Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“La ley que aprobará la Asamblea Legislativa a propuesta por el presidente Nayib Bukele, carece de aspectos esenciales para la construcción de la justicia hídrica, la equidad y la sustentabilidad del agua”, expresó José Hernán Gaitán, representante del Sistema de Agua del Bajo Lempa, que da servicios a alrededor de 2,500 usuarios.
El Foro Nacional de Salud y representantes de más de 30 Juntas de Agua, a nivel nacional, participaron en el Foro “Gestión Sustentable de Cuencas y Participación Ciudadana”, como parte de los elementos claves para enfrentar la crisis hídrica actual, para debatir las medidas de resistencia social y exigir una ley que resuelva de manera sustancial la “injusticia hídrica”, que históricamente han vivido las poblaciones rurales del país.
Desde el mes de junio del presente año, la Asamblea Legislativa nombró una Comisión Ad hoc, para que estudiara la Ley de Recursos Hídricos, propuesta por el gobierno del presidente Nayib Bukele, y esta comisión le dieron 90 días de mandato para estudiarla y aprobarla, que venció el 18 de septiembre y, aun no contamos con una normativa, sostienen.
Distintas organizaciones sociales han venido a lo largo de los últimos 15 años, con una propuesta general de aguas y saneamiento que responde a los intereses de la mayoría de la población, en donde el agua es un derecho humano, su carácter público al administrarla el Estado y la garantía de una gestión integral de cuenca. Sin embargo, la ley que aprobarán tiene una visión mercantilista, acotan.
El rechazo de los representantes de las Juntas de Agua a la Ley General de Recursos Hídricos es porque tiene un enfoque de “mercancía”, y se suma la exclusión de esta figura comunitaria, así también, a los Comités de Cuenca, como los actores claves en donde se encuentran los principales afluentes y acuíferos del territorio.
Las Juntas de Agua han venido realizando por muchos años junto a las comunidades y de manera subsidiaria, un trabajo que le correspondería al Estado salvadoreño, sin embargo, la actual ley que promueve el gobierno, deja fuera a miles de comunidades, señaló Gaitán.
Sobre los costos de operación y distribución del agua de las Juntas o Sistemas de Agua Rurales, con la nueva normativa, María Paz Amaya, en representación de (ACASA) de San Marcos Lempa, Usulután, afirmó que sería uno de los impactos más significativos en cuanto a los gastos fijos y variables.
“Esto nos afecta a todas las asociaciones porque no regalamos el agua, sino que prestamos un servicio a las comunidades y los aportes de la comunidad es para el funcionamiento del sistema. Si nosotros cobráramos el líquido, no podríamos salir adelante, esto es un trabajo de toda la comunidad de cómo sacaremos adelante nuestras necesidades y eso no tiene precio”, agregó.
“Y sí, tenemos un subsidio de energía, porque si nosotros pagáramos una factura total no alcanzaríamos a cubrirla y por esto, es que la comunidad trabajamos para sacar adelante los gastos. Y que la gente tenga agua desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde, cobramos fijo 5 dólares, esto es mucho trabajo comunitario y ahora, con la nueva ley, no fuimos tomados en cuenta, es preocupante”, sostuvo Amaya.
Los gastos fijos de las Juntas o Sistemas de Agua Rurales, se refiere a trabajadores de planta que no superan las cinco personas, y que depende del número de habitantes en las zonas, esta cuota fija que mencionó, Amaya, se distribuye para todo el mantenimiento y otros gastos del bombeo de agua.
“Esta nueva ley del gobierno nos deja fuera, pero debemos de cumplir con los requisitos que ellos proponen, como el pago de cánones por extracción y vertido, cuando nosotros no vendemos agua, solo estamos prestando un servicio a la comunidad para subsistir y contar con agua”, indicó.
Sobre la importancia de los mantos acuíferos, afluentes o cuencas hidrográficas del territorio nacional, José Luis Hernández, del Comité de Agua de Caserío Santa Lucía, municipio de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, manifestó que los problemas de estas estructuras comunitarias, no solo enfrentan el impacto de la Ley General de Recursos Hídricos presidencial, sino también el abuso de empresas privadas sobre estos depósitos naturales o el daño a los ecosistemas que permiten el ciclo hidrológico del agua.
“Nosotros nos enfrentamos a la escasez hídrica, que es grave, aunque en nuestro caso, contamos aún con un nacimiento de agua productivo; pero nos preocupa esa ley que pone en juego la vida de las comunidades. Y también, nos preocupan los megaproyectos, como el cementerio privado que quieren construir justamente en la zona de recarga hídrica”, denunció.
Y pese a que existen estudios técnicos que han identificado que esa área, realiza el proceso natural de la infiltración de la lluvia y aguas superficiales, no están siendo escuchados como comunidad, que no se oponen a los proyectos, sino a la contaminación que esto puede generar. Creo que todas las comunidades, asociaciones, comités o juntas que administramos agua somos conscientes que tenemos que cuidar este recurso y por la cual vamos a luchar”, reafirmó Hernández.
Rodolfo Calles, del Foro Nacional de Salud (FNS), afirmó que la actividad con los representantes de las Juntas de Agua, que trae un antecedente formativo desde tiempo atrás, en temas de gestión ambiental e hídrica, así como la realidad que viven les permite visualizar con mayor argumentación los aspectos claves que están ausentes de la nueva Ley General de Recursos Hídricos.
“Nos preocupa que no se tomaron en cuenta las propuestas de la gente, porque la realidad que viven y de aprobarse esta ley presidencial se agudizará más el tema económico y si a eso sumamos pago de cánones, más la cuota que ya tienen, pues eso va colapsar, es por eso importante que sea un derecho humano”, dijo.
La “ANDA nunca ha tenido capacidad y no creo que lo logre en el corto plazo, con la situación de crisis de Gobierno, dudo que resuelvan el tema del agua en la zona rural. Aquí, quedan dos caminos o las Juntas de Agua, exige no pagar cánones o tendrán que dejar de funcionar y será una empresa privada la que asuma y cobre lo que quiera, ese es el problema”, sentenció Calles.
