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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Las organizaciones que integramos la Mesa contra la Impunidad en El Salvador rechazamos el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, presentado por el presidente Nayib Bukele, el pasado 8 de noviembre, por ser violatorio a derechos fundamentales”, dijo Sonia Rubio Padilla, de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) que integra la MECIES.
Diversas organizaciones pro derechos humanos, se pronunciaron ante lo que consideran una “herramienta legal y política” para dar persecución a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el país, pese a las justificaciones del gobierno que buscan preservar la soberanía nacional. “No es una ley de transparencia, lo hacen para perseguir a personas defensoras y periodistas independientes. Esta ley buscará castigar supuestas actividades de las organizaciones civiles que afecten la seguridad , la soberanía nacional y la estabilidad política, que son conceptos indeterminados que solo serán para justificar cargas impositivas desproporcionadas”, señaló Rubio.
Asimismo, manifestó que la amenaza del cierre de organizaciones no gubernamentales y hasta la medida de cárcel contra las personas defensoras de derechos humanos, amenaza el Estado de Derecho en una sociedad democrática.
“Este tipo de conceptos ambiguos fueron utilizados en el siglo XX para la persecución política y la perpetración sistemática de violaciones de los derechos humanos en EL Salvador y pro actuales gobierno de corte autoritario como Nicaragua y Venezuela con propósitos similares”, agregó Rubio.
“Este proyecto de ley, además de lesionar importantes derechos humanos de la población aislaría más al país de la cooperación internacional, perdiendo con ello importantes aliados internacionales que han cooperado en distintos campos del desarrollo económico, social y político”, sostuvo Rubio.
Otra preocupación expresada por la MECIES es la amplitud de incidencia que tendría el Ministerio de Gobernación y el presidente Nayib Bukele, a través de un “registro” de los supuestos agentes extranjeros, al poder vigilar, controlar, coartar y coaccionar el trabajo que realizan las organizaciones, con las ilimitadas potestades para “auto-reglamentarse” y estableciendo de forma arbitraria procesos de administración para imponer los mencionados castigos que contiene esa normativa.
Irene Gómez, de CRISTOSAL, señaló que con la nueva normativa será “castigada” la cooperación solidaria ante el impuesto (40%) que tildó de confiscatorio y, por lo tanto, inconstitucional en la acción que tomaría el Gobierno de calificar la organización y al cooperante como “agente extranjero”.
“Esta imposición, así como la multas superiores a los cien mil dólares, tienen claramente la finalidad de paralizar las operaciones de las organizaciones civiles e impedir que reciban la cooperación de solidaridad”, dijo Gómez.
“Las organizaciones de derechos humanos -la mayoría constituidas como asociaciones y fundaciones sin fines de lucro-, ya están reguladas y cumplen sus obligaciones de acuerdo con la ley vigente (1996), que rinden a los ministerios de Gobernación, Hacienda y Trabajo en sus áreas de competencia y auditorías internas y externas de cooperantes y donantes”, aseveró Gómez.
La MECIES exigió a la Asamblea Legislativa que desista de aprobar el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, que no solo violentan derechos fundamentales, sino que daña irreversiblemente la libertad de expresión , difusión del pensamiento, el derecho a defender derechos , el derecho a la no discriminación y el derecho a un debido proceso y que solo evidencia el atropello a la Constitución de la República.
En cuanto, a las declaraciones de Jean Manes, sobre su retiro del país, como Encargada de Negocios interina por Estados Unidos, que registró varios desencuentros diplomáticos con funcionarios y el mismo presidente Nayib Bukele, tocaron fondo, dándose una “pausa” entre ambas naciones, situación que valoró, David Morales, director de Derechos Humanos de Cristosal, como derivaciones de un régimen que ha llegado a controlar todos los poderes del Estado. “Es un régimen que no está respetando leyes internacionales, que no está interesado en respetar los derechos humanos, – en este caso en particular con Estados Unidos-, cuando está negando a través de la Corte Suprema de Justicia del régimen la extradición de líderes pandilla que han cometido crímenes gravísimos, y son personas de alta peligrosidad, están siendo protegidos por el mismo Estado”, dijo Morales.
“Han desbaratado la independencia judicial, por esto El Salvador, no es más una democracia y ese estilo de gobernar antidemocrático, autoritario en una evidente ruta hacia la dictadura del presidente Bukele. Genera tensiones diplomáticas en diferentes aspectos.
