AFP
A tres semanas de las elecciones españolas, el jefe de gobierno Pedro Sánchez recibía este domingo duras críticas de la derecha, que reclama medidas excepcionales en Cataluña, donde la tensión se redujo el sábado tras varias noches de enfrentamientos violentos entre activistas independentistas y fuerzas de seguridad.
A gritos de “Viva España” y “Todos somos catalanes”, cientos de personas se concentraron a mediodía ante la sede del gobierno regional de Cataluña, en Barcelona, convocados por el dirigente del partido Ciudadanos (centroderecha neoliberal), el catalán Albert Rivera.
“Quiero un gobierno de mi país que defienda a todos los ciudadanos (…) de los que cortan carreteras, de los que aplauden la violencia”, dijo Rivera, exigiendo a Sánchez el cese desde Madrid del presidente regional, el separatista Quim Torra.
Los violentos “son unos salvajes, no hay otra palabra (…) El gobierno tiene que actuar porque todo esto es una vergüenza”, decía Roberto Salas, un jubilado.
Los disturbios en Cataluña reavivaron la presión de la derecha para intervenir la autonomía de esta región nororiental, como ya se hizo en 2017 tras el intento fallido de secesión.
“Un gobierno sobrepasado”
La condena, el lunes pasado, a penas de entre nueve y 13 años de prisión para nueve separatistas -políticos y activistas- implicados en esa tentativa encendió las calles de la región.
Después de años de protestas pacíficas, se vivieron escenas de violencia que dejaron unos 600 heridos. Entre ellos, un policía en “estado muy grave” y una manifestante en “estado crítico”, según la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
“¿Qué más tiene que pasar en Cataluña para poner orden? (…) ¿Que incendien Barcelona? Ya lo hacen todas las noches”, dijo en un acto en Toledo (centro) el líder del Partido Popular, segunda fuerza política del país, Pablo Casado.
“Se necesita un gobierno previsor de lo que pueda ocurrir, no un gobierno sobrepasado por los acontecimientos”, insistió Casado.
En el otro lado, el presidente regional Torra reclamó el sábado a Sánchez una “negociación sin condiciones” para solucionar el conflicto.
Llegado al poder en junio de 2018 con una moción de censura al conservador Mariano Rajoy apoyada por los separatistas, el líder del PSOE declinó la propuesta y exigió a Torra que reconozca que la mitad de los catalanes no comparten su proyecto.
Según un sondeo del mismo gobierno regional realizado en julio, un 44% de los habitantes de Cataluña son favorables a la independencia y un 48,3% se oponen.
Relativa calma
Después de cinco noches con disturbios, especialmente virulentos el viernes, Cataluña se sosegó el fin de semana.
Este domingo, 2.700 personas según la policía acudieron a una tranquila manifestación frente a la delegación del gobierno español en Barcelona, altamente securizada, donde depositaron decenas de bolsas de basura.
El sábado marcó un punto de inflexión en la ola de protestas: de 182 personas atendidas el viernes, la cifra más alta de estos días, se pasó a 14 en toda la región.
En Barcelona, escenario de violentos enfrentamientos los cuatro días anteriores, solo se quemaron unas pocas barricadas tras una protesta en la que un cordón de independentistas pacifistas separó a los manifestantes más radicales de la línea policial.
“Los disturbios van a menos”, reconoció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Los incidentes empezaron el lunes con 10.000 personas bloqueando el aeropuerto de Barcelona y prosiguieron a partir del martes en el centro urbano y otras ciudades catalanas. La noche del viernes, tras una manifestación pacífica de 525.000 personas, según la policía municipal, el centro de la ciudad vivió escenas de gran violencia entre jóvenes con el rostro tapado y policías antidisturbios, que emplearon gases lacrimógenos y un camión lanza agua. El costo de los desperfectos ocasionados desde el lunes en Barcelona, la ciudad más turística de España, superan los 2,5 millones de euros, según el consistorio municipal.
Nacida de la frustración de una parte de la base independentista, dos años después de la tentativa de secesión de Cataluña de 2017, la violencia marca un punto de inflexión para el movimiento separatista que se jactaba de su naturaleza pacífica.