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Por Mauricio Funes
ex Presidente de la República
El proyecto de Presupuesto para el 2025 asciende a $9,663 millones de dólares, los cuales serían financiados en un 87% por ingresos tributarios y el 13% restante con desembolsos de préstamos internacionales contratados en años anteriores.
El principal argumento del gobierno es que se trata de un Proyecto de Presupuesto totalmente financiado y equilibrado, que no requerirá de la contratación de nuevos préstamos para cubrir el gasto corriente.
Esto, según el Ministro de Hacienda, marca una diferencia con Presupuestos anteriores en la medida que tanto los salarios de los empleados públicos, como la adquisición de Bienes y Servicios que demanda el funcionamiento del aparato de gobierno así como el pago de los intereses de la deuda serían cubiertos totalmente con los impuestos recolectados.
De paso, como sostuvo el Ministro de Hacienda hace unos días atrás, con este Presupuesto se elimina la “grasa” del gobierno, es decir, el gasto innecesario.
Hay analistas que sostienen que a juzgar por el ritmo contractivo y recesivo que ha tenido en los últimos años la actividad económica del país, sumado a la caída de la tributación en lo que va de este ejercicio fiscal, difícilmente se recaudarán los impuestos proyectados por Hacienda para el 2025.
Incluso, hablan de que estos impuestos que se piensan recolectar han sido inflados en más de $350 millones de dólares.
En buenas cuentas, a pesar de lo asegurado por el gobierno, al final se deberá recurrir al financiamiento externo, siendo que tanto Bukele como el Ministro de Hacienda habían dicho que por primera vez no lo harían.
El proyecto de Presupuesto para el 2025 presenta recortes en varios Ministerios sociales y aumentos en Defensa y Casa Presidencial, que por donde quiera que se le vea no tienen ninguna justificación desde una perspectiva de ahorro y austeridad presupuestaria.
Uno de los recortes mayores es el de Salud Pública con una reducción de $156 millones de dólares con respecto al 2024, la mayor parte en remuneraciones, funcionamiento de Hospitales y en los fondos destinados a la construcción de nueva infraestructura sanitaria.
También se afecta la compra de insumos para atender las enfermedades prevenibles y el abastecimiento de medicamentos en la red pública nacional.
El Proyecto presentado incluye además un recorte en Educación por $34 millones de dólares en áreas estratégicas como la contratación y los salarios del personal docente (a los que se les suprime el escalafón), el monto de los salarios (los que se congelan para el próximo año) y la remodelación de centros educativos (por ejemplo, se dejará de cumplir la meta de remodelar mil escuelas por año, tal como ofreció Bukele en el 2022).
Lo mismo ocurrirá con el Ministerio de Agricultura y Ganadería al que se le recortan $64 millones de dólares.
En un contexto de drástica caída del PIB agrícola y de insuficiencia alimentaria, según la cual por lo menos un millón de salvadoreños viven en una situación de inseguridad en la adquisición de sus alimentos, estos recortes no tienen ningún sentido, al menos cuando se supone que el propósito sería priorizar el desarrollo económico y social de los sectores más vulnerables del país.
Hay recortes también en Medio Ambiente (20% del Presupuesto del 2024) y en Desarrollo Local (7% con respecto al Presupuesto de este año).
Las reducciones presupuestarias abarcan a 14 de 16 Ministerios, la mayoría del área social, y a varias Instituciones Autónomas y Descentralizadas del Estado, tal como ANDA.
Incluye también una reducción en lo destinado a la partida de activos fijos por $154 millones, que recorta el dinero destinado a la construcción de nuevas obras de infraestructura; reconstrucción de edificios, calles y puentes; remodelación de escuelas, Hospitales y Unidades de Salud, etc.
Hay que hacer notar que esta partida presupuestaria se viene reduciendo en los últimos años.
Solo en el 2024, de $1,300 millones de dólares que se aprobaron para inversión en activos fijos, al mes de Julio de este año solo se habían invertido unos $90 millones de dólares, es decir, menos de un 10% de lo proyectado.
En contraste con todos estos recortes, el Proyecto de Presupuesto aumenta la partida del Ministerio de Defensa en $52 millones, el de las Secretarías de Comunicaciones y Prensa ($2.7 millones) y el Presupuesto total de CAPRES en $16 millones.
En buenas cuentas, se trata de un Proyecto de Presupuesto que contradictoriamente presenta fuertes recortes en áreas relacionadas con el bienestar de la población, como es el área social, y en cambio aumenta significativamente los montos presupuestarios en área de la gestión pública donde no se justifican: Defensa, Propaganda e Inteligencia del Estado (En esta última hay serías dudas de que esté siendo utilizada preferentemente para el espionaje y el control político de la oposición).
Como señalaba al inicio, no se trata entonces de un Proyecto de Presupuesto que priorice el desarrollo social o el crecimiento económico como se hubiera desprendido de los énfasis de campaña que vienen desde el primer gobierno de Bukele.
Más bien se trata de un Proyecto de Presupuesto en el que se continua gastando más en Defensa, Seguridad Pública y Propaganda.
Si lo analizamos desde el punto de vista de los ingresos, este Proyecto implica en la práctica una renuncia al impulso y aprobación de una Reforma Tributaria Progresiva, en la que “el que gana más debe pagar más”
No hay nuevos impuestos a los ricos, como el impuesto al Patrimonio, a los bienes de lujo, a las grandes propiedades ni tampoco un aumento al impuesto que se paga por las ganancias extraordinarias obtenidas por la gran empresa.
Según algunos economistas, estos nuevos impuestos progresivos le harían llegar al fisco cerca de unos $800 millones de dólares adicionales a los impuestos regresivos que se colectan actualmente.
Aunque no ha sido formulado en el Proyecto, pero a juzgar por las negociaciones que aún se mantienen con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es muy probable que la Asamblea Legislativa apruebe un incremento al IVA de al menos dos puntos porcentuales, lo que vendría a golpear aún mas la deteriorada economía de los sectores de más bajos ingresos.
Esta negativa en términos de prioridades presupuestarias significaría favorecer una opción fiscal que no golpee los privilegios de los grupos oligárquicos del país, mientras se sigue cargando el peso de la fiscalidad en la clase media y los pobres.
Al aumentar los ingresos tributarios por vía de nuevos impuestos a las grandes fortunas, no solo se reducirían los privilegios de la Oligarquía del país sino que se aliviaría la carga tributaria de los más pobres y se mejorarían sustancialmente sus condiciones de vida.
Una reforma tributaria de este tipo habría permitido que se exonere el pago del IVA a los alimentos y medicinas, lo que redundaría en una reducción del costo de la vida.
Sin dejar de mencionar que se reduciría también la dependencia de los préstamos internacionales para financiar el Presupuesto Público.
Por eso, tal como señalaba en el titular de este artículo.
El Proyecto de Presupuesto para el 2025 refleja las prioridades del segundo gobierno de Bukele: Más fondos para Defensa y Propaganda y menos para la gestión social.
