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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Ala puerta de una segunda ola de contagios por Coronavirus y una futura paralización social de encierro obligatorio, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, junto a Women´s Link Worlwide, presentó el informe “Respuesta estatal al COVID-19: Sin enfoque de Género Miradas desde El Salvador”, que constituye un llamado de atención a las autoridades del Estado, sobre su papel en situaciones de crisis.
La investigación es sobre el análisis de 43 decretos que fueron expedidos al fin de aplacar los efectos de la pandemia, entre enero a julio del presente año. Y los impactos en la salud sexual y reproductiva de las mujeres, así como, el acceso a la justicia, un análisis obligado cuando se pretende garantizar la seguridad del 53.1 % de la población total salvadoreña.
En el marco de la campaña “Que el tapaboca no te calle”, la investigación relaciona la situación de derechos humanos de las mujeres durante la emergencia del COVID-19, evaluando las disposiciones jurídicas, que en sus hallazgos, no encontraron ninguna protección a niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, las migrantes, adultas mayores, mujeres con discapacidades, las privadas de libertad, mujeres rurales o las que viven con VIH, entre otras realidades.
Angélica María Rivas -integrante de la coordinación del estudio de la Colectiva Feminista- explicó que se analizaron 46 decretos emitidos por el órgano Legislativo y 41 decretos por el órgano Ejecutivo. De los cuales, seleccionaron catorce legislativos y treinta del ejecutivo, que están referidos en delimitar el ejercicio de los derechos humanos.
Tras la revisión del contenido de los decretos, Rivas, agregó la “falta de visibilización o función” del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), que consideró una ausencia en la respuesta ante el COVID-19; y en similares circunstancias al Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), ambas instituciones rectoras en protección de los derechos humanos.
“Los derechos sexuales y reproductivos engloban un conjunto de derechos humanos que tienen que ver, con un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, que incluye la salud sexual. Y no solo el asesoramiento y la atención en materia de reproducción y enfermedades de transmisión sexual”, afirmó.
Considerando, que los decretos para atender la pandemia, no contaron con una serie de consideraciones de los derechos a la salud sexual y reproductiva, al suspender muchos servicios o que fueron atendidos de manera deficiente; como el decreto que mandó a las mujeres embarazadas a resguardarse en sus hogares, pero no definieron de manera específica, el seguimiento de los controles prenatales o ginecológicos.
Según señaló Rivas, por la restricción de la movilidad y el temor a ser internadas en centros de contención, por agentes de la Policía Nacional Civil o Fuerza Armada, muchas arriesgaron su salud y sus vidas.
“El personal médico entrevistado expresó que en los centros de salud en donde laboraban suspendieron las citologías, una prueba rutinaria que se práctica por medio de una revisión ginecológica anual, que permite detectar desde infecciones hasta un cáncer de cuello uterino. Y la conclusión de los profesionales fue que la suspensión tanto de citologías como crioterapias (congelamiento para destrucción de tejido enfermo), podría representar un alza en casos de cáncer en el corto o mediano plazo”.
En cuanto al “acceso a la justicia”, Rivas reiteró el señalamiento reiterativo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el acceso a la justicia para erradicar la violencia contra las mujeres. Y en ese contexto, el estudio, reparó que aunque no suspendieron los procedimientos de imposición o prórroga de medidas de protección de conformidad con la Ley de Violencia Intrafamiliar, no se facilitó o permitió la circulación de las personas que tuvieron la necesidad de solicitar este tipo de medidas.
“En relación a la violencia feminicida, se advierte que ocurrió en similares proporciones en la zona rural y urbana. Tras considerar la nula o poca movilidad durante la duración de las medidas, es evidente que la violencia feminicida ocurrió en los lugares de vivienda de las mujeres. Lo anterior permite inferir la situación de inseguridad que enfrentan en el seno de los hogares y la alta probabilidad de que este tipo de violencia haya sido perpetrado por familiares o personas cercanas. Claramente, las medidas implementadas no lograron prevenir las violencias contra las mujeres”, expresó.
Marcia Aguiluz, abogada de Women´s World Wide, e invitada al análisis de los resultados del estudio, fue enfática en señalar que los Estados tienen una serie de obligaciones nacionales e internacionales, específicamente para erradicar la violencia contra las mujeres y eliminar todo tipo de discriminación.
