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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
El abogado y especialista en Derechos Humanos, el argentino Guido Leonardo Croxatto, consideró que El Salvador enfrenta una problemática muy específica donde el presidente Bukele intenta ponerle fin, de manera errática como siempre se dan las supuestas guerras al delito, sin embargo, el fin no justifica los medios. Es necesario terminar con la violencia y que todas las personas vivan mejor.
“No hay que victimizar y criminalizar a los que van presos, las imágenes de todos los presos en cuclillas y esposados que dieron la vuelta al mundo, no son las imágenes de una democracia, son imágenes de un campo de concentración, nada justifica esas imágenes, nada justifica la violación de los Derechos Humanos”, manifestó Croxatto.
Asimismo, aclaró que se debe atacar la problemática de bajar la violencia y muertes en El Salvador, pero es importante hacer un análisis más realista a largo plazo de cuáles son las raíces profundas de esa violencia, y si el único camino o solución es meter presos a los jóvenes. El cristianismo enseña que ninguna pena puede ser perpetua, nadie puede estar encerrado de por vida, no son discursos relacionados con una democracia, ese es un discurso que conduce a eliminar personas y un Estado no puede proponer la eliminación de nadie.
“El Estado, lo que debe de hacer es procurar que quienes delinquen lo dejen de hacer, que la violencia deje de ser una subcultura urbana, debe de proponer una cultura llena de pacificación, y eso parte de reconocer derechos. Es mucho más fácil construir tres cárceles que sacar a millones de personas de la pobreza y miseria, es mucho más simple hacerse el duro que construir escuelas, caminos, hospitales y terminar con el subdesarrollo”, reiteró.
A criterio del abogado, el discurso del gobierno salvadoreño es inconstitucional e incompatible con la democracia y los Derechos Humanos, pero si existieran jueces que defiende la Constitución dirían que no pueden sostener un discurso el cual promueve el asesinato, las penas perpetuas o el Estado de Excepción permanente, porque viola los principios básicos de la democracia.
“El principio republicano impone la periodicidad y alternancia en el ejercicio del poder político, eso es un principio saludable para cualquier democracia, pero si los jueces no hacen valer la Constitución de su propio país no merecen seguir en el cargo, la función de los jueces es hacer valer el derecho y por eso se le llama guardianes de la Constitución, si no lo hacen están incumpliendo con su función”, enfatizó.
A la vez, externó que los jueces casi nunca son independientes, siempre fallan con determinada mirada política e interés, por ello, es necesario descubrir cuál es el interés detrás de la sentencia inconstitucional emitida por la Sala de lo Constitucional que violenta la Constitución al permitir la reelección presidencial continua.
Según Croxatto, el poder judicial en una democracia sana es un poder independiente que hace valer la Constitución. En los países de América Latina deben ser Constituciones que expresen las problemáticas, reclamos locales e identidades, lo cual es un aspecto muy importante para el nuevo constitucionalismo, que es el resguardo no solo de los Derechos Humanos en general, sino de los recursos naturales.
“Los jóvenes son quienes van presos, no van los verdaderos delincuentes que cometen crímenes de cuello blanco, financieros, económicos gravísimos, que son cómplices de la erosión ambiental y de los asesinatos de activistas, esos crímenes están siempre impunes y van presos siempre los mismos, los pobres”, reiteró.
Caso presidente Pedro Castillo
Guido Leonardo, también abogado defensor del presidente de Perú, Pedro Castillo, explicó que el pueblo peruano sepa o no de leyes apoya al mandatario y saben que se cometió una injusticia. La destitución fue ilegítima, se hizo violando el procedimiento constitucional y por eso lo siguen apoyando.
“El pueblo lo volverá a elegir, por eso el gobierno peruano que también es un Régimen de Excepción no lo quiere dejar hablar porque sabe que el pueblo lo apoya. Encerrado y estando en prisión, no le dejan acceder a sus abogados extranjeros que son Eugenio Zaffaroni y yo”, externó.
Castillo es un maestro rural de Cajamarca, una región pobre de Perú, llegó a presidente porque la mayoría de la gente excluida se siente reflejada en él, tomó muchas medidas a favor del pueblo, pero el congreso peruano que es racista, manejado por pocos sectores de Lima nunca lo dejaron gobernar, desde el primer día le hicieron el gobierno imposible.
“Ahora hacen lawfare, que es la persecución judicial de líderes progresistas con causas inventadas, para mantenerlos presos por mucho tiempo, hay que hacer una lectura política de este fenómeno porque hay en casi toda América Latina, se adhirieron a golpes blandos, que de blandos no tiene nada”, manifestó el abogado argentino.
Todas las medidas que Castillo tomó eran en favor del pueblo como la masificación del gas, nacionalización de litio, acceso libre a la universidad, dejó de financiar a la prensa local, todas medidas eran en favor de la ciudadanía y ninguna le aprobó el congreso peruano.
Actualmente, Castillo está arbitrariamente encerrado en prisión, como Evo Morales tuvo que huir de Bolivia después de un golpe de estado, al igual que Lula quien estuvo un año y medio preso, así como Correa que discutió la deuda externa de Ecuador y ahora está exiliado en Bélgica.
