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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El exprocurador de los derechos humanos, David Morales manifestó que la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por los diputados de ARENA y PCN, y vetada por el presidente Nayib Bukele -la semana pasada- tiene algunos avances en cuanto a la reparación de las víctimas, pero mantiene mecanismos de impunidad a favor de los victimarios.
“Los diputados escucharon la crueldad que se aplicó cuando se perpetraron estos crímenes y el daño que tenían las víctimas. Les consta que fueron crímenes de lesa humanidad y tomaron la decisión -a pesar de eso- pagando el costo político que fuera, 44 diputados, aprobar una ley de impunidad”, dijo Morales
Es el quinto o sexto borrador que generaron los diputados, la constante en todos estos borradores ha sido introducir imposiciones, que aseguren o garanticen impunidad, recalcó Morales, evadir las penas de aquellos que fueron responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos, expuso el exprocurador.
En contraste, señaló, que casi un centenar de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos presentaron en mayo 2019, una iniciativa de ley que se adecuaba de mejor manera a los estándares presentados por la Sala de lo Constitucional, que fue acompañada por el diputado Juan Martell. La propuesta era para que fuera debatida en la Asamblea, pero el proyecto no fue tomado en cuenta por los legisladores.
“Únicamente tomaron fuerza los propuestas de los diputados”, lamentó Morales, y agregó que si bien es cierto que la recientemente aprobada Ley de Reconciliación tiene en una de sus partes de reparaciones a las víctimas algunos puntos positivos, no explica por ningún lado la manera en que estas reparaciones serán sostenidas financieramente en el tiempo.
“Proponen una presupuesto inicial de $10 millones de dólares”, dijo el abogado, pero ve con preocupación que luego queda en el aire sin sostenibilidad. “Esta sería una falencia de la ley aprobada; además que no llegó a constituir un verdadero sistema de reparaciones desde el Estado”, opinó el exprocurador.
En está parte, algo tiene a favor, dijo el exfuncionario, pero por otra parte siempre buscan la manera que la impunidad continúe. Por ejemplo, hay un mecanismo para evitar que los casos lleguen a ser judicializados, esto a través de plazos no razonables que se le imponen a la Fiscalía General de la República para que investigue los casos.
Con ese mecanismo de la ley, la fiscalía estaría archivando en un lapso de un año y medio los casos. “Entonces, no es un mecanismo de facilitación de la justicia, ni siquiera es igual a lo que establece la ley ordinaria procesal penal; es un mecanismo que va a generar archivos de casos y que estimula la pasividad del fiscal”, analiza Morales.
Existen, además, disposiciones que evitan el cumplimiento de las penas. Por un lado, existen condiciones mínimas, sin verificación. Con un pedido de disculpas se puede reducir a un cuarto la pena; hay otra disposición que permite que las penas se conmuten, reducción de pena y otras cosas que no deberían de estarse legislando en crímenes de lesa humanidad, cuestionó.
“Criterios muy abiertos como edad, salud y similares”, con esto pueden suspender la pena. Según Morales, la pena es importante en el tema de la justicia porque se está hablando de atrocidades y matanza de civiles.
El activista de derechos humanos puso como ejemplo el caso de El Mozote, “donde se exterminaron más de quinientos niños, niñas y adolescentes, y el mensaje del Estado es que no debe de haber penas por exterminar a estos quinientos niños y niñas”, cuestionó en la entrevista Frente a Frente.
Según Morales, podrían haber reducciones de penas, pero no con relación a la víctima no del victimario, y esto vendría a redundar en que habrían juicios simulados, neutralizar la justicia en violencias tan graves no corresponde ni a los estándares constitucionales, ni del derecho internacional, ni al derecho interno, sostuvo.
La ley fue vetada por inconstitucional y ahora será la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que definirá si cumple con los parámetros que estableció en 2016, cuando dio un veredicto donde derogaba la Ley de Amnistía y establecía tres años a los diputados para crear una Ley de Reconciliación y reparación para las víctimas del conflicto.
Morales dijo que el manejo que se está haciendo de la ley que vendría a compensar de alguna manera todos los asesinatos en el marco de la guerra, en su mayoría cometidos por militares ha sido inadecuado. El abogado no cree que la ley supere el veto del presidente, por lo que pasaría al archivo de la Sala de lo Constitucional y al final las víctimas siguen sin tener justicia.
“El sector perjudicado con este manejo inadecuado y además atentatorio de Derechos Humanos en algunas disposiciones que hizo la Asamblea, obviamente son las víctimas que siguen esperando una ley, que siguen sin reparación y siguen sin una regulación que les permita dignificar un poco después del daño que han sufrido su vidas”, expresó el exprocurador.
De acuerdo a Morales, los diputados jamás expusieron sus proyectos de ley ante las víctimas ni ante las organizaciones que los representaban, no hubo un diálogo ni debate sobre los contenidos de la ley, las víctimas no han sido escuchadas. Algunos puntos fueron tomados en cuenta, pero no tienen cómo financiarlos, no dice de dónde.
Nosotros proponíamos que se sacara de la telefonía, extinción de dominio, el mismo impuesto sobre la gasolina, que fue un mecanismo que ya ha usado la Asamblea, por ejemplo, para crear el fondo de los veteranos de guerra, explicó el abogado y añadió que aunque se aprobara la ley, no tendría financiamiento.
