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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La Comisión AD-HOC para el estudio de la Ley de Asocios Público Privados (APP) recibió la visita de funcionarios del Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (PROESA), Fondo del Milenio El Salvador (FOMILENIO) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), con el objetivo de satisfacer dudas y escuchar sugerencias a los cambios que se planean hacer a dicha ley.
Con los APP se busca mejorar el desarrollo de proyectos para la provisión de infraestructura y de servicios públicos y de interés general. Para PROESA, la diferencia entre esta normativa y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) radica en la seguridad de la inversión.
“Una de las grandes diferencias entre la licitación vía Ley APP y la LACAP es precisamente la rigidez de esta última, mientras que la APP constituye un camino explícito para sacar adelante las licitaciones de proyectos porque sus normas de ley son mucho más certeras, transparentes y flexibles”, explicó Shafick Collazo, representante de PROESA.
Las reformas que se pretenden hacer a la ley van dirigidas a facilitar el ejercicio de la normativa, darle un marco legal más efectivo y presentar al inversor un abanico más amplio de opciones para hacer negocios.
Algunas de las reformas a la ley son: que PROESA asesore a las instituciones contratantes del Estado que desean impulsar proyectos de APP. Específicamente en la elaboración de estudios de factibilidad y otros necesarios para desarrollarlos, brindar apoyo y asistencia a dichas entidades, para la identificación de proyectos a desarrollarse mediante esta modalidad. También, realizar el procedimiento de licitación cuando le corresponda.
Según FOMILENIO, la normativa se constituirá en una herramienta para la atracción de inversiones, ya que permitirá tener un banco de posibles proyectos que caigan dentro de la figura APP, donde los privados se aseguren que tendrán una tasa de retorno segura y que tenga rentabilidad.
En lo que se refiere a sugerencias hechas por FUSADES, ANEP y FUNDE de agregar a las ofertas de licitación los servicios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y la cartera de salud en general, educación, agua y seguridad, en la prestación de estos servicios queda excluida la posibilidad de licitar por parte de capitales privados, ya que son servicios que en la actualidad son gratuitos para la población.
Las únicas ventanas de licitación que el gobierno permitirá en estas áreas por parte de los APP serán proyectos de construcción de infraestructura y provisión de materiales.
Ante la preocupación de algunos sectores de la sociedad de que con esto se esté dando un paso a la privatización de estos servicios, Santos Melara diputado del FMLN dijo que tanto el gobierno como el partido de izquierda vigilaran que esto no suceda.
“Sí bien los asocios público privados representan una modalidad de involucramiento del sector privado, depende de la parte contratante el vigilar que servicios sean resguardados y no se vaya a caer en costos para la ciudadanía, este no es un cheque en blanco que se está dando a la empresa privada, habrá que revisar cada uno de los contratos”, expreso el diputado.
Además, agregó que: “lo que sí estamos claros nosotros es que no vamos a ponerle más cargas a la población en costos de servicios, eso si no lo vamos a aceptar, estaríamos de acuerdo en lo que se refiere a obras de infraestructura es decir podemos autorizar un asocio en la construcción de una carretera, pero no vamos a permitir que se esté cobrando un servicio a quienes transitan por ella”.
El diputado oficialista también indicó que el gobierno como parte ofertante de los proyectos tiene la decisión de elegir si establece o no asocios público privados.
Se espera que esta ley con las reformas planteadas sea aprobada a finales de este mes, por lo que los diputados seguirán recopilando información y sugerencias para tomar una mejor decisión sobre el tema.
