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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Foro Nacional del Agua junto a Ecos El Salvador y la Campaña Ciudadana “Salvemos Valle El Ángel” denunciaron que la Ley de Recursos Hídricos aprobada por la bancada de Nuevas Ideas, “profundiza los procesos de injusticia hídrica robo y despojo del agua en las comunidades”.
Las organizaciones que por años han luchado para tener una ley de aguas, afirmaron que la comisión ad hoc que estudia el anteproyecto de Ley de Recursos Hídricos, solamente los utilizó como estrategia para alardear que hubo una consulta ciudadana. Más no así para incorporar, las necesidades y propuestas de la gente. “Lo que estamos pidiendo es que se apruebe una herramienta para la lucha contra la justicia hídrica”, resaltó Dalia González.
González, quien es parte del Foro del Agua, dijo que tal como está la ley “únicamente favorecen los intereses de los grupos económicos. Esta ley mantiene el espíritu del anteproyecto de ley que presentó el Gobierno en junio de este año”, es decir, “no se han incorporado las propuestas de las organizaciones en su mayoría”, resaltó.
Dijo que la ley tal cual como está, avala los abusos e ilegalidades de las empresas e industrias que hoy por hoy no son permitidos, pero “estos actos los va a hacer derechos de las empresas”, alertó.
González puso de ejemplo los convenios que se han suscrito en ANDA en favor de la familia Poma y Dueñas para construir proyectos urbanísticos en Valle El Ángel, que dichos convenios los sigue suscribiendo el actual gobierno. Dichos convenios otorgan aproximadamente 25 millones litros de agua al día a los Poma y Dueñas, a pesar de que en las comunidades atraviesan una escasez hídrica.
Con dicha cantidad de agua que se les dan a las familias de la élite del país, se podría abastecer de agua a Apopa, Soyapango, Cuscatancingo, Nejapa e Ilopango, por lo tanto, la Ley de Recursos Hídricos que la comisión ad hoc ya aprobó el articulado “es una injusticia hídrica”.
Lo que debería quedar establecido en la ley es la claridad y transparencia de los convenios suscritos entre el Gobierno y las empresas por petición de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que sería el ente rector del vital líquido, y esta nueva autoridad debería ser la encargada de autorizar nuevos permisos y convenios. Sin embargo, la Ley de Recursos Hídricos “sigue manteniendo estos convenios que lo único que hace es profundizar una injusticia hídrica”, comentó González.
Las organizaciones denunciaron que a las Juntas de Aguas las pone en la misma situación que las empresas. “Les impone un canon y solo les otorga permisos para 5 años a las Juntas de Aguas a pesar de no tener un fin lucrativo (mientras) que a las empresas les otorga autorizaciones hasta para 15 años. cómo es posible que a la gente que hace esta gestión sin un fin lucrativo sí les impone un canon”, cuestionó Dalia González.
Agregó que la ley también niega la participación ciudadana por no reconocer las Juntas de Aguas y tampoco reconoce los comités de cuencas que son espacios donde tienen participación la ciudadanía.
Esto sucede en el marco de la aprobación del articulado de la ley, donde quedó establecido lo que las organizaciones denunciaron. En los próximos días se prevé que haya un dictamen favorable para que pase al pleno legislativo.
