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Quito/Prensa Latina
El proceso de juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y las elecciones internas en la Asamblea Nacional (Parlamento) son hoy motivo de negociaciones entre legisladores ecuatorianos.
La Comisión de Fiscalización se encuentra en estos momentos en la fase dedicada a la redacción del informe sobre el enjuiciamiento al mandatario por el presunto delito de peculado en un contrato entre la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la empresa Amazonas Tankers.
Independientemente de la determinación de esa mesa legislativa, la última palabra la tiene el pleno de la Asamblea, donde son necesarios 92 votos de los 137 miembros para sacar a Lasso del poder.
Los asambleístas de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES) y el Partido Social Cristiano (PSC) tienen sus posturas definidas a favor de destituir al jefe del Ejecutivo, y ambos suman 62 votos, insuficientes para lograr su objetivo.
Las posturas de algunos miembros de Izquierda Democrática, Pachakutik e independientes, son inciertas todavía y serán ellos quienes definirán la suerte del gobernante.
Entretanto, existen acusaciones de venta de votos a cambio de respaldar la permanencia de Lasso en el poder, incluso se filtró un audio donde la subcoordinadora de Pachakutik, Cecilia Velasque, habló de negociar tres ministerios.
Por otro lado, el 14 de mayo se elegirá al nuevo presidente de la Asamblea, las dos vicepresidencias, los integrantes del Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y quienes estarán al frente de cada una de las comisiones parlamentarias.
Entre los aspirantes a dirigir el poder legislativo están el actual jefe de ese órgano, Virgilio Saquicela (independiente), y la primera vicepresidenta, Marcela Holguín, de la bancada UNES, la más grande con 47 asambleístas.
La elección de las autoridades ocurrirá antes de la votación final del juicio político contra Lasso, prevista para la segunda quincena de mayo.
Por esa razón algunos legisladores alertaron que podrían existir negociaciones a cambio de votos a favor o en contra del proceso para censurar y destituir a la máxima autoridad del país.
