Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Las Juntas de Aguas Rurales que conforman la Mesa Territorial de Morazán exigieron que se les reconozca y que no se les cobre por el uso del agua que está establecida en la Ley de Recursos Hídricos que será aprobada por la bancada oficialista en los próximos días. Tal como está la plasmado en el proyecto de ley enviada por el presidente Nayib Bukele, las juntas de aguas son catalogadas como empresas.
Las juntas de agua de Morazán manifestaron que la Ley de Recursos Hídricos viene a dejar todo el trabajo que se ha hecho en años anteriores, ya que como juntas de aguas rurales han suministrado a sus poblaciones dicho líquido vital sin algún interés lucrativo. Según el Foro del Agua, actualmente en El Salvador existen más de 2,500 juntas de agua potable rurales y urbanas que en total abastecen a 1.4 millones de personas, equivalente a cerca del 25% de la población salvadoreña. Aseguran que esta es una obligación del Estado que “históricamente” ha sido abandonada, excluyendo la zona rural de las políticas públicas de agua potable y saneamiento, por lo que la necesidad ha obligado a que el abastecimiento rural sea asumido por las propias comunidades y las ONG con fondos del gobierno en algunos casos, pero principalmente de la de la cooperación internacional, expusieron en su comunicado de prensa.“Nos sentimos vulneradas, ya que somos nosotros quienes hemos garantizado agua de calidad para nuestras comunidades”, expresó Silvia Argueta, representante de las Juntas de Agua de Morazán. Argueta agregó que la ley que está armando la bancada de Nuevas Ideas las “atan” de manos, ya que les cobrarán un impuesto que no está en sus planes, ya que las juntas de aguas presentan un estrés económico e hídrico, esto no ayuda, sostuvo Argueta.
Denunciaron también que las juntas de agua potable estarán obligadas al pago de un canon; esto en consecuencia generaría un incremento en la tarifa de los consumidores y las mayormente afectadas serían las familias más empobrecidas.
Agregó que la sociedad civil, “la más pobre”, es la que se ve vulnerada y la que tiene que pagar estos impuestos. “No estamos de acuerdo que en algunos artículos se nos tome en cuenta como abastecedoras de agua, como otras empresas grandes y nosotros realmente no estamos en esa capacidad”, manifestó Argueta.
“Desde 1998 que nos volvemos administradoras, las juntas de aguas hemos hecho ese trabajo (de abastecer el agua) y actualmente estamos aglutinadas en Morazán más de 25 juntas de aguas y todas enfrentaríamos ese problema, no hay justicia, no hay equidad”, detalló Silvia Argueta.
Denunciaron que a las empresas se les da un permiso de extracción de agua de hasta 15 años y a las juntas solo se les autoriza 5 años para extracción de agua.
“No es justo, como comunidades de Morazán, mujeres, administradoras de agua y beneficiarios, no consideramos que eso nos viene ayudar”, detallaron las juntas.
Por tanto, exigieron una Ley que favorezca a las comunidades, y que sea un instrumento para la lucha contra los abusos de la oligarquía.
