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La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), ask conmemoró el segundo aniversario de la puesta en marcha de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), check con un breve resumen sobre los más notorios avances, limitaciones y retos a la fecha.
Esta ley nació con el fin de informar a periodistas y público en general sobre todas las acciones que realice cualquier entidad pública, dicha información se cataloga como pública, reservada y confidencial.
Para la comisionada de la LAIP, Herminia Funes, una de las limitantes es esta misma clasificación de información, ya que en algunos casos se deja a criterio de los mismos funcionarios de gobierno, debido a la falta de actualización en las normas, las cuales no están adaptadas a la realidad nacional.
Para poder solventar este tipo de vacíos en el proceso, el Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP), está ampliando sus insumos tanto físicos como materiales, implementando capacitaciones para los oficiales de información y cursos informativos a Alcaldías. “Esto puede beneficiar al funcionario, ya que la gente puede confiar más, si sabe sobre su gestión”, comentó Funes.
Por otra parte, dentro de los logros más significativos está la creación del Instituto de Acceso a la Información Pública, como instancia autónoma y reguladora de la aplicación de la LAIP, también se crearon oficinas de información pública en los 14 ministerios, 65 instituciones autónomas y 4 en la Presidencia de la República.
Además se ha recibido ayuda de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO), por medio de su programa “Municipios transparentes”. Este programa pretende educar a las municipalidades de cómo funciona y los beneficios que trae dicha ley. Los principales retos que la IAIP se ha trazado es el empoderar a la ciudadanía a que exija su derecho de información, el fortalecimiento de la información a las instituciones e instancias creadas en virtud de la LAIP.
A esto se le suma la petición de la Sub secretaría de transparencia y anticorrupción, Aurora Cubías, de continuar con los mismo oficiales de información en este nuevo gobierno, ya que disminuiría costos en capacitaciones y elevaría la eficiencia en el proceso del acceso a la información pública.
