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Licda. C. Marchelly Funes
Metodóloga y Comunicadora
La participación de la mujer en la política es relativamente reciente en la historia salvadoreña. El hecho más significativo lo encontramos en la implementación de la “La Ley de Partidos Políticos,” aprobada y publicada en 2015. En esta se establecen la mal llamada “cuota de género,” —el 30% de mujeres en las planillas partidarias— con la que se buscaba eliminar la discriminación de las mujeres en la política.
La intervención de las mujeres en la política del país ha sido limitada a emitir sufragio, a ser incluida en los institutos políticos, gremiales y organizaciones de carácter político. Sin embargo, cuando se observa cuántas mujeres de esa “cuota de género” se encuentran en puestos directivos, en cargos electos en la administración pública, el sector privado o en la academia, estas continúan siendo minoría.
Tomemos de muestra los resultados de las elecciones municipales y legislativas 2015-2018, estas reflejan cómo las mujeres son menos del 30%, según lo establecido en la Ley. La revisión se hizo en las tres principales cabeceras departamentales; San Salvador, San Miguel y Santa Ana. El primero, conformado por 19 municipios no cuenta con representación femenina; seguido por San Miguel con apenas una gobernanza de 20; finalmente, Santa Ana con 14 municipios de los cuales 4 son liderados por mujeres. Esta aritmética política no concuerda con la participación que debe tener este sector tan importante en la sociedad. El panorama legislativo pinta mejor que los gobiernos municipales, sin embargo, también está en deuda con el sector femenino que es representado en este órgano del Estado por el 24.3%, es decir de 87 diputaciones 28 son asignados a mujeres a nivel nacional. En este sentido, los partidos políticos deberán reflexionar si sus mecanismos de participación garantizan acceso igualitario a cargos direccionales y de administración pública a las mujeres.
A pesar de esfuerzos como la inclusión del 30% de mujeres en los institutos políticos, en la actualidad, la cultura machista mantiene en desventaja la participación real de la mujer, tal y como quedo evidenciando en el bajo porcentaje de las que ocupan cargos de poder en los gobiernos municipales. Podría presumirse que la existencia de Leyes, políticas y normas que buscan garantizar la participación política de las mujeres, no serán suficientes mientras no se cambien paradigmas, estereotipos y arquetipos hacia las mujeres (en los que se les considera incapaces de emitir su opinión frente a la realidad nacional y asuntos públicos; de proponer soluciones a los principales problemas que aquejan a la población y que les afecta a ellas de manera directa o indirecta). Es decir, la verdadera participación de la mujer en política será una realidad cuando los que dominan las estructuras de poder entiendan que: 1. Las mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres. 2. Cuando dejen de minimizar el rol de ellas en la sociedad. 3. Cuando entiendan que no es un favor el que les hacen al incluirlas en la política, sino que es un derecho. Y 4. Cuando se deje de ver una “cuota de género” y se trascienda al acceso igualitario de oportunidades en la toma de decisiones, cargos de elección popular y administración pública.
