LAVADO DE CARA

En un esfuerzo por legitimarse, las estructuras criminales procuran dejar atrás toda actitud criminal, en el ánimo de presentarse ante cualquier observador como interlocutores legítimos.

Esto es, alguien que cumple como el que más con las ordenanzas que la ley impone de regular a todos.

Sin embargo, ninguna estructura que haya cometido ilegalidades en sus orígenes deja nunca por completo atrás esa cultura identitaria.

Ahora tenemos una lucha frontal contra las pandillas, un hecho inédito sin precedentes, pues hasta hace apenas un año no se pensaba que tal posibilidad se concretara.

Así y por los crímenes cometidos por estas estructuras terroristas, la población sólo podía aspirar a encontrar el modo de hacerse justicia.

Qué decir de las desapariciones forzadas, los asesinatos, las violaciones, los ultrajes que, en contra de la familia salvadoreña estos cometieron, con virtual impunidad.

Y qué decir del aparato jurídico que incapaz simplemente acumulo los muchos casos que se fueron sumando al no poderlos procesar por no poder brindar las más mínimas garantías a los probables testigos, o de sencillamente ser rayanamente cómplices.

Ahora, consideremos los orígenes de las pandillas, y como estas constituyen un fenómeno relativamente novedoso en nuestra sociedad, con algo más de treinta y tantos años de existencia formal.

Esto porque, aunque no nacieron acá sino en EEUU, son hijas de la violencia estructural de nuestro país, expresada en los días que miles que tuvieron que huir migrando ilegalmente para sobrevivir a la represión del estado, por lo que su génesis está además en el conflicto y demás expresiones de violencia del estado contra la ciudadanía.

Se asientan en el país luego de los acuerdos de paz, desarrollándose precisamente en los espacios abandonados por el estado durante las privatizaciones que se suceden justamente al finalizar el conflicto armado.

Es decir; al transferir el estado sus obligaciones a los privados que beneficiará con las privatizaciones al final del conflicto armado, sumo condiciones para que las pandillas crecieran orgánicamente en esos espacios, al grado de asumir el control virtual de los mismos y fueran legitimadas por el propio estado que desde entonces negocia con ellas para incidir en esos territorios electoreramente.

Dicho de otro modo; los partidos pactan para ingresar e incidir en los espacios que estas ocupan y que antes abandonara el estado, por lo que constituyen, visto así, una impresentable relación necesaria en términos políticos.

Sin embargo, tal relación toca aparentemente a su fin con el estado de excepción decretado en marzo pasado implicando un parte aguas, pues las pandillas basan su poder en el terror, y despojadas de este son apenas grupos de cobardes envalentonados por su número, amparados en la impunidad.

Ahora el gobierno enfrenta una disyuntiva: abandonar de nuevo a las comunidades recuperadas a su suerte, o controlarlas efectivamente, es decir, asumir las responsabilidades pospuestas por tanto tiempo, lo que supone también enfrentar los vicios y perversidades de las privatizaciones, promotoras de las pandillas, y por supuesto a sus pocos beneficiarios.

Y ahí existen verdaderas mafias paralelas al estado.