Por Alina Dieste
Washington/AFP
Legisladores estadounidenses urgieron a Honduras a esclarecer el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, advirtiendo que no hacerlo puede arriesgar la asistencia económica de Washington al país, tras conocerse esta semana un informe que involucra a agentes estatales en el crimen.
La falta de voluntad política para encontrar a los responsables de la muerte de Cáceres, baleada en su casa en marzo de 2016 cuando se oponía a la construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena, puede comprometer la continuidad de la ayuda a Tegucigalpa, advirtieron el senador Patrick Leahy y la representante Jan Schakowsky, ambos demócratas.
«El gobierno hondureño debería saber que los ojos del mundo están sobre ellos, y que su mal manejo de este importante juicio no pasará desapercibido», dijo el jueves Schakowsky.
Schakowsky, integrante de la Comisión de derechos humanos Tom Lantos del Congreso estadounidense, deploró en un comunicado la «inaceptable» tardanza del ministerio público hondureño en realizar una investigación «justa y exhaustiva» sobre el asesinato «a sangre fría» de Cáceres.
Por su parte, Leahy, principal demócrata en la Comisión de asignaciones presupuestarias para relaciones exteriores del Senado, denunció lo que consideró una «flagrante falta de voluntad política».
«Cualquier esperanza que el gobierno hondureño pueda tener de una asistencia continuada de Estados Unidos en virtud del Plan de la Alianza para la Prosperidad dependerá, en parte, del resultado del caso de Cáceres», dijo Leahy en un texto publicado el martes, cuando el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) divulgó su informe en Tegucigalpa.
Desde el lanzamiento en 2014 del Plan Alianza para la Prosperidad, que incluye a Honduras, Guatemala y El Salvador, Estados Unidos ha asignado 1.300 millones de dólares a esa región, en programas que, entre otros, buscan reducir la impunidad.
Impunidad «desenfrenada»
Especialistas del GAIPE y familiares de Cáceres presentaron el jueves en Washington en audiencias en la Cámara y el Senado estadounidenses las conclusiones de su investigación, que también hicieron conocer a funcionarios del Departamento de Estado.
«El objetivo de traer (este caso) a Washington es porque sabemos que Estados Unidos financia en gran medida parte de la fuerza pública» en Honduras, dijo en rueda de prensa Roxanna Altholz, experta de la Universidad de California en Berkeley e integrante del GAIPE.
Según este panel de especialistas independientes, surgido hace un año a instancias de la familia de Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que Cáceres coordinaba, el asesinato de la ambientalista «respondió, como mínimo, a un plan concebido» en el que participaron agentes estatales y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA).
«El reporte que se publicó esta semana nos da evidencia clara e inequívoca del cuidado con el cual se planeó este asesinato y de que tan desenfrenada ha sido la impunidad hasta ahora», enfatizó la congresista Schakowsky.
«Este informe condenatorio corrobora lo que muchos sospecharon: que la investigación del asesinato de Berta Cáceres estuvo plagada de incompetencia, intentos de bloquear y desviar la culpa para proteger a quienes concibieron y pagaron por este complot», apuntó Leahy.
Ocho personas están detenidas acusadas de ser autores materiales del asesinato de Cáceres, pero su familia y el Copinh exigen llegar a los autores intelectuales.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos, como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), también demandaron al Estado hondureño investigar a los autores intelectuales.
«Es imperativo que el sistema judicial adopte todas las medidas necesarias para garantizar una investigación exhaustiva y sancionar a los responsables por autoría material e intelectual», dijo Adriana Beltrán, coordinadora del Programa de Seguridad Ciudadana para WOLA.
«Las irregularidades y falta de voluntad política en esclarecer este caso emblemático ponen en serio riesgo la continuidad de la asistencia estadounidense», agregó.