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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El activista y defensor ambiental de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), Pedro Cabezas, es enfático en afirmar que las personas defensoras están protegidas por el derecho internacional y no pueden limitarlos. “Que el gobierno quiera restringirlo, allá ellos, pero estos derechos son parte de la existencia del ser humano”, dijo en una entrevista exclusiva con Diario CoLatino.
En el marco de la campaña de solidaridad con los ambientalistas de Cabañas: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, directivos de ADES, y en la víspera de la Vista Pública, programada para el próximo 8 de octubre, diversas organizaciones nacionales e internacionales se declararon en resistencia y en defensa de los cinco ambientalistas.
– ¿Qué reacción tienen al discurso presidencial ante la ONU, sobre los derechos en el país?
Yo no sé en qué país vive realmente el presidente (Nayib Bukele), pero cuando tienes cientos de líderes sindicales presos, a la oposición política amedrentada y a un grupo de defensores ambientalistas detenidos arbitrariamente, no sé qué país puede ser.
Mucho peor, cuando tienen a miles de personas con carta de libertad, pero permanecen secuestradas por el sistema penitenciario. Esas personas no están en sus hogares, sino secuestrados por el Estado, ¿Cómo pueden llamar a esto un país seguro que respeta los derechos humanos?
Los derechos que se respetan en el país son los que él (presidente Bukele), quiere que se respeten. Sin embargo, el concepto de respeto a derechos humanos es la garantía de todos los ciudadanos de vivir libres de persecución del Estado y sin el miedo de expresar sus ideas y esos no pueden ser anulados.
– ¿Y en este contexto qué reciben las personas defensoras del sistema judicial?
Tenemos claro que existe un contexto en donde la independencia judicial no existe, entonces, enfrentar procesos penales en el sistema de justicia nacional en la actualidad, sabemos que no serán de manera justa y apegada al debido proceso, eso por ahora es imposible.
Y si me gustaría vivir en ese país que menciona el presidente en su discurso ante la ONU, que afirmó que existe.
– ¿Qué margen de operatividad queda entonces?
Nosotros, lo primero que entendemos es que los derechos humanos son innegables para toda la población. De ahí, que el gobierno quiera suspenderlos es decisión de ellos.
Porque nosotros trabajamos dentro los marcos jurídicos de los Convenios de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, trabajamos dentro del derecho internacional independiente que el Estado salvadoreño los respete o no, eso sabemos, tenemos la garantía de la ONU, que no pueden suspenderse estos están garantizados por Naciones Unidas.
El ser humano, las organizaciones de diversa índoles tenemos el derecho a la protesta, a organizarnos, a denunciar, a exigir justicia, a exigir información y como defensores ambientalistas queremos que se respeten estos derechos y que dejen libres a nuestros compañeros de Santa Marta ADES.
– ¿Cómo va la campaña de organizaciones internacionales que apoyan a la sociedad civil en el caso Santa Marta?
Esto tiene historia, la lucha contra la minería a partir del año 2005 hasta el 2017 permitió la formación de una red de organizaciones internacionales que apoyaron a las organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas en El Salvador, que estábamos en la lucha por la prohibición minera.
Precisamente, por estos vínculos que existen entre empresas mineras de Estados Unidos, Canadá y Europa, y la explotación que esas empresas generan en países como El Salvador, es así que esta red de organizaciones internacionales se formó.
Y ahora, por lo ocurrido a partir de la criminalización de los compañeros de Santa Marta, y la denuncia previa sobre la posible reapertura de la minería metálica. Es que se ha vuelto a reactivar esta red internacional, y saben de las condiciones que ha generado este gobierno.
– ¿Cómo ven al gobierno esta red de organizaciones?
Un gobierno que está operando bajo un estado de excepción permanente, con violación de derechos humanos de la población, la falta de garantías de un debido proceso, la falta de independencia judicial.
Entonces, estas organizaciones entienden que estamos operando en un contexto crítico, que va en contra de los derechos ambientales y humanos.
¿Cómo interpretan el silencio del Gobierno ante sus denuncias que quieren permitir la minería metálica?
El silencio del gobierno sobre el tema -dice mucho-, porque no desmienten la posibilidad de derogar la Ley de Prohibición de la Minería, o sea, abrir el sector minero. Y lo reiteramos, porque hemos visto los pasos que el Gobierno ha tomado para generar las condiciones a su reapertura.
Recordemos, la lucha por la prohibición minera se dio por una razón específica, El Salvador no tenía las condiciones para absorber impactos de una industria tan nociva como la minería metálica. Y esas condiciones del pasado no han cambiado en el presente, entonces, no debe haber una reactivación de la explotación minera.
– ¿Por qué el Gobierno sabiendo esto insiste en promover la minería metálica
Entendemos que el gobierno está desesperado por financiamiento, porque El Salvador en este momento es un país en donde está creciendo la pobreza, más del 30% de la población ya se encuentra en estado de pobreza, y sólo en el 2018 el incremento fue del 26% el índice de pobreza.
Somos el país que menos crece económicamente en la región, somos el país que ha tenido la menor inversión extranjera a nivel centroamericano y es el país que más ha incrementado su deuda pública, eso a nivel macroeconómico, o sea, no están bien.
Y, no olvidemos que a nivel microeconómico tampoco vamos bien porque la economía familiar experimenta precios disparados por meses consecutivos. Y la gente ya no alcanza a cubrir la Canasta Básica Alimentaria y todos sabemos las dificultades que vive la población día a día.
– ¿Esto justificaría la intención de permitir la minería metálica?
No es descabellado pensarlo, que el Gobierno tenga esa intención de reabrir la minería metálica de nuevo, porque las condiciones se lo demandan para generar fondos. Y sabemos que la minería como sector extractivo no es el único que está siendo promovido por el gobierno.
El Gobierno ha presentado un plan de explotación petrolera, también ha estado hablando de implementar un plan de energía nuclear a través del torio; la intensificación del turismo con Surf City. Y bueno todas estas son industrias extractivas que fundamentan la lógica de este Gobierno, entonces, la minería cabe en este modelo de economía extractiva desde toda esa lógica económica.
Y no olvidemos, El Salvador se unió al Foro Intergubernamental sobre la Minería Sostenible en 2019; ha hecho reformas a la estructura de la Dirección de Energía, Minas e Hidrocarburos, dotándolo de presupuesto y la apertura de 164 nuevas plazas, frente a los cortes que ha hecho en otras instancias de gobierno.
Esto da pie a pensar que está fortaleciendo la institucionalidad de esta Dirección, para poder revertir la explotación minera, lo que impactaría grandemente a la población y medio ambiente y quizás con daños irreversibles a los ecosistemas.
