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Redacción Nacionales
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La Asamblea Legislativa aprobó esta tarde la “Ley Anticorrupción”, propuesta por el Ejecutivo con el presunto fin de “prevenir, detectar, investigar y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de la función pública”.
La ley se aplicará a empleados y servidores públicos, agentes de autoridad de cualquier órgano de Gobierno y para esto se creará el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción para hacer labores de regularización y verificación del patrimonio.
Entre los puntos más relevantes del decreto aprobado está la obligación de presentar, todos los años, una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta por parte de los servidores públicos y a sus familiares. Dicha declaración será publicada y accesible para cualquier ciudadano que desee consultar este tipo de documentos, por ende, serán de carácter público.
Los oficialistas consideraron que la Ley Anticorrupción “elevará el perfil de los funcionarios actuales y los que vengan”, ya que deben rendir informe de sus activos y pasivos.
Además, desde las auditorías se establecería un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas de la República (CCR), con vínculo directo con la Fiscalía General de la República (FGR). Se creará un Centro Nacional Anticorrupción, para realizar labores de inteligencia con tecnología avanzada dentro de la FGR.
