Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Montevideo/AFP
Lucía Lacursia
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que insta a los países del continente a reconocer el matrimonio homosexual con plenos derechos marca un antes y un después en Latinoamérica, una región con desigualdades significativas para la comunidad LGBT.
La decisión es determinante «para hacer mayor presión en aquellas legislaciones que no se han modificado y que requieren rápidamente una adecuación para garantizar los derechos de todas y todos, cualquiera sea la orientación sexual», dice a la AFP Silvia Augsburger, coautora de la ley de matrimonio igualitario argentina, aprobada en 2010.
El alto tribunal continental, con sede en San José, determinó que «todos los derechos patrimoniales que se derivan del vínculo familiar de parejas del mismo sexo deben ser protegidos, sin discriminación alguna con respecto a las parejas heterosexuales».
Al responder a una consulta de Costa Rica, la Corte IDH estimó que esa protección va incluso más allá de las cuestiones patrimoniales y abarca «todos» los derechos reconocidos a las parejas heterosexuales en la legislación interna de cada Estado.
Esto incluye el derecho a la adopción, al acceso a la salud de los cónyuges y a la pensión por viudez, entre otros.
El fallo, divulgado el martes, es vinculante para los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay.
De todos estos solo cuentan con leyes que garantizan el matrimonio igualitario Argentina (2010), Uruguay y Brasil (2013), Colombia (2016), y una parte de México (2009 en adelante).
Fallo «histórico» y «esperanzador»
El exhorto de la Corte IDH da «mucha esperanza y es fundamental para el respeto a los derechos humanos y la construcción de sociedades justas y en condiciones de igualdad», dijo a la AFP Lol Kin Castañeda, activista y, junto a su pareja, las primeras en casarse en México cuando se aprobó el matrimonio gay en la capital.
Ciudad de México fue pionera en legislar el tema en América Latina hace 8 años. Hasta la fecha, 14 de los 32 estados del país permiten el matrimonio homosexual.
De acuerdo con Rolando Jiménez, director del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) de Chile, la exhortación «es histórica» y «particularmente relevante» para avanzar sobre el tema en ese país, donde desde 2016 se regula la unión civil -no el matrimonio- entre personas del mismo sexo, pero sin derecho a la adopción, por ejemplo.
Ecuador se encuentra en igual situación.
La aprobación de leyes en asuntos controvertidos tiene un fuerte impacto en el imaginario colectivo. Por ello, María Rachid, secretaria General de la Federación Argentina LGBT, celebró la decisión.
La ley de matrimonio igualitario «tiene un efecto cultural como herramienta para la igualdad en el plano de la vida cotidiana, en el ámbito del trabajo, de la salud, de la educación, que afecta a todas las personas», dijo a la AFP.
Estado vs Iglesia
La Corte IDH aseguró en su fallo que algunos Estados deberán vencer dificultades institucionales para extender a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio, reconociendo que muchas veces la oposición se basa en criterios religiosos.
No obstante, destacó que «en sociedades democráticas debe existir coexistencia mutuamente pacífica entre lo secular y lo religioso», sin que una esfera interfiera en la otra.
Perú, un país conservador donde los nuevos ministros juran sus cargos arrodillados ante un crucifijo con una mano en la Biblia, no ha aprobado ninguna iniciativa pro matrimonio homosexual. Varios proyectos sobre el tema han sido rechazados en el Congreso.
El presidente del Movimiento Homosexual de Lima, Christian Olivera, dijo a la AFP que la decisión del tribunal continental «abre las puertas», al menos, a la regulación de las parejas del mismo sexo en Perú, con tres cuartos de población católica y donde las manifestaciones contra la unión civil homosexual o el aborto tienen concurrencia masiva.
Bolivia también tiene una importante tarea de cara al fallo. Recientemente, su Tribunal Constitucional declaró inaplicable una parte de la Ley de Identidad de Género que permite a transexuales y transgéneros ser reconocidos formalmente con su nueva identidad, al fallar que no les faculta a contraer matrimonio.
Lo mismo en Venezuela, donde medio centenar de organizaciones consignaron en 2013 un proyecto de ley de matrimonio igualitario, que sigue «en punto muerto», dijo a la AFP Quiteria Franco, coordinadora de la ONG Unión Afirmativa.
Aunque este país se retiró de la OEA y, por tanto, no está obligado a acatar los fallos de la Corte, Franco considera que Venezuela debería «ser congruente cada vez que dice que respeta los derechos humanos y permitir las modificaciones a la legislación» para permitir el matrimonio homosexual.
