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@GloriaCoLatino
La reciente admisión de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Extinción de dominio y Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que le permite al Estado confiscar bienes procedentes de este tipo de actividades, podría ser un revés al combate del Crimen Organizado en el país.
La Ley de Extinción de Dominio y Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita fue aprobada en noviembre del año 2013, por el voto unánime de los grupos parlamentarios en la Asamblea Legislativa, que da facultad al Estado de expropiar bienes, luego de un proceso judicial y de comprobarse actividades relacionadas con: lavado de dinero y activos, narcotráfico, delitos de corrupción, actos de terrorismo, tráfico de armas, trata de personas y otras acciones del Crimen Organizado, pandillas o cualquier otra agrupación de esta naturaleza.
Margarita Posada de ASGOJU afirmó que les “extraña” que la Sala de lo Constitucional haya dado cabida a este recurso de inconstitucionalidad, que de declararlo a favor del demandante estarían dejando al Estado sin las herramientas y fondos para el combate del Crimen Organizado.
“Esta Ley de Extinción de Dominio establece también que los fondos confiscados se distribuyan entre las instituciones encargadas de la seguridad pública un 35% a la Policía Nacional Civil; otro 35% a la
Fiscalía General de la República; el 10% para el Ministerio de Defensa y un 5% para la Procuraduría General de la República para administrar los bienes confiscados”, explicó.
Posada agregó, que las dudas surgen en ASGOJU con el accionar de los magistrados de la Sala de lo Constitucional que impulsan un “boicot” sistemático contra el actual gobierno de izquierda, al bloquearle los recursos financieros para evitar que opere con eficiencia.
“Es importante que la población conozca esta situación, porque uno de los golpes que se deben dar al Crimen Organizado es la extinción de bienes y que esto pase a fortalecer la institucionalidad del Estado o acaso -nos preguntamos en ASGOJU- porque admiten una demanda contra una ley necesaria para combatir la criminalidad o es qué buscan favorecer y ayudar los grupos criminales”, sostuvo.
Para Leonel Herrera, la duda surge porque nadie debería tratar de revertir una ley contra el Crimen Organizado y en un componente más estratégico que son las finanzas en actos graves de corrupción y otras actividades ilícitas de grupos criminales.
“Nos llama la atención que una ley que es necesaria sea sometida a un proceso de inconstitucionalidad -y sabemos que no necesariamente va a ser declarada inconstitucional- pero es llamativo y queremos alertar
al país sobre el peligro que esto suceda tendríamos consecuencias nocivas e interés común para el combate a la criminalidad”, dijo.
Asimismo, señaló la falta de “transparencia” de la Sala de lo Constitucional con el manejo del recursos de inconstitucionalidad que
en su argumento el abogado demandante señala que la Ley de Extinción de Dominio podría vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos, que consideraron, sin validez, porque en estos casos hay previo un proceso judicial.
“Es extraño que la Sala que todo lo publica en Tweeter nadie se dio cuenta que esto pasó, nos enteramos porque el abogado demandante le filtró a un periódico que la Sala le admitió su demanda -sino no nos enteramos- entonces las preguntas son ¿Por qué la Sala quiere que esto pase desapercibido?, ¿Qué esconde la Sala de lo Constitucional?”, puntualizó.
