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Amir Leiva
@DiarioCoLatino
La Vicaría Episcopal de Promoción Humana-Cáritas de la Arquidiócesis de San Salvador, a través de la Oficina de Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado de San Salvador, realizó el conversatorio “Memoria histórica y derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado salvadoreño”. El evento fue desarrollado en el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán con la presencia de especialistas en el tema como ponentes.
Tania Rosa, directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; Ricardo Gómez, procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH); Efraín Arévalo, coordinador del Área de inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y Salvador Menéndez Leal, maestro en Derechos Humanos y Educación para la paz de la Universidad Nacional de El Salvador (UES), fueron los encargados de la ponencia. Entre otros aspectos, uno de los puntos más destacados hasta ahora ha sido negado casi en su totalidad.
“El derecho a la verdad tiene una trascendencia no solo individual, sino colectiva; individual porque todas las víctimas tienen derecho a saber la verdad de lo ocurrido y colectivo porque a la sociedad, a la juventud que viene saliendo de las universidades, les interesa mucho saber qué fue lo que ocurrió en el conflicto armado para que no se vuelvan a repetir las mismas causas”, comentó Eduardo García, director de PRO-BÚSQUEDA, quien asistió al evento.
Para García, lo único que hace falta en El Salvador para que este derecho sea garantizado a las personas es la voluntad de hacerlo. “Realmente de leyes y jurisprudencia estamos bien servidos, lo que hace falta es voluntad, ganas de querer hacer las cosas, ganas de respetar los derechos, ganas de querer construir sociedad y construir democracia. Eso falta sobre todo en el órgano de justicia y la Fuerza Armada”, agregó.
Otro de los aspectos destacados fue la memoria histórica, elemento que, según los expertos, es indispensable para poder construir un ambiente de reconciliación y de paz en el país. “Nuestro territorio está, desde hace mucho tiempo, y aquí puedo mencionar la matanza del 32, la del Río Sumpul y el actual fenómeno de las pandillas, que son tres contextos precisos que demuestran que nuestro país carece de un mecanismo de investigación y de un adecuado conocimiento de la verdad”, dijo Ricardo Gómez, procurador adjunto de la PDDH. Entre los motivos por los cuales aún hay numerosas víctimas en la impunidad, es la falta de denuncias que exijan un esclarecimiento de los hechos.
“Los funcionarios ponen múltiples razones; que por presupuesto, que por capacidad, por falta de testigos, o porque simplemente no existe la información. El caso está en que de alguna forma no hacen frente a la situación que enfrenta el país de desconocer la verdad y de injusticia. Pero tarde o temprano estos funcionarios que ponen tanta excusa tendrán que darle explicaciones al pueblo, a la sociedad que los puso ahí, a los diputados, a la Asamblea y serán valorados por eso. Algunos podrían, incluso, incurrir en delito”, manifestó García.
Según datos proporcionados por Salvador Menéndez Leal, en 1991 se creó la Comisión de la Verdad, uno de los mandatos fue investigar hechos graves de violencia ocurridos desde 1980. Luego, el 26 de Julio de 1991, se firmó el Acuerdo sobre Derechos Humanos en San José, Costa Rica, ahí los firmantes pactaron dar prioridad a hechos que atentan con la vida e integridad que pudieran presentarse. Luego, el 16 de Enero de 1992, se firmaron los Acuerdos de Paz. Luego, el 23 de enero de 1992, siete días después de la firma de los Acuerdos de Paz, se aprobó la Ley de la Conciliación Nacional. Sin embargo, para la PDDH y Gómez, “a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, a 25 años incluso de la creación de la Procuraduría, la creación de la Policía Nacional Civil y desmovilización de antiguos cuerpos de seguridad, realmente no tenemos una verdadera paz; las causas y orígenes del conflicto, tales como la negación y el olvido de los derechos económicos, sociales y culturales, así como otros temas de satisfacción para la población persisten y no han sido resueltos”, aseguró.
