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Por David Alfaro
Mientras la ministra de Economía presenta ante la Asamblea la flamante «Ley de Mercados Nacionales y Locales Comerciales ubicados en Espacios Públicos», los salvadoreños que viven del comercio ven el verdadero propósito de esta iniciativa: una herramienta para reordenar el país según los intereses del clan Bukele y sus aliados empresariales. No es una ley para mejorar el comercio, es una estrategia de despojo institucionalizado.
El Ministerio de Economía ha sido claro: «la ley no tocará los Agromercados ni las Centrales de Abasto. ¿La razón? Porque son operados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, un feudo controlado por el círculo de confianza de Bukele. Ahí es donde se mueven los grandes volúmenes de productos, los contactos empresariales, los márgenes jugosos. Excluir estos espacios no es un descuido: es una protección deliberada a los negocios gubernamentales turbios que ya operan ahí.
¿A quién sí afectará esta ley? A los comerciantes mayoristas e independientes que no están dentro de esa red de favores. La Dirección de Mercados, que se creará con esta ley, tendrá poderes amplísimos: podrá arrendar puestos, fijar tarifas, imponer multas y hasta expulsar a vendedores. Es decir, los comerciantes estarán bajo el control absoluto de un aparato centralizado que responde directamente al Ejecutivo.
Esto es más grave de lo que parece. Golpe a la autonomía municipal: el desmantelamiento silencioso del poder local.
Históricamente, los mercados han sido administrados por las alcaldías. Este modelo, con todos sus defectos, permitía que las comunidades locales tuvieran cierta autonomía sobre sus economías. Ahora, la creación de una Dirección Nacional rompe con eso. Es un proceso de recentralización del poder, otro paso más en la construcción del hiperpresidencialismo autoritario Bukeleano.
Al quitar a los gobiernos locales el control de los mercados, la dictadura asesta un golpe directo a la democracia municipal y abre el camino para suplantarla con operadores del Ejecutivo.
-Privatización disfrazada de orden
Otro aspecto preocupante es el poder que tendrá la nueva Dirección para «administrar» los mercados. En la práctica, eso puede significar concesionar puestos o mercados enteros a empresas privadas afines al régimen. Primero, sacan al comerciante informal con excusas de salubridad o regulación. Luego, se arriendan esos espacios a cadenas, testaferros o nuevos actores empresariales amigos del poder. Todo bajo la etiqueta de modernización o eficiencia.
Se trata de una privatización encubierta del comercio popular, sin debate, sin transparencia y sin defensa para los afectados.
Al centralizar todo en una Dirección bajo el control del Ejecutivo, la dictadura se otorga un nuevo instrumento para castigar selectivamente a quienes no se alineen. Basta una multa, una revocación de permiso o una reubicación arbitraria para hacer quebrar a cualquier comerciante incómodo. Ya lo hemos visto en otros sectores: la economía también se ha convertido en un campo de represión política.
Conclusión: una ley contra el pueblo, disfrazada de progreso
Esta no es una ley para mejorar los mercados. Es una ley para controlarlos y eliminar a quienes no estén dentro de la estructura de poder. La exclusión de los agromercados, el desmantelamiento de la autonomía municipal, la puerta abierta a la privatización y el uso represivo de la ley revelan que el verdadero objetivo es convertir el comercio nacional en un monopolio político disfrazado de orden público.
Es otro episodio más del régimen de Bukele: apropiarse de todo, mientras promete que es por el bien del pueblo.
La ley afectará tanto a los mayoristas independientes como a los minoristas de mercados públicos, quienes quedarán bajo control estatal, mientras los operadores aliados del gobierno en agromercados y centrales de abasto seguirán exentos de regulación.
