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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas hizo un llamado a diputados y diputadas que tomarán posesión de sus cargos públicos el próximo 1 de mayo, a no olvidar su compromiso de honrar y preservar los derechos de la población, quienes les respaldaron con su voto el recién pasado 28 de febrero.
“Es importante que en verdad realicen su trabajo, procurando el bien común, al servicio del pueblo que los ha elegido. Le hacemos el llamado a la nueva Asamblea Legislativa, a que legisle en defensa de los derechos del pueblo salvadoreño, y, no en favor del gran capital o de algún grupo de poder, pues esto sería traicionar la elección popular, en virtud de la cual son legisladores”, manifestó Escobar.
El prelado católico hizo énfasis en retomar temas tan sensibles como el reconocimiento a los derechos humanos del agua y saneamiento; y la alimentación adecuada. Que en tres ocasiones las legislaturas han eludido la ratificación, lo que consideró una “burla a la población”.
“Esperamos de la nueva legislatura que tomará posesión próximamente, que rompa ese juego perverso y que ratifique dichas reformas. Puesto que dichas reformas no son, sino, solo el reconocimiento de derechos fundamentales, inalienables e inherentes a la condición humana de las personas. Y es la defensa de esta clase de derechos, la razón de la Constitución política de un pueblo; y, esa es también la razón de ser de los parlamentos”, agregó el prelado católico.
En su exhortación a los nuevos funcionarios públicos, monseñor Escobar Alas consideró que se debe consultar al pueblo y organismos representativos y sociales, al considerar que nunca una Asamblea Legislativa debería estar para debilitar o impedir los derechos de la población o para otorgar derechos ilegítimos a grupos de poder.
“Les pedimos a los nuevos diputados que promuevan y aprueben la Ley General de Aguas, con una unidad rectora pública y amplia participación ciudadana. Asimismo, que promulguen la Ley de Seguridad Alimentaria. Y, las leyes que el pueblo necesita para su sana y justa convivencia ciudadana, protegiendo siempre los derechos del pobre, de los trabajadores, de los migrantes, de los niños, de las mujeres y las víctimas”, sostuvo.
Sobre el cuestionamiento del proceder de la legislatura saliente, monseñor Escobar Alas declinó hacer calificativos, al responder que prefería “no sumarse al coro de esas expresiones que ya hay muchas”, y aclaró que sus señalamientos no son a personas en especial porque sería un acto injusto con las personas que cumplen con su mandato en un organismo colegiado.
“Lo importante es que no hemos podido obtener las leyes que ha pedido el pueblo con tanta insistencia, yo no tengo nada contra nadie o la institución, sino que, hablamos en beneficio del pueblo. Y esta de más decir, que lamentamos que no se hayan aprobado estas leyes, sin ver un interés real de proteger los intereses del pueblo. Hay muchas deudas como la Ley de Reconciliación. Nosotros presentamos una Carta Pastoral, en donde hacemos recomendaciones a los nuevos legisladores apuntando los temas pendientes, pero no es nuestro interés descalificar a las personas”, enfatizó.
En cuanto a la nueva Asamblea Legislativa, Escobar Alas dijo estar expectante a los aciertos por el bien del pueblo. Y dejar atrás marcos jurídicos o leyes con falencias (engaños) como el artículo 85, de la Constitución de la República, que niega el derecho de participación democrática a la ciudadanía, y entrega este poder de decisión a partidos políticos, que puede terminar generando un “imperio de los partidos”, por su empoderamiento.
“El artículo 236, que blinda a los diputados y funcionarios, para que no respondan a la ley por cualquier delito cometido, eso no puede ser, es totalmente injusto. Si pueden tener fuero en cumplimiento de sus deberes, en cuanto, que si por cumplir su labor tendrán persecución la ley lo protege -magnífico- pero establecer derechos absolutos sobre un grupo de personas eso no es justo, porque no hay igualdad. Y el artículo 240, que favorece la corrupción al establecer la prescripción (finalizar) cuando han cometido delito de enriquecimiento ilícito con los bienes del Estado, que después de diez años, nadie los puede juzgar. ¿Cómo es posible que la Constitución diga eso?”, manifestó el arzobispo.
