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Por Leonel Herrera*
Despidos masivos de empleados públicos, miles de inocentes en prisión, ajuste fiscal regresivo…y derogación de la prohibición de la minería. Éstas son las fiestas de navidad y fin de año más trágicas de las últimas décadas, especialmente para los sectores populares y las cada vez más empobrecidas capas medias.
A nivel internacional, el genocidio del pueblo palestino perpetrado impunemente por el ejército israelí, en la tierra donde nació Jesús, es -sin duda- el mayor motivo de infelicidad de la humanidad: decenas de miles de civiles, especialmente niños, mujeres y ancianos ha muerto bajo el inmisericorde fuego sionista. Entre los masacrados también hay centenares de médicos, personal de ayuda humanitaria y periodistas.
A los asesinados por las metrallas, tanques y bombas, se suman los muertos por hambre, sed y falta de medicinas provocado por el bloqueo israelí a la asistencia humanitaria, hecho criminal que recuerda el cruel asedio de Leningrado de las tropas nazis durante la segunda guerra mundial en el que -por cierto- murieron miles de judíos.
En El Salvador, con luces y con el repetitivo discurso de la seguridad, el régimen del clan Bukele intenta cubrir la realidad de mayor pobreza, desempleo, alto costo de la vida, inseguridad alimentaria, falta de atención médica, migración forzada, deterioro ecológico, corrupción, etc.
Especialmente graves siguen siendo las violaciones de derechos humanos cometidas contra personas inocentes en el marco del régimen de excepción que -casi tres años después de su implementación- es ya un estado permanente de suspensión de garantías constitucionales para toda la población. Es la nueva legalidad de la autocracia bukeliana.
Casi cinco mil trabajadores y trabajadoras de Salud, Educación, Agricultura y otras carteras estatales que prestan servicios importantes a la población fueron despedidos injustificadamente, sin indemnización y amenazados para que no denuncien. Hasta ahora el bukelismo ha lanzado a la calle a más de 20 mil empleados estatales.
A esto se suman las familias campesinas desalojadas de sus comunidades para abrir paso a megaproyectos turísticos. También los vendedores informales desplazados del centro histórico de San Salvador y de otras ciudades para dar paso a las luces y demás atracciones turísticas.
Para culminar su pecaminoso actuar de este año, el oficialismo borrró de un plumazo una emblemática ley que era el resultado de una una heroica lucha social que duró doce años, de un amplio consenso nacional por el agua y del sacrificio de valientes mártires ambientales. Me refiero a la prohibición de la minería, medida que convirtió al país en un hito mundial y un ejemplo de protección ambiental.
En medio de todo esto las fiestas de navidad y fin de año no pueden ser felices, al menos para las personas más afectadas.
Sin embargo, es importante no perder la alegría y la esperanza. Esas dos cosas no las puede arrebatar el régimen más despótico y atroz, y son las que permiten luchar contra las adversidades e imaginar un futuro mejor.
Sigamos el ejemplo de Jesús, de monseñor Romero, de nuestros mártires, de los ambientalistas de Santa Marta y de otros que luchan por los derechos humanos.
Los obispos católicos -con su postura firme, contundente, digna y consecuente contra la reactivación de la minería metálica- están marcando un rumbo a seguir: defender a toda costa el agua y demás bienes comunes y la continuidad de la vida de las generaciones presentes y venideras. Ahí hay un camino de salvación para el país.
*Periodista y activista social
