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Los privados de libertad que padezcan enfermedades terminales podrán salir de la cárcel en la que cumplen su condena, sales esto debido a que la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen que lo permite.
Misael Mejía, prescription diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), viagra sale explicó que la medida pretende disminuir el hacinamiento en las cárceles del país.
“Es una medida importante, porque busca disminuir los niveles de hacinamiento de las cárceles, que es una de las causas por las que es difícil que el sistema penitenciario cumpla con el mandato que la Ley Penitenciaria le da al Estado de rehabilitar a los privados de libertad”, dijo Mejía.
El diputado del FMLN aseguró que el objetivo del Gobierno es reducir el ocio carcelario, es decir, que los privados de libertad no se dediquen a actividades productivas.
“El Gobierno está desarrollando una serie de medidas importantes para que el sistema penitenciario tenga cero ocio carcelario y que vayamos en una ruta de sacar a los presos a trabajar”, afirmó Mejía.
Asimismo, el legislador de izquierda comentó que el decreto tendrá una vigencia de 12 meses. Con la reducción en el número de reos dentro del sistema penitenciario, también se pretende generar mejores condiciones para la readaptación de los privados de libertad.
Mejía indicó que la medida aprobada por el Legislativo se suma a otras que son implementadas en el sistema penitenciario, entre ellas la prohibición de que los reos no cuenten con dinero en efectivo.
“Estás medidas contribuyen enormemente a generar que el Estado tenga mucho más control sobre los centros penitenciarios de nuestro país, es una medida importante, pero no es lo único que se está haciendo”, aseguró el diputado del FMLN.
Las “Disposiciones transitorias de emergencia para la descongestión del sistema penitenciario” fueron aprobadas por 74 votos. Para gozar de la libertad, los reos deberán cumplir varios requisitos, como haber sido condenados por delitos que no impliquen penas severas ni conductas de peligrosidad, que tengan avanzada edad o incapacidad, y que no representen riesgo social.
Datos de la Dirección General de Centros Penales indican que serían unos 900 reos los que se beneficiarían por la medida aprobada por los parlamentarios, dentro de un universo de más de 33 mil privados de libertad.