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Montevideo/AFP
Uruguay abrirá a fines de julio el registro de consumidores de marihuana, que será producida por privados bajo fiscalización pública, para su distribución en farmacias, informaron a la AFP fuentes oficiales este miércoles.
El registro es una pieza clave en la implementación de la ley de Regulación del Cannabis aprobada en 2013 y permitirá que quienes deseen consumir marihuana legal, cuya producción será controlada por el Estado, accedan a un máximo de 40 gramos de la droga por mes.
En el marco de esta inédita iniciativa, empresas privadas que pasaron un proceso de selección abierto, producen marihuana en instalaciones colocadas en predios públicos bajo vigilancia estatal, para su posterior distribución en farmacias.
La marihuana ya “está siendo cosechada y secada”, informaron a la AFP fuentes del gobierno que pidieron el anonimato.
El registro se habilitará antes de fin de mes para tratar de cumplir con el plazo estimado por el Ejecutivo para que comience la venta al público, a mediados de agosto, indicaron los informantes.
El mecanismo, que será controlado por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), permitirá que una persona que quiera acceder de forma regular y legal a la droga se inscriba y la adquiera en locales de venta al público a través de un sistema de huella dactilar, sin necesidad de presentar identificación alguna al vendedor.
Las fuentes indicaron a la AFP que el número de registrados será esencial para determinar los volúmenes de la droga que serán puestos a disposición del mercado.
Venta y distribución
En principio, el gobierno apostaba a vender la marihuana solo en farmacias, pero en los últimos días indicó que no descarta la posibilidad de incorporar al sistema a otros agentes con locales en todo el país, incluso redes de cobranza de tributos o grandes supermercados.
La estrategia, aprobada durante la gestión de José Mujica en la Presidencia (2010-2015) con un 64% de la población en contra de la norma, apunta a competir con los vendedores de droga de contrabando y fue presentada por el propio mandatario como un “experimento” para luchar contra el narcotráfico.
La ley incluye otras dos formas posibles de acceso al cannabis.
El llamado “autocultivo” consiste en la tenencia de plantas en casa, hasta un máximo de seis por persona, para consumo propio. La droga no se puede enajenar con fines comerciales ya que su venta entre particulares continúa siendo un delito.
El otro mecanismo es la afiliación a clubes de cultivadores, que de forma cooperativa producen marihuana para sus afiliados. Pueden tener un máximo de 99 plantas por club.
Hasta el momento, solo resta implementar el mecanismo de venta al público monitoreado por el Ircca para que la norma entre completamente en vigor.
La discusión sobre la seguridad de los locales de expendio se ha extendido en las últimas semanas, pero los impulsores del proyecto confían en que los mecanismos de seguridad previstos para su almacenamiento así como los bajos volúmenes de la droga que serán acopiados en esos locales, disuadirán las tentativas de robo.
En Uruguay el consumo de marihuana ya era legal al aprobarse la ley en 2013. Sin embargo había un vacío que dejaba en manos del juez el destino de quienes cultivaban la droga en sus casas.
Varias fueron las personas que terminaron en prisión por orden judicial por poseer plantas de marihuana para consumo propio. Quien no cultivaba y quería acceder al cannabis, debía necesariamente comprar en el mercado negro.
