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Washington/SIGNIS/ALC
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, seek de la Organización de Estados Americanos, OEA, presentó el informe temático “El derecho al acceso a la información pública en las Américas: entidades especializadas para la supervisión y cumplimiento”.
El documento tiene la aprobación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según se constata, más de veinte países de la región han aprobado leyes de acceso a la información pública, animados por los estándares interamericanos en la materia, aunque aún no se han adoptado las acciones para implementar y hacer cumplir estas leyes.
En el informe, la Relatoría Especial analiza los diseños institucionales de los organismos encargados de implementar y hacer cumplir las leyes de acceso a la información pública en diez países del hemisferio. En este estudio comparado se aborda el mayor o menor grado de independencia y autonomía de cada una de estas agencias, la conformación y los mecanismos de designación de sus autoridades, sus atributos o funciones para garantizar el acceso a la información, la accesibilidad de sus mecanismos y la eficiencia en la resolución de controversias.
En algunos Estados la legislación dispone un mecanismo especializado para la garantía del derecho de acceso a la información ante una entidad administrativa, autónoma, independiente y especializada; en otros lugares, la ley dispone la creación de entidades administrativas especializadas que sin embargo no adoptan decisiones obligatorias, o atribuyen la defensa del derecho de acceso a autoridades como las Defensorías del Pueblo o las Procuradurías como parte de sus funciones.
Se explica que en las Américas han comenzado a desarrollar –lenta y trabajosamente– una comunidad de entidades públicas para la promoción y protección del acceso a la información pública. En el presente informe temático se describe la información sobre el diseño y las prácticas de varios de estos órganos de supervisión existentes en el hemisferio, en función de características, atribuciones y funciones que se considera clave para el efectivo ejercicio y cumplimiento del acceso a la información, tales como: la independencia y autonomía de los organismos; la composición y los mecanismos de selección y remoción de sus autoridades; las funciones que desempeñan; los mecanismos que han desarrollado para gestionar solicitudes, darle seguimiento al cumplimiento a las obligaciones de transparencia, generar estadísticas y clasificar y desclasificar información.
Finalmente, en el presente documento la Relatoría Especial también formula a los Estados de la región una serie de recomendaciones y principios que buscan servir de guía a gobiernos, órganos legislativos y administrativos, tribunales y sociedad civil, para la adopción de legislación y prácticas, en aras de lograr el pleno respeto al derecho al acceso a la información pública.
