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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
La Ley LACAP es al Estado salvadoreño el recurso por el cual se aseguran la adquisición de bienes y servicios de la mejor calidad por el precio mas asequible, lo que se logra mediante una serie de pasos que de seguirse correctamente, derivan en la compra de recursos no producidos por el Estado salvadoreño, que implica un concurso por ellos, al que acceden de manera libre quienes quieran postular, y del que el estado y la ciudadanía se beneficiará eligiendo, comprando el de mejor calidad por el precio más accesible.
Por cierto, que además la ley en cuestión implica una serie de medidas de control que suponen el soporte de la calidad de los bienes en cuestión durante todo el proceso, así como los seguros por daños y prejuicios a terceros que su utilización pueda derivar.
De esta suerte el estado en general se asegura el ahorro por la compra de tales bienes, puesto que los proveedores por un lado y el estado por el otro, mediante el proceso referido realizan un intercambio de calidad, por un lado, al mas bajo precio posible, sin detrimento del primero, lo que garantiza un proceso virtuoso de ganar, ganar.
Podemos analogar lo explicado a lo que dentro de nuestros hogares sucede cuando cada mes definimos las prioridades que daremos al uso de nuestros recursos para satisfacer nuestras necesidades, y que se reduce a la búsqueda de los mejores precios en los diferentes establecimientos que oferten los artículos de nuestro interés.
Si lo hacemos bien sencillamente compraremos todo lo necesario para nuestro consumo, pagando también las cuentas y dejando un “ahorro”, el que sumado mes a mes podrá ser utilizado para la compra de otros bienes de mayor valor.
De tal suerte se prospera en familia y en el Estado.
Por otro lado, si en casa no ordenamos los gastos, gradualmente caeremos en un círculo vicioso que la aumentará -en particular si nos financiamos de más deuda-, lo que mas temprano que tarde derivará en uno imposible de sortear, que incluso puede provocar la disolución de la institución familiar.
Lo mismo que el Estado.
La 2ª semana de labores de la nueva asamblea legislativa la ha dedicado a la contratación de empréstitos, si bien algunos orientados a sentidas necesidades sociales, otras, para suplir al aparato militar, lo cual es por completo innecesario; pero además los asambleístas produjeron lo que la jerga popular denomina “Ley Alabí” de inmediata vigencia, que suprime a la LACAP, promoviendo una suerte de libre mercado estatal mas borrón y cuenta nueva, según el cual ningún funcionario dará cuenta por los gastos incurridos en la actual emergencia sanitaria.
Poesía pura.
Es, a todo entender, la legalización de la corrupción.
Si los funcionarios no dan cuenta por sus actos y presupuestos, simplemente están lucrando del erario público.
Los controles públicos tienen por propósito verificar la transparencia en el uso de bienes públicos, sin ellos, estos se orientarán al beneficio de intereses privados.
Ahora es eso mismo lo que se legalizó.
