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Oscar López
@Oscar_DCL
Camila Portillo, educadora en Prevención de VIH y en Derechos Humanos de ASPIDH–ARCOIRIS explicó que es importante que El Salvador cuente con una ley de identidad de género, ya que con ello se beneficiaría la población transgénero, pues les garantizaría su derecho a la identidad; además de facilitarles el acceso a servicios públicos y privados.
“Las personas trans tanto hombres como mujeres van a acceder de forma más fácil al circuito de instituciones que brindan servicios como educación, salud, vivienda que son aspectos que a lo largo de la historia no han podido acceder por no tener un nombre que nos identifique según nuestra expresión de género”, declaró Portillo.
La educadora de ASPIDH aseguró que la falta de una Ley de Identidad de Género, imposibilita el acceso a empleo formal a personas trans.
Portillo ejemplificó la situación con personas que han terminado sus estudios, y dado a que en los documentos aparece con un nombre distinto a la expresión de género, les es negada la oportunidad de ser contratadas en el cargo, a pesar de tener las capacidades requeridas.
“Al momento de presentar un curriculum que dice sexo masculino, pero con una fotografía que no coincide con esto, el acceso al trabajo es negado aunque tenga todas las cualidades. También se dificulta el acceso a la salud porque muchas personas evitan las unidades de salud u hospitales, ya que es vergonzoso que al momento de ser atendidos sean llamados por el nombre de un hombre, y se evidencia que es una persona trans”, explicó Portillo.
Para la representante de ASPIDH, con la aprobación de una Ley de Identidad de Género se podría regular que las personas trans reciban la misma atención que el resto de personas. “Por ejemplo en educación es un tema bastante delicado, porque lo basamos en el género, es decir, en lo masculino y femenino, y por eso son expulsados del sistema educativo, solo el 83 % de las mujeres trans del país termina la educación secundaria”, dijo.
ASPIDH considera que una ley de género no eliminará todas las desigualdades que sufre la población trans, pero que al ser aplicada sería un precedente para que las personas trans tengan todas las garantías que el Estado brinda a los ciudadanos.
“Por una persona trans que hubiese en el país, el Estado es responsable de garantizar sus derechos independientemente de raza, ideología, género, por eso no es cuestión de a cuántas personas se va a beneficiar ya que el derecho a la identidad es un derecho fundamental”, argumentó Portillo.
La aplicación de la ley de identidad de género posibilitaría el cambio de nombre, sexo y género en los documentos de identidad de las personas trans. La propuesta discutida en la Asamblea Legislativa establece los requisitos que se deben de cumplir para hacer los cambios en los documentos.
Portillo consideró que en el país es la falta de voluntad política la que impide la discusión de la propuesta de ley de identidad presentada en la Asamblea Legislativa. “Vivimos es un país que es conservador ante estos temas, no le dan la seriedad debida al tema. Es por falta de voluntad política, además de que el tema LGBTI lo ven en el contexto electoral, porque previo a una elección invitan a la población LGBTI pero al momento de asumir el cargo las políticas se quedan en el pasado, en algo que se habló pero que no se implementa”, afirmó.
Al respecto, la diputada del FMLN, Audelia López lamentó que los diputados de derecha tengan una actitud de “satanizar” lo relacionado con las personas LGBTI, y en este caso con el derecho a la identidad de las personas trans.
“Es una cuestión básica de derechos humanos, todos tenemos derecho a que se nos llame, se nos hable y a tener el nombre con el que nos sentimos bien, es un tema de derechos reconocidos por Naciones Unidas.
Sin embargo, los diputados de derecha no han expresado voluntad porque se pueda discutir el tema seriamente”, aseguró López.
La legisladora también se refirió al incremento de hechos de violencia cometidos en contra de población LGBTI, al respecto dijo que es necesario buscar soluciones oportunas y radicales, porque “el problema no es solo que se están dando los asesinatos con lujo de barbarie, sino también es que no hay investigación del crimen, ¿Cuántos casos han sido resueltos o judicializados? Parece que se les ve como salvadoreños de segundo grado”.