“Para eso están todas estas convenciones de derechos humanos, CEDAW, y la Comisión Interamericana, en donde los Estados, se comprometen y cuando hay época de crisis -se obligan- a dar cumplimiento. Y con un poco de análisis, vemos en este estudio lo lamentable que las autoridades salvadoreñas no incorporaron el enfoque de género e incumplieron las convenciones internacionales”, comentó Aguiluz.
La investigación dejó establecido que las medidas de confinamiento trajeron una serie de consecuencias graves para las mujeres salvadoreñas, refiriendo que el pasado mes de abril, junto a Amnistía Internacional, redactaron una guía de protección a mujeres, en anticipo a que los gobiernos, estaban olvidando el enfoque de género en las disposiciones de la emergencia.
“El estudio registra en salud sexual y reproductiva, que hubo un período de reducción en la atención ginecológica del 50 %, y si nos vamos a los meses de abril-mayo, la reducción es 80 %. ¿Por qué es importante este dato? Bueno, cuando se entrevistaron a médicos -ellos dijeron-, que al no dar estas atenciones de salud ginecológica tendría implicaciones con el cáncer. Y simplemente, porque no se visualizaron los servicios esenciales para la mujer que no pueden esperar”, acotó.
Sobre el acceso a la justicia, Marcia Aguiluz es de la opinión que el problema lo generó la falta de movilidad social y no considerar fundamental el acceso a servicios judiciales. Pese a que estos hechos de violencia ocurrieron en los lugares que serían en teoría los “más seguros”, como los hogares. Agrega que aunque las cifras de la Fiscalía, registraron a septiembre 223 casos de violencia feminicida, hay informes de organizaciones de mujeres que distan de esas cifras.
“El hecho que se dé esta cantidad de violencia feminicida, violencia sexual, son indicadores que no hubo prevención de la violencia, de que no hubo una medición del impacto que iba a tener el confinamiento en la vida de las mujeres. Y un ISDEMU que reconoce que hubo una disminución en la atención a las mujeres en lo legal, psicológico y social, -ojalá fuera un indicador de disminución de violencia-, pero realmente indica que no existieron canales adecuados para denunciar y buscar protección adecuada”, reafirmó.
“El derecho a la salud sexual y reproductiva, así como el acceso a la justicia, es de importancia primordial y afecta de forma significativa al disfrute efectivo de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en El Salvador”, manifestó, Alberto Brunori, representante de la OACNUDH para América Central, en su intervención de la investigación de la Colectiva Feminista.
“Como primer comentario, la falta de políticas adecuadas ha repercutido de manera negativa en atención a la salud sexual y reproductiva de la mujer salvadoreña. Y la misma se ha visto limitada, también en otras circunstancias nos enteramos, que inclusive que fue interrumpida, aunado a la falta de información a las mujeres para el disfrute de sus derechos fundamentales”, manifestó.
Acerca de la repercusión en la salud de las mujeres, en los aspectos de salud sexual y reproductivos, acceso atención materna y del recién nacido, también el acceso a artículos de salud sexual, como anticonceptivos, entrega de medicamentos a personas que viven con VIH, o antibióticos para las infecciones por transmisión sexual, es un incumplimiento de los Gobiernos, con su compromiso de salvaguardar a las mujeres, consideró Brunori.
“La falta de un enfoque de género en las políticas relacionadas en la atención de salud y el acceso a la justicia a las mujeres en situación de violencia, las coloca en una mayor vulnerabilidad e indefensión.
Con ello, no solo se afecta una vida libre de violencia, sino que, otros derechos universales de las mujeres, como la vida, integridad física, igualdad y no discriminación, así como el acceso a la educación, salud y participación, su libertad de movimiento y libertad de expresión. Es decir, ataca de forma singular sus derechos y sus propios proyectos de vida, por todo esto, compromete la responsabilidad del Estado salvadoreño”, indicó.
Consciente, que al igual a otras crisis sanitarias o humanitarias, la pandemia del COVID-19 heredó más obstáculos que apertura al “camino hacia la igualdad de género”. Brunori instó al Gobierno salvadoreño a acatar el llamado del secretario general de la ONU, António Guterres, de poner “fin a toda la violencia, desde las zonas de guerra, hasta los hogares de las personas”.
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