente la realidad desde la cual se vive, o caer en comparaciones falaces entre la extinta guerrilla de la guerra civil de los ochentas y las maras o pandillas de hoy, puede llevar a confusiones frente al difícil y complejo problema de la violencia que se experimenta en la actualidad y de las medidas que esta nueva realidad exige tomar.
Las medidas que ahora han sido tildadas de “extraordinarias” para combatir la delincuencia deben servir para obligar a cambiar de proceder a cuanta persona haya hecho del terrorismo psicológico, de la extorsión, de los homicidios o de crímenes similares, su modo de vida. Con el tiempo, esto deberá pasar a ser lo “ordinario”, en el sentido que este tipo de acciones estatales contra la delincuencia se deben mantener puesto que nunca debieron de haberse dejado de hacer.
Por ejemplo, los centros penales nunca debieron de haberse convertido en lugares con facilidad para introducir artefactos que permitan la coordinación de delitos; las empresas telefónicas nunca debieron haber invertido en llevar la señal de Internet a las cárceles; se debió haber multado y eliminado la señal en los penales desde hace varios años atrás. En síntesis, nunca se debió haber facilitado las acciones delictivas al interior de los centros penales ni hacerle honor al calificativo de “universidades del crimen”. Porque el papel del Estado no es ese, sino que está en la obligación de crear condiciones que prevengan el delito pero también de reprimirlo para disminuir la impunidad.
Queda ahora esperar que el apoyo expresado a estas medidas casi por unanimidad de los partidos políticos, medios de comunicación y empresas privadas, se haga efectivo para cumplir lo acordado. Es urgente eliminar el llamado “wifi” (señal inalámbrica de internet con que pueden funcionar los teléfonos inteligentes) al interior y en las zonas aledañas de todos los centros de detención. Al parecer es un proceso que será complicado por las trampas y resistencias que podrán los encargados de las telefónicas, pero si se tiene que llegar a derribar torres de señal, hay que hacerlo. Cabe destacar los comunicados de apoyo de las cuatro principales proveedoras de servicios telefónicos que son un reconocimiento explícito de la complicidad que hasta ahora han tenido con este servicio que sin duda alguna les ha generado ganancias con fuertes cantidades de dinero.
Después –ojalá no mucho tiempo después– también habrá que pensar en “medidas extraordinarias” contra los criminales de cuello blanco: evasores de impuesto, lavadores de dinero, grandes traficantes de drogas, de armas y corruptos. Estos también tienen de rodillas a la sociedad salvadoreña aunque de una manera más sutil pero no por eso menos perjudicial.
