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José M. Tojeira
Apoyándonos en algunas investigaciones de la Dirección General de Estadística y Censos, stuff Digestyc, ambulance en El Salvador podemos calcular las necesidades primordiales de nuestra población en pobreza. Esta Dirección es una de las instituciones más confiables a la hora de estudiar los diversos problemas socioeconómicos de El Salvador y una muy importante fuente de información sobre estos temas. Las necesidades que aquejan a los pobres muy probablemente coinciden también con las necesidades de la población que técnicamente no está en pobreza pero que es profundamente vulnerable y con frecuencia se considera a sí misma pobre. Estas necesidades se determinan a través de las privaciones de derechos básicos a las que están sometidos los pobres y con mucha frecuencia también los considerados no pobres.
Los bajos niveles educativos, que se profundizan en el campo, pero que afectan de diversas maneras a la mayoría de las familias, casi sin duda es el primer factor de privaciones. Si ponemos como punto de partida el bachillerato, considerado como una herramienta básica para salir del subdesarrollo y la pobreza, se puede observar que una inmensa mayoría de los hogares pobres tienen alguno o muchos de sus familiares sin el bachillerato. Las personas no son mejores ni peores por tener más estudios o menos. Pero la carencia de estudio limita enormemente el desarrollo de las capacidades y por la misma razón de las posibilidades y oportunidades de las personas. Un verdadero pacto por la educación, sin colores ni partidismos, sin excusas públicas ni egoísmos privados, es indispensable si queremos realmente sacar a El Salvador de sus niveles de subdesarrollo e incluirlo en el mundo del desarrollo. Y fundamental y básico para crear una cultura de paz. Con el sesenta por ciento de nuestros jóvenes sin estudios ni trabajo, prácticamente en la calle a partir de los 16 años, es difícil pensar que no son materia tentable por quienes les ofrecen dinero fácil, aventura y cierto modo riesgoso de solidaridad grupal.
La segunda privación tiene que ver con la falta de acceso a seguridad social, trabajo formal y con salario decente. El conjunto de disposiciones en torno a los diferentes sistemas de salud, en torno al salario, el sistema de pensiones y la problemática del empleo y subempleo son insuficientes o, en algunos casos, claramente injustas. Transformar las instituciones que forman hoy las redes de protección social, para que realmente sean efectivas, abiertas a todos, universales y no discriminadoras es un verdadero desafío que hay que tomar en serio. Un desafío que apenas está en el debate público, quedándose las élites en la crítica de casos concretos de mal funcionamiento de esas mismas instituciones públicas que solo sirven a la minoría del país, sin buscar efectivamente la necesaria universalidad de cobertura de derechos básicos.
La tercera privación se relaciona con la seguridad alimentaria, el agua y el saneamiento. Ya hemos asistido a la escandalosa decisión de algunos diputados de oponerse a considerar el derecho al agua como un derecho constitucional. Un país como el nuestro, amenazado de estrés hídrico, saturado de basura y vulnerable en lo que respecta a seguridad alimentaria, no puede permanecer indiferente ante estos problemas. Si la palabra traición se puede aplicar a las decisiones políticas, no hay duda que los diputados que se opusieron a considerar el agua como un derecho constitucional son unos verdaderos traidores a los pobres y en general a las grandes mayorías del país.
La cuarta privación tiene que ver con la vivienda. El hacinamiento, los materiales inadecuados tanto de paredes, suelo y techo, unidos a la misma carencia de agua antes mencionada, convierten las viviendas de demasiados salvadoreños en un lugar propicio para muy diversos problemas. Y ciertamente llevan a muchos de nuestros jóvenes a no considerar la casa como un verdadero hogar. Si la cultura de paz comienza en la familia, la carencia de viviendas dignas dificulta la transmisión de valores y empuja hacia la búsqueda de otras formas de solidaridad que no siempre son las más sanas o recomendables.
Y finalmente se tienen que considerar también como privaciones las restricciones que se producen a causa de la delincuencia y la inseguridad. El miedo, la angustia, la desconfianza, cuando cunden socialmente, se convierten en un freno para la iniciativa personal y el emprendedurismo. No poder circular libremente, el temor a cruzar una zona controlada por una mara distinta a la del lugar de vivienda, estar expuesto a la extorsión, a la amenaza o incluso a la muerte, limita enormemente las posibilidades de desarrollo personal. El temor y la ansiedad consumen energía personal y social, al tiempo que limitan oportunidades.
Desarrollar un plan nacional de emergencia, pactado y reconocido como tarea de todos, frente a las necesidades que se derivan de estas privaciones, es indispensable para poder decir que en el lapso de una generación estaremos realmente en niveles de desarrollo humano decente.
De lo contrario seguiremos siendo un país sujeto a la necesidad de vender mano de obra barata en el mercado internacional. Y por supuesto continuaremos aquejados por las mismas plagas de corrupción, violencia y falta de oportunidades. Los pobres, con sus carencias y privaciones, son los que nos enseñan el camino del desarrollo, y no los ricos con sus triunfos individuales. Millonarios no podemos serlo todos. Pero llegar a niveles de vida decente, con cobertura adecuada a los derechos humanos básicos en el campo económico y social, sí se puede. Se puede y se debe llegar a un estado donde las capacidades de las personas se puedan desarrollar libremente y al máximo, de tal manera que todos podamos contribuir tanto al desarrollo como al bienestar social. Para ello, es necesario mirar solidariamente las necesidades de nuestros hermanos más empobrecidos y ponernos a construir un futuro más digno entre todos.
