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L02a madrugada del lunes, una concentración de trabajadores municipales, la mayoría recolectores de basura, fue disuelta a fuerza de bala y dejó a tres trabajadores lesionados. Las heridas, al parecer, no eran de muerte, pero pudo serlo. Lo cual es de lamentar y condenar. El caso sucedió frente a un establecimiento municipal de la Alcaldía de Soyapango.
De acuerdo con el secretario general de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador, Miguel Escobar, desde las 11:15 p.m. del domingo se comunicaron con la Policía Nacional Civil (PNC), para que se garantizara su derecho constitucional de protesta, sobre todo por la presencia, supuestamente, de un “grupo de choque de activistas de ARENA, de una de las comunidades aledañas del municipio de Soyapango”.
El dirigente sindical relató que: “al entrar al perímetro de los sindicalistas, la PNC se había retirado. O les quitamos los camiones o les quemamos los camiones, era una de las consignas, tiraron gas lacrimógeno y hubo agresiones con piedras, llamamos de nuevo a la policía y a eso de la 1:00 a.m. la delegación había desconectado sus teléfonos. Llamamos al 911 y dijeron que tenía todo bajo control, pero no había ningún agente”. Los trabajadores del tren de aseo de Soyapango, una comuna gobernada por el partido ARENA, mantienen protestas contra el alcalde, por intentos de privatizar el servicio de recolección de desechos sólidos, lo que implicaría -de ejecutarse el proyecto- que decenas de trabajadores serían despedidos.
La protesta tiene fundamentos, pues, el mismo alcalde de la comuna, Juan Pablo Álvarez, reconoció -ante la prensa- que, en efecto, hubo un proceso de licitación para que una empresa privada co-gestionará el servicio con la comuna, lo que implicaba una empresa mixta, donde la mayor parte de las acciones las tiene el ente privado. Sin embargo, el alcalde aseguró que, luego de hablar con los sindicalistas, habría desistido del proyecto privatizador.
Al parecer, el alcalde dio un paso atrás hasta que sucedieron los hechos lamentables en la madrugada del lunes. Hasta hoy no se sabe con exactitud si fueron los agentes municipales los que dispararon o, como dicen otras versiones, si fue la seguridad del señor alcalde, o los “grupos de apoyo” del jefe edilicio. La Fiscalía General de la República ha intervenido en el caso y lo primero que ha hecho, dado que hay lesionados, es decomisar las armas de los agentes municipales.
Es urgente que en este caso se deduzcan responsabilidades, pues de lo contrario se seguirá fomentando la impunidad. Hace varios años, los agentes municipales de San Tecla, otra alcaldía gestionada por el partido ARENA, dispararon contra los trabajadores despedidos. En una de esas acciones resultó muerto un protestante y un fotoperiodista de este Diario fue alcanzado por una bala o perdigón, que se alojó en un objeto de metal que portaba en un bolso amarrado a la cintura. Hasta hoy este hecho está sin esclarecer.
Es necesario que la Fiscalía profundice estos casos, pues, de lo contrario, la tónica será que las protestas laborales o sociales se detendrán a balazos, lo que no solo es una violación a los derechos humanos, sino que puede obligar en el futuro a que los protestantes hagan uso de la autodefensa, y eso sí sería grave para el país en general. Tanto las autoridades edilicias como los diferentes sindicatos deben primar el diálogo, para solventar una situación que afecte a los trabajadores y a las mismas instituciones municipales.
Los sindicatos y otras gremiales también deben renunciar a la violencia o a las provocaciones para generar violencia, porque, si de lo que se trata es buscar el beneficio de los trabajadores recurrir a la violencia, no es la salida correcta. La opción, como expresamos arriba, debe ser el diálogo. Para ello, las municipalidades, así como las instituciones del Gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) deben tener una mesa de diálogo disponible todo el tiempo. Y para eso está la Procuraduría de los Derechos Humanos, que puede mediar entre las partes. Para ello están otras organizaciones de la sociedad civil, incluso, se puede contar con la Iglesia católica.
Esperemos, pues, que en el futuro prevalezca el diálogo y no la violencia, eso pasa porque la Fiscalía haga lo suyo, para que casos como lo ocurrido en Soyapango no queden en la impunidad.
