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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Para prevenir y erradicar la violencia política en todos sus ámbitos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en El Salvador presentaron el “Protocolo para la Atención de las Mujeres Víctimas de Violencia Política”, que establece además de sanciones administrativas llegar a la acción penal.
El Protocolo es una herramienta que define una ruta de atención orientada a la prevención de casos de violencia o acoso político, determina las responsabilidades administrativas y la reparación de los derechos de las víctimas.
Este instrumento se aplicará a partir de la recepción de una denuncia, por un acto de violencia política por razón de género en o desde el territorio nacional, en un ámbito público o privado; previo, durante o posterior a un proceso electoral en cualquiera de sus fases.
Con este protocolo se pretende dar un paso importante para garantizar el derecho al sufragio activo y pasivo, a todos los sectores de la sociedad, en condiciones de igualdad y oportunidades.
Maribel Gutiérrez, representante residente de PNUD El Salvador, indicó que la paridad en puestos públicos y la erradicación de la violencia contra las mujeres no es únicamente una meta, sino un compromiso institucional interno y externo en todos los países donde están presentes. Las mujeres tienen derecho a participar en política sin violencia.
“Uno de los obstáculos para que las mujeres participen en procesos electorales, ya sea como candidatas o como votantes, es la violencia, la violencia de género constituye la violación de los derechos humanos más generalizada a nivel mundial. La participación política de las mujeres es un tema de derechos e igualdad”, afirmó. La magistrada presidenta del TSE, Dora Martínez, enfatizó que prevenir y erradicar la violencia política en todos sus ámbitos es parte del trabajo de la institución; por lo cual, en coordinación con PNUD, elaboraron un protocolo de atención a mujeres que son víctimas de este tipo de violencia en el país.
Manifestó que en el Tribunal se tiene plena conciencia del daño causado por la violencia política hacia las mujeres en la sociedad, por ello, es importante que todas las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación se sumen a esta lucha.
“Hago un llamado a la sociedad, en especial a las mujeres que participan en política, a no callar, a denunciar cualquier expresión de violencia, ya que no podemos tolerar ni la violencia política ni ningún otro tipo de violencia nunca más”, destacó.
Según Martínez, la voluntad del Organismo Colegiado es dar fiel cumplimiento a las responsabilidades específicas determinadas para el TSE en el artículo 10 A, incorporado en la reforma de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), orientadas a prevenir y atender los casos en esta materia.
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