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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
La primera jornada de la Audiencia de Seguimiento, a la Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, dejó claro que la Fiscalía deberá abrir estos casos de crímenes de guerra, el Ejecutivo colaborar con información del Ministerio de Defensa y la Asamblea Legislativa emitir legislación acorde e integral a las víctimas.
“Nosotros esperaríamos que la Sala de lo Constitucional (CSJ) le dé siempre seguimiento a esta sentencia, porque se va evidenciando cada vez más que hay falta de voluntad para llegar a la justicia”, explicó Alejandro Díaz, de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
¿Qué encontraron luego de dos años de derogación de la Ley de Amnistía?
-La derogación de la Ley de Amnistía era una lucha que se traía por años, hubo una resolución inicial en el año 2000 que parcialmente permitía a los jueces aplicar o no dicha ley, pero el sistema judicial no estaba preparado para esto, ¿por qué?, porque no fue depurado debidamente como lo planteó en su informe la Comisión de la Verdad.
Eso requería una renovación y hasta de la misma Corte Suprema de Justicia, aquí se avalaron muchos crímenes que se cometieron durante esos años, puedo mencionar el de Monseñor Romero, que la misma corte en pleno evitó que se extraditara a Álvaro Saravia, uno de los autores del crimen y que nunca se investigó, porque nunca se depuró a la más alta esfera del sistema judicial.
Foto Diario Co Latino/Archivo.
¿Cuál fue la calificación para la Fiscalía General de la República?
-Los jueces tenían temor de abrir esos casos con militares involucrados y mucho menos (lo haría) la Fiscalía General de la República, cuando le dan el monopolio de la investigación en los años noventa y el nuevo Código Penal. Sin embargo, no aperturó ninguno de esos casos como los presentados por Tutela Legal u otras organizaciones de derechos humanos, sino que los archivaron y aún presentando las denuncias no pasaron a la etapa judicial.
Esto cambió el 13 de julio de 2016, cuando la Sala de lo Constitucional anula la Ley de Amnistía, por inconstitucional, en crímenes de lesa humanidad.
¿Cuál es la evaluación de ustedes con la audiencia de la CSJ?
-Estamos a dos años de esa sentencia y realmente todo lo que la Corte le exige de cumplimiento a varias instituciones del Estado y nos damos cuenta que en la mayoría no se ha hecho nada. La actitud de la Asamblea Legislativa ante la audiencia de la Sala de lo Constitucional, no tuvo otra salida que declarar que no ha cumplido nada (de la sentencia), por lo menos fue sincera su respuesta.
Mientras, el Gobierno argumentó haber realizado algunas acciones, pero la misma Sala de lo Constitucional le dijo que eran obras de desarrollo ordinario de gobierno dentro de programas sociales. Como dar salud a las víctimas mayores de edad y otras obras sociales, así como acciones de conmemoración. Y que para ellos son actividades que no están totalmente encaminadas a la justicia.
En algunas partes del territorio, sí han dedicado conmemoración a las víctimas, así como reconocer los sitios históricos de esas masacres, pero más allá, tanto el Gobierno como la Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República, no han llevado a los responsables de esos crímenes a los tribunales. Y han sido las organizaciones de derechos humanos, como Tutela Legal “María Julia Hernández” o Probúsqueda y otras, que nos abocamos a los tribunales para reaperturar los casos y denunciar de nuevo a la Fiscalía.
¿Cómo califican esta situación de búsqueda de la justicia?
-Se nota que hay un compromiso tácito entre estas instituciones, de no ir más allá y quedarse a la queja, de que no tiene recursos.
Como dijo la Fiscalía que necesitaba 84 millones de dólares para seguir adelante con los 160 casos que mencionó, y que no sabemos de dónde sacó 160 casos, pero quizás sumó las nuevas denuncias que se han ido a reiterar, porque como mencioné lo hemos hecho desde finales de los años ochenta.
Queremos que la justicia avance porque ha quedado evidenciado que no ha trabajado la Asamblea Legislativa para legislar a favor de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como aprobar la Ley de Reparación a Víctimas por el Conflicto Armado, que presentaron las organizaciones sociales.
La Asamblea Legislativa tardó dos años para crear una comisión ad hoc, hace apenas una semana, lo que nos ha hecho entrar en dudas, porque son personas que participaron en el conflicto armado y han sido señalados en informes posteriores sobre infracciones contra los derechos humanos. Y esto no es del agrado de las víctimas tampoco, porque no se evidencia una imparcialidad para hacer bien las cosas. Consideramos que si buscamos la justicia, debe integrarse a las víctimas en el debate de las políticas y leyes.
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