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San Francisco/AFP
Latinoamérica fue en 2014 la región más peligrosa para los activistas medioambientales tras el asesinato de 87 personas, for sale según un informe publicado el lunes por la organización británica Global Witness, pills que tacha a Honduras como el peor país para defender la naturaleza.
En total 116 personas perdieron la vida en todo el mundo por luchar contra proyectos que ponen en peligro la conservación de la Tierra, un 20% más que en 2013.
Brasil fue el país en el que se registraron más víctimas con 29 homicidios, seguido de Colombia con 25, Filipinas con 15 y Honduras con 12, el menos poblado de los cuatro.
El registro de asesinatos de activistas en África, Oriente Medio, Asia central y China es incompleto debido al limitado acceso que tienen las organizaciones internacionales y a la falta de medios de comunicación independientes en muchas de estas regiones, según el informe.
El estudio titulado «¿Cuántas (muertes) más?» (How Many More? en inglés) destaca que 47 de las víctimas mortales (40%) eran indígenas y subraya que los homicidios están relacionados con proyectos mineros, agrícolas e hidroeléctricos.
«El ataque sistemático contra los activistas también ha ido acompañado de protestas violentas, límites a las libertades civiles y leyes que debilitan la protección del medioambiente», señala el informe.
«Algunos gobiernos han usado asimismo leyes contra el terrorismo para atacar a los activistas y acusarlos de enemigos del Estado», agrega.
Honduras, el país más peligroso del mundo, teniendo en cuenta el número de crímenes per cápita, también es el lugar más hostil para defender la naturaleza.
Los ambientalistas son asesinados «de un disparo en la cabeza a plena luz del día, secuestrados, amenazados o hasta tratados como terroristas por oponerse al llamado desarrollo», denuncia Billy Kyte, analista de Global Witness, sobre el país centroamericano.
Al menos 111 ecologistas perdieron la vida entre 2002 y 2014, según el recuento de esta organización sin objetivo de lucro.
«Los verdaderos autores de estos crímenes, que tienen de fondo una poderosa conexión de intereses estatales y empresariales, están logrando escapar sin ser castigados. Es urgente tomar acciones para proteger a los ciudadanos y llevar a los culpables ante la justicia», agrega Kyte.
A pesar del peligro, muchos han seguido desempeñando sus labores en Honduras como Berta Cáceres, una reconocida activista indígena que lleva años recibiendo amenazas por las causas que defiende.
Cáceres, una de las fundadoras y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es la principal voz en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, que prevé la construcción de una represa en el río Gualcarque y dejará sin agua a cientos de nativos Lenca.
Desde 2013, tres de sus compañeros han sido asesinados por oponerse al plan.
Cáceres recibirá este lunes en San Francisco (oeste de Estados Unidos) el premio Goldman, uno de los más prestigiosos en el campo del medioambiente.
El año pasado lo recibió la peruana Ruth Buendía Mestoquiari, líder de la tribu asháninka, por evitar en 2010 la construcción de dos hidroeléctricas en la Amazonia peruana que habrían provocado el desplazamiento de miles de índígenas.
Asesinato reciente
El jueves disparo de bala causó la muerte de un poblador durante un enfrentamiento entre manifestantes y la policía en el sur de Perú, mientras el presidente llamó, cuando se cumple un mes de protestas contra el proyecto minero Tía María.
De acuerdo con la necropsia, el agricultor Victoriano Huayna, de 61 años, recibió un balazo que le comprometió la arteria femoral durante una manifestación el miércoles en la provincia de Islay, región Arequipa (unos 1.000 km al sur de Lima).
El hecho ocurrió cuando la policía dispersaba a un grupo de personas que intentaba bloquear una carretera, y en donde también se registraron unos 20 heridos, entre manifestantes y policías.
En Islay desde el 23 de marzo los pobladores, en su mayoría agricultores, mantienen un paro y enfrentamientos con la policía en protesta por el proyecto cuprífero Tía María de Southern Perú, filial de la mexicana Southern Copper, valorado en 1.400 millones de dólares, pues consideran que afectará su agricultura y el medio ambiente.
Desde 2009 la población se opone al proyecto Tía María y en 2011 murieron tres personas durante una protesta contra esas obras, que se declararon inadmisibles. Pero, dos años después, un nuevo estudio de impacto ambiental lo reactivó, con lo cual se reiniciaron las manifestaciones.
