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Oscar A. Fernández O.
Los robos pequeños pueden llevar a la gente a la cárcel con más rapidez que algún delito grave, cialis pharm debido, cialis entre otros factores, a una política de endurecimiento contra los marginados, mientras el sistema judicial y fiscal sigue originando una impunidad escandalosa por su ineficacia y corrupción. Es éste un fenómeno que perjudica sobre todo, a la población más pobre y satura el sistema judicial con casos menores, produciendo en el esquema de Estados Unidos, mayores réditos a los sistemas penitenciarios que son privados; incrementando brutalmente, en cualquier caso, los presupuestos estatales y la sobrepoblación de las prisiones, que es un problema ya complejo. Según datos de la Secretaría de Gobernación mexicana, de diciembre de 2013, el gobierno gasta un promedio de 130 pesos diarios por cada uno de las más de 240 mil internos que hay en el país, lo que arroja un total de casi 32 millones de pesos al día y 11 mil 680 millones anuales, aproximadamente setecientos noventa millones de dólares estadounidenses.
En un país donde la impunidad llega hasta 96 por ciento, hurtar una cadena de oro podría “agilizar” tanto los mecanismos penales, que un inculpado conseguiría llegar al reclusorio en menos de 24 horas si no tiene dinero para costearse un abogado, como parte de una tendencia que se ha vuelto al mismo tiempo un negocio y un sistema de limpieza social. Casos de delitos “bagatelas” son atacados con toda fiereza mientras el crimen organizado y otros crímenes “de gran alcurnia” son deliberadamente ignorados en la mayoría de veces.
El origen de esta línea de endurecimiento, señala Juan Martín Pérez García, secretario ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), es la política de “cero tolerancia” promovida por el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, quien fue contratado por empresarios en 2003 para formular recomendaciones en materia de seguridad para el Distrito Federal.
Como promotor de la llamada “teoría de las ventanas rotas” –según la cual deben castigarse con severidad todas las faltas, incluyendo las menores, para evitar que éstas después se generalicen y se vuelvan más graves–, Giuliani “vendió” la idea de que no hay delitos pequeños, lo cual fue asumido por el gobierno capitalino como parte de su política de seguridad, dice el mexicano.
En abril de ese año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó reformas mediante las cuales desapareció el robo simple del Código Penal, por lo que este delito en cualquiera de sus modalidades se castiga con cárcel y sin derecho a fianza.
Lo anterior “generó una desproporción totalmente violatoria de los derechos humanos que se ha mantenido intacta e incluso se ha agudizado, con diversas reformas en las que ya no importa el monto de lo robado, sino que el sólo hecho de robar ya exige cárcel”, añadió el especialista.
En charla con La Jornada, un ex funcionario de la Procuraduría General de Justicia del DF –que pidió anonimato– confirmó que “por presión de las tiendas de autoservicio y de la COPARMEX (el equivalente de ANEP en El Salvador) a los Diputados de la Asamblea Legislativa, los robos menores comenzaron a ser castigados siempre con prisión”, cuando antes sólo ameritaba una multa si el costo de lo hurtado era menor a 20 salarios mínimos.
Dicho cambio provocó que “más o menos 90 por ciento de los casos que se llevaban a los juzgados de delitos no graves fueran de robos. Hasta decíamos en ese entonces: “Vamos a ser más bien los juzgados de Walmart”, recordó.
Para asegurarse que los autores de robos-hormiga, los vagos, prostitutas, drogadictos de la calle no van a salir libres, la parte acusadora tiene varias opciones para agravar el delito, como alegar que éste se cometió con violencia o con algún objeto con apariencia de arma, aunque no sea así, indicó el ex servidor público.
“Este proceso sale más caro para todo el sistema penal que la misma sentencia, sobre todo si se trata de bienes sin mucha cuantía. Cómo ya no se puede conciliar, el sistema se va saturando con pequeños robos, en vez de concentrarse en castigar delitos más graves”, deploró. Así, los brutales carteles de la droga mexicana, no solo no han disminuido sino al contrario, han proliferado y armado hasta los dientes, producto de una “guerra” iniciada por el gobierno y aconsejada por los norteamericanos, donde ya han muerto más de cincuenta mil personas.
Además de representar un gasto considerable para el sistema penal, la política de enviar a la cárcel a los autores de robos pequeños también significa un “negocio encubierto” entre funcionarios de agencias del Ministerio Público y empresas afianzadoras que prestan dinero a los familiares de los acusados para que salgan libres bajo caución, dijo Pérez García.
En Nueva York por su lado, la intensiva caída en la actividad de la fuerza pública, ha disparado una mezcla de preocupaciones en unos y de esperanza en otros. Los críticos han usado la oportunidad para arremeter contra la “teoría de las ventanas rotas”, mediante la cual los crímenes de baja monta son vigorosamente perseguidos como manera de prevenir la ocurrencia de infracciones mayores.
Ese ha sido un principio fundamental de la política policial de Nueva York desde que Rudy Giuliani se convirtió en alcalde en 1994, pero ha sido muy criticado porque aplica castigos desproporcionados a las minorías pobres y marginadas. Algunos comentaristas se preguntan si la población empezará a notar que los previamente altos niveles de actividad policial son innecesarios para mantener la seguridad de la ciudad.
Muchos destacan una línea en particular de lo publicado por el Post: que la policía ahora “se hace la vista gorda en algunos crímenes menores y realiza arrestos sólo “cuando tiene que hacerlos”, algo que evidenciaría el exceso de celo que ejerce normalmente la fuerza”.
“Los principales afectados por estas políticas estrictamente represivas, son los jóvenes y las personas sin dinero para pagar un abogado o sobornos para evadir la cárcel. Se ha dado a esto un uso de limpieza social, para atacar a los más pobres y generar una industria con ellos. También forma parte de una sociedad que va creciendo con el temor a los jóvenes, a quienes se les considera fuera de control”, dijo La Jornada (México, diciembre 2014)
Así, mientras la estrategias de “Ventanas rotas” del señor Giuliani, tienden a proliferar en la llamada franja de Mesoamérica (¡dónde los indígenas somos demasiado malos y los pobres son por su condición, criminales!), el narcotráfico y el lavado de dinero, convierte nuestros desangrados y pobres países, en paraísos del crimen organizado, que hoy sostienen y desarrollan las “maras”, como un ejército de sicarios que hacen el trabajo sucio, a lo cual debemos sumar la frustración social y la brutal brecha de desigualdad que nos persigue históricamente, las cuales actúan como gasolina en este fuego que amenaza con descontrolarse.
Sostengo, plenamente convencido, que somos capaces de controlar la violencia desatada, sin necesidad de consejos extravagantes, sólo si cumplimos con las políticas y planes trazados por el Gobierno actual y suscritas por el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, entre las cuales se plantean la inmediata reestructuración de la Policía, el inicio de un cambio sostenido en el Sistema Penitenciario y el cumplimiento a los llamados del Presidente de la República, de afinar la administración de justicia y la fiscalía, en tanto se construye un sistema de justicia penal que funcione adecuadamente.
