Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Yaneth Estrada
@caricheop
Luego de presentar un borrador, elaborado el diputado Rodolfo Parker, del PDC, dentro de la comisión Ad Hoc para una ley de reconciliación nacional, expertos en derechos humanos la rechazaron por considerar que es una “amnistía encubierta”.
Cristosal denunció que “en realidad es un amnistía encubierta, planteada por funcionarios señalados en la Comisión de la Verdad, cuyo único objetivo es perpetuar la impunidad en crímenes de lesa humanidad y la comisión Ad Hoc es una clara muestra de cómo funciona la justicia”.
La institución especializada en derechos humanos afirmó que “con este documento se busca un reemplazo de la ley que permita a los criminales de guerra evitar la cárcel, es una idea que tiene apoyos legislativos. ARENA, que siempre ha apoyado una postura de perdón y olvido y el FMLN, otrora detractor de la amnistía”.
Advirtió que de concretarse esta ley estaría la posibilidad de entorpecer los inicios, pero inéditos esfuerzos, de la FGR para investigar las violaciones a los derechos humanos acaecidos durante el pasado conflicto armado (1980-1992), así como tribunales que han reabierto diversas causas judiciales, por lo cual, llamó a la ciudadanía a estar pendiente de este tema.
Falta de transparencia
David Morales, exprocurador para la defensa de los derechos humanos, criticó en redes sociales al coordinador de la comisión Rodolfo Parker, por el poco acceso para conocer el documento y porque aunque pidieron audiencia, no tuvieron respuesta.
“El borrador que ahora conocemos vulnera los derechos humanos, promueve juicios simulados, manipula el derecho internacional, protege represores y anula en la práctica la reparación integral”, dijo el abogado.
Morales agregó que “un borrador a espaldas de las víctimas, por diputados que se beneficiaron de la amnistía y que en un proceso excluyente pidieron opinión de abogados pro impunidad, preparan una nueva ley de amnistía encubierta contra las víctimas”.
José María Tojeira, director del IDHUCA, recalcó que “algunos piensan que son buenos para hacer leyes de reconciliación por estar señalados en violaciones a los derechos humanos. Siguiendo esa lógica habría que poner a los corruptos a presentar leyes contra la corrupción. Parker y compañía debería ampliar su amnistía a los corruptos”.
Benjamín Cuéllar, experto en derechos humanos, aseveró en una entrevista a un medio de comunicación que “están decretando una ley de amnistía absoluta e incondicional, cosa que no es aceptable. Primero, porque no existe, es decir, esto es algo para los valientes para los que respetan las leyes, no para los cobardes que matan mujeres, niños, niñas, sacerdotes, curas, religiosas, esos se deben someter al imperio de la ley“.
Para Cuéllar no se tiene que decretar una nueva amnistía, porque con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, del 13 de julio de 2016, se revivió la ley de reconciliación nacional decretada en 1992, donde no había amnistía absoluta e incondicional.
Los antecedentes
La Comisión Ad Hoc para la elaboración de la ley de reconciliación nacional fue instalada, por la Asamblea Legislativa, el 14 de junio de 2018, debido a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la ley de amnistía general.
Dicha comisión está integrada por los diputados Rodolfo Parker del PDC, Mauricio Vargas, de ARENA; Nidia Díaz, del FMLN; el coronel Antonio Almendáriz, del PCN y Juan Carlos Mendoza, de GANA.
Sin embargo, todos están implicados en casos de violaciones a derechos humanos, por lo que FESPAD, IDHUCA, PROBUSQUEDA y Cristosal presentaron una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) porque “existe un conflicto de intereses”. En el caso del diputado Rodolfo Parker, coordinador de dicha COMISIÓN, fue señalado por la Comisión de la Verdad (el informe de la Comisión de la Verdad fue publicado el 15 de marzo de 1993) de encubrir a los altos mandos del Estado Mayor de la Fuerza Armada salvadoreña acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de los jesuitas.
Parker eliminó de las transcripciones -que se le ENTREGARON al juez del caso- la parte en la que ellos confesaron que el coronel Guillermo Alfredo Benavides, uno de los capturados el 5 de febrero, les dijo que había luz verde del Estado Mayor para asesinar a los jesuitas.
Mientras que el general Vargas, ahora diputado de ARENA, fue excompañero de los máximos representantes de “La Tandona“, una generación de la Fuerza Armada señalada por graves violaciones a derechos humanos y que él comandó durante los últimos años de la guerra, entre otros casos.
También adversa a Nidia Díaz, quien a pesar de estar prisionera, la adversa por haber sido del PRTC, una organización que la vinculan con una acción militar en 1985 en la Zona Rosa, donde fueron atacados asesores militares y miembros de la CIA de los Estados Unidos.
Debe estar conectado para enviar un comentario.