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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
Activistas defensores del agua expresaron su preocupación por el envío de un proyecto de ley de agua por parte del Gobierno a la Asamblea Legislativa prácticamente sin la participación de la sociedad civil y afirmaron que esa normativa debería de dejar clara la prioridad del uso con interés humano del recurso y no supeditar este derecho a intereses económicos.
Amalia López, de la Alianza Contra la Privatización del Agua, señaló que hay especial preocupación por el uso indiscriminado de tierras para el cultivo de la caña de azúcar, el proyecto de Zonas Económicas Especiales y el proyecto Surf City.
López dijo, en entrevista con el programa República de canal 33, que las tres actividades generan un fuerte estrés hídrico en los territorios y las personas que habitan esos lugares, lo que en consecuencia trae mayores sacrificios a esas poblaciones y una mayor gasto.
Agregó que la ley debería dejar resueltas todas estas situaciones, como el alto costo del agua en las zonas rurales donde la población de escasos recursos se ve más afectada, adquiriendo este recurso a alto precio, lo que le incrementa los niveles de pobreza.
“De esto hay que hablar, y sobre todo de esta apuesta sobre Surf City; esto también le pone estrés hídrico a las poblaciones que están en la zona costera, que ya está gravemente afectada por el monocultivo de la caña y esto les ha bajado sus niveles de agua”, dijo López.
Este proyecto insignia del gobierno plantea convertir a la costa salvadoreña en una industria turística centrada en el surf, con la construcción de infraestructura vial y hotelera.
“El Surf City lo que va a privilegiar es el agua para uso recreativo. Es decir, los hoteles, restaurantes, ellos son los que van a utilizar primero el agua y, ¿qué pasa con la población que está en ese entorno? Esa gente va a sufrir estrés hídrico y a esas personas les va ser más caro obtener agua”, advirtió la defensora del agua.
La estrategia de las Zonas Económicas Especiales, que también las plantearon los gobiernos del FMLN, también son de preocupación para los movimientos civiles por el derecho humano al agua.
“Nos preocupa la apuesta económica que tiene este Gobierno porque está hablando de Zonas Económicas Especiales, esto es entregar parte de la soberanía a un inversor extranjero, cualquiera sea el país, y ese inversor extranjero tendrá derecho a usar todo lo que esté en ese territorio”, señaló.
En tal sentido, dijo López, los bienes naturales como el agua y otros bienes se van a ver afectados porque ellos van a decidir cómo van a distribuir estos bienes naturales, especialmente en una zona (oriente) donde la mayoría de municipios afectados están en el denominado Corredor Seco, donde la escasez del agua es más intensa. “No podemos permitir que por beneficiar a la industria, por beneficiar el uso recreativo, la gente se quede sin agua en las comunidades”, afirmó.
Según la dirigente, la Asamblea deben revisar tanto la propuesta de ley presentada por el gobierno como la iniciativa de los sectores sociales, cotejarlas y sacar un producto final en función de la mayoría de la población.
En tanto que Andrés Mackinley, asesor de medio ambiente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas(UCA), lamentó que los diputados de la Asamblea Legislativa estén cerrando puertas a la opinión de las comunidades al señalar a las organizaciones sociales como “grupos de fachada” para deslegitimar su lucha, tal como lo hacían los gobiernos durante las dictadoras militares.
También se mostró sorprendido con las declaraciones de la presidenta de la comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, Sandra Martínez, quien afirmó que la propuesta presentada por las organizaciones sociales no tenía ni una letra de beneficio para el pueblo.
“Nos sorprendió mucho cuando la presidenta de la comisión de medio ambiente comentó que las leyes del agua anteriores no tienen ni la más mínima palabra de que sea para el beneficio del pueblo. Esa es señal de que esta persona no leyó nuestra propuesta ciudadana o que no entiende los elementos más claves para una ley general de agua”, afirmó el asesor.
Mackinley afirmó que la nueva ley propuesta por las organizaciones defensoras del agua plantea cinco puntos esenciales: Es un “bien común”, es de todos y no se puede privatizar, es un derecho humano, tiene que ser gestionada por el sector público estatal y su uso prioritario debe ser el ser humano.
“La problemática de agua que sufrimos en El Salvador no comienza en el chorro, comienza en la cuenca a través de la de forestación, el mal uso de suelos, la aprobación de actividades económicas que amenazan el agua en la cuenca”, señaló Mackinley.
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